Luego de que ayer, en sesión maratónica de más de 12 horas, el Senado de la República aprobara la extinción de los fideicomisos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo presentaron datos por los que argumentan que esos mecanismos no funcionaban para la causa que fueron creados. Unos de los más importantes que se expusieron fue la revisión de la ASF a fideicomisos operados en el último año del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- De 80 auditorías realizadas a los fideicomisos activos en 2018, el último año de la administración federal de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió a las autoridades 97 acciones referentes a una mala rendición de cuentas, incumplimientos en los procesos para disponer y aplicar los recursos e incumplimiento en los procesos de adjudicación de contratos, así como fallas en la ejecución de éstos.
Este documento de la ASF fue presentado ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, luego de de las protestas que surgieron contra legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y contra el el propio Gobierno de la llamada 4T, por aprobar la extinción de 109 fideicomisos.
“Primero, quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores, tanto a diputados como a senadores, porque se aprobó la Ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin trasparencia, sin control, en los que había discrecionalidad, es decir no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios, inclusive denuncias, de corrupción por el mal manejo de esos fideicomisos”, dijo el Presidente.
“A veces es necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefinición. La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción. Así de claro”, agregó López Obrador.
Jorge Nuño Lara, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó el documento de la ASF y destacó cinco elementos del informe: falta de elaboración de estudios de mercado en los procedimientos de adjudicación directa de los contratos de obra y servicios; falta de entregables por parte de los proveedores que ampare el cumplimiento de las obligaciones del contrato; no se dio seguimiento a la ejecución de los trabajos; deficiencia en la elaboración de los convenios modificatorios y falta de formalización de las actas de finiquito, así como deficiente planeación y programación e incumplimiento de los objetivos de los proyectos.
Del documento que revisa la situación de estos organismos en el último año de la administración de Peña Nieto, el popularmente llamado por los mexicanos «Año de Hidalgo», emanan resultados como la quiebra en la que operaban los fondos de protección a víctimas; de cómo desde el mismo Gobierno federal no se cumplió con el pago de los derechos obrero patronales y cómo no se reintegró a la Tesorería el dinero de las acciones que no se realizaron.
LOS HALLAZGOS DE 2018
-“Fideicomisos para los Derechos Humanos” a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob)
Sobre el Fideicomiso fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la ASF encontró que en 2018 había recursos insuficientes para atender a cabalidad los casos que se tienen ya establecidos más los nuevos que se presentaran.
“De las disponibilidades por 48.8 millones de pesos que se tuvieron al cierre de 2018, 42.6 millones de pesos se encuentran comprometidos, por lo que se tendría una disponibilidad real de 6.3 millones de pesos”, expone el documento.
Del personal contratado que conformó dos direcciones generales adjuntas y una dirección de área, no se acreditó que contara con el tiempo de experiencia, estudios y demás elementos que se establecen en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para otorgar los servicios, el fideicomiso formalizó un contrato con RCU, los cuales consistieron en la instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otros. Respecto de la adjudicación del prestador de servicios RCU, la Segob no cumplió con los criterios establecidos en la normativa para efectuar las adjudicaciones directas
-Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos
Al cierre del ejercicio 2018, el fondo registró un monto comprometido por 19.5 millones de pesos, por lo que la disponibilidad real al inicio del ejercicio de 2019 fue de 26.5 millones de pesos, lo cual también lo limitó para atender cabalmente sus fines.
Durante 2018 se atendieron y revisaron 30 resoluciones, sin embargo los beneficiarios manifestaron haber tenido diversas fallas de los equipos de asistencia con aplicación de localización para Sistema de Reacción Inmediata (celular con botón de pánico), así como deficiencias en el seguimiento y atención por parte de los servidores públicos de la Segob respecto de asuntos irregulares reportados por los beneficiarios.
-Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda, efectuada al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
Para el ejercicio 2018, el FONHAPO contó con un presupuesto de 2 mil 802.7 millones de pesos, para realizar 133 mil 376 acciones de vivienda, de las cuales 25 mil 883 acciones no se concluyeron. El costo de esas acciones no cumplidas fue por 567.4 millones de pesos que no se devolvieron a la Tesorería de la Federación.
-“Gestión Financiera de ProMéxico”, efectuada a ProMéxico.
Del procedimiento de adjudicación para la contratación de personal por outsourcing, en 2018, fue seleccionado el proveedor SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. de R.L. de C.V. (SITAH), en participación conjunta con otras empresas y se identificó que en los últimos cinco años, el servicio fue adjudicado a un mismo grupo de cinco empresas.
ProMéxico no contó con una evaluación de la capacidad económica y financiera de las empresas adjudicadas, pero de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la ASF, se identificó que las empresas contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing en 2018 no realizaron los enteros de cuotas obrero patronales mensuales del IMSS.
-Fideicomiso “Derechos Mineros” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
En este fideicomiso, la ASF detectó que se reportaron ingresos por 3 mil 971.2 millones de pesos y egresos por 4 mil 935.5 millones de pesos, pero esas cantidades no correspondían con los 163.8 y 223 millones de pesos, respectivamente, que son los montos de las operaciones efectuadas en 2018.
Tampoco entregaron información detallada de los ingresos mediante reintegros y rendimientos obtenidos por los estados y municipios y devueltos al fondo.
-Fideicomiso “Gestión Financiera” del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En la normativa del Fonatur no se tiene previsto dar seguimiento a las propuestas de acciones públicas en materia turística, ni a los proyectos detonadores con potencial turístico para su inversión y ejecución entregados a los gobiernos estatales y municipales, por lo que desconoce si al menos se ejecutaron.
-Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
La CEAV reportó los ingresos, rendimientos y egresos de forma acumulada de 2015 al 2018, lo que no permitió conocer el resultado de las operaciones del ejercicio que se reportó, lo que ocasionó que las disponibilidades finales de 2015 a 2017 no coincidieran con las disponibilidades iniciales de 2016 a 2018.
En 2018, el saldo inicial reportado fue de mil 508.8 millones de pesos, cifra mayor en 195.7 millones de pesos a la consignada en el saldo final del ejercicio 2017 por mil 313.1 millones de pesos.
El FAARI registró ingresos por 19.10 millones de pesos, provenientes de bienes decomisados en procesos penales federales, monto que no corresponde por 0.03 millones de pesos con los 19.13 millones de pesos transferidos el 25 de septiembre de 2018 por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuyo depósito no fue identificado durante ese ejercicio.
– Fideicomiso “Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria” a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Se reportaron 496.5 millones de pesos como erogaciones, monto que difiere en 245.9 millones de pesos, respecto de los recursos erogados ese año por 742.4 millones de pesos.
Además, la SCT no acreditó haber realizado los procesos de adjudicación de tres contratos.
-Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda, efectuada al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
Para el ejercicio 2018, el FONHAPO contó con un presupuesto de 2 mil 802.7 millones de pesos, para realizar 133 mil 376 acciones de vivienda, de las cuales 25 mil 883 acciones no se concluyeron. El costo de esas acciones no cumplidas fue por 567.4 millones de pesos que no se devolvieron a la Tesorería de la Federación.
