El debate sobre la marihuana se reactivó en el Congreso mexicano este mes, cuando el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa de ley, que se sumó a la de Olga Sánchez Cordero, actual titular de la Secretaría de Gobernación, y a la jurisprudencia que estableció hace un año la Suprema Corte que considera inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.
La Anicann también estima que el Gobierno mexicano podría recaudar en impuestos hasta 400 millones de dólares anuales y que los agricultores podrían percibir más de tres mil dólares por cada hectárea cultivada.
México, 22 de octubre (EFE).- Empresarios mexicanos están «optimistas» ante el próximo «boom de la economía verde» que traería la legalización de la marihuana, que se discute en el Congreso, por las oportunidades que representa para la industria y el campo del país, expresan este martes especialistas consultados por Efe.
Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (Anicann), prevé que la regularización de la marihuana se aprobará en breve, por lo que él calcula que, en enero de 2021, se activaría un mercado potencial de cinco mil millones de dólares anuales.
Por esa razón, expone, hace un año surgió la Anicann, que ahora agrupa a 200 empresarios listos para invertir, en cuanto se legalice, en el cultivo, la medicina y la industria del cannabis en México, donde hay potencial en todo el país para producir hasta tres veces más cosechas que las de Estados Unidos y Canadá.
«Esa competitividad, en un mercado como el que se viene, nos puede volver punta de lanza a los mexicanos en una nueva economía verde. A nosotros nos gusta pensar que México se va a convertir en el principal productor de patentes canábicas en el mundo», afirma el representante del sector.
El debate sobre la marihuana se reactivó en el Congreso mexicano este mes, cuando el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa de ley para fundar una empresa estatal, llamada Cannsalud, que ejercería el monopolio del comercio en el país, además de un impuesto especial del 12 por ciento que se destinará a programas sociales.
Esta propuesta se suma, entre otras, a la de Olga Sánchez Cordero, actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a la jurisprudencia que estableció hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que considera inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.
Nieto ve positivas las actuales propuestas, pues considera que lo importante es establecer «reglas claras» y «piso parejo para todos», por lo que además pide crear un clúster del cannabis, donde la sociedad civil, empresarios y gobierno se unan para invertir en el desarrollo y la investigación de la planta.
«Es el nuevo oro verde. Hoy que estamos pensando en que ya no tenemos petróleo, pues debemos pensar en esto, que aparte es renovable. Cada 20 semanas un agricultor puede volver a sembrar», comenta.
El apoyo al campo es algo en lo que coincide Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, una asociación que ya realiza talleres en Ciudad de México para emprendedores que estén interesados en incurrir en la industria del cannabis con una perspectiva de justicia social.
«Queremos formar y cultivar una industria con conciencia, que está pensando bien las cosas, que quiere aportar a la sociedad a través de esta industria y que no sea nada más por las ganancias económicas. Creo que para los mexicanos es algo fácil de entender», manifiesta.
Ante el creciente número de iniciativas, Snapp sugiere que la legalización priorice a los productores nacionales, sobre todo en las zonas afectadas de forma desproporcionada por la «guerra contra las drogas», y que contemple tres vías de acceso a la planta: el autocultivo, el cultivo de asociados y un mercado regulado.
«Tenemos ciertas figuras jurídicas del sector social de cómo podemos privilegiar a ejidos, a propiedades comunales y a pequeños propietarios. Realmente esto lo estamos viendo como una de las acciones que van a ser necesarias para la construcción de paz y para la reparación del año», detalla.
Las organizaciones están luchando por combatir el estigma del consumo y la desinformación en torno a las propiedades de la planta, que tiene más de 100 compuestos, conocidos como cannabinoides, de los que no todos son alucinógenos, y que pueden aprovecharse y separarse para usos industriales y medicinales.
La Anicann calcula que en México solo hay cerca de 7.2 millones de consumidores lúdicos, pero que existe un potencial de 40 millones de personas que podrían utilizar de manera cotidiana un producto derivado del cannabis, como pomadas y medicamentos analgésicos.
La asociación también estima que el Gobierno mexicano podría recaudar en impuestos hasta 400 millones de dólares anuales y que los agricultores podrían percibir más de tres mil dólares por cada hectárea cultivada.
En América, la marihuana se ha legalizado a nivel nacional en Canadá y Uruguay en todos sus tipos de uso y en las distintas etapas de la cadena de producción y comercialización.
Además, su uso recreativo es legal en 11 estados y la capital de Estados Unidos, donde a nivel medicinal también es legal en 33 entidades y Washington, D. C., aunque a nivel federal todavía se penaliza.
Por otro lado, su uso médico está regulado, con distintas etapas de avance, en Argentina, Chile, Colombia, Perú y el propio México.
