En julio pasado, un mes después de la derrota del PRI en los gobiernos del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, el entonces Fiscal estatal Jorge González Nicolás anunció la llegada de Rafael Caro Quintero a disputar el narcotráfico a Cártel de Sinaloa y, por este motivo, un futuro recrudecimiento de la violencia en la ciudad fronteriza. La violencia, efectivamente, aumentó conforme se dio el cambio de Gobierno de la entidad, pero en la disputa no apareció Caro Quintero sino el propio González Nicolás, acusado por organizaciones de la sociedad civil de proteger a la delincuencia organizada durante el sexenio del priista César Duarte Jáquez y, desde el pasado 7 de octubre, nuevo jefe de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Juárez.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Había pasado un mes desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había perdido la elección por los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez cuando el conteo de homicidios de El Diario registró un drástico repunte: trece en tres días; siete de ellos el sábado 2 de julio; otros cinco el domingo siguiente.
La explicación que dio el abogado Jorge González Nicolás, entonces todavía Fiscal del Gobierno del priísta César Duarte Jáquez, incluyó al capo sinaloense Rafael Caro Quintero, quien estaría, dijo, por arribar a la entidad para disputar el negocio que a la fecha realiza ahí el Cartel de Sinaloa.
“Se ha establecido la posibilidad de una invasión que pudiera tener Chihuahua de uno de los narcotraficantes más conocidos del país, Rafael Caro Quintero”, dijo González Nicolás a los medios de Ciudad Juárez el 5 de julio, de acuerdo con El Diario.
“Tenemos información de que pretende venir para acá a disputar con el Cártel de Sinaloa parte de las acciones que ellos delincuencialmente realizan”, agregó el jefe policiaco.
Una manta colocada en un predio del sur de esa frontera ratificó días después la presunta amenaza y advirtió que empezaba una “limpia”.
“Le doy una semana a González Nicolás y elementos colaboradores para que pidan baja o si no los voy a hacer pedazos”, agregó el mensaje, sostenido a una malla ciclónica con listones color azul y firmado “atentamente (por) Caro Quintero”.
La violencia en esa frontera, efectivamente, se recrudeció entre los últimos meses del Gobierno de César Duarte, cuando los indicadores de la mesa de seguridad registraron un aumento de 38 a 51 casos entre junio y julio, y a 56 en agosto.
El conteo de El Diario sumó otros 55 casos en septiembre y, en la primera mitad de octubre, alrededor de las tomas de posesión del nuevo Gobernador panista Javier Corral Jurado y del nuevo Alcalde “independiente” de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, la violencia alcanzó niveles no vistos en la ciudad desde 2012: 52 asesinatos en 17 días, o un promedio de tres diarios.
El modus de los asesinatos, en lugares públicos –como restaurantes o bares–, delante de testigos o contra jóvenes reunidos en colonias populares, reconstruye también la impunidad de la actuación criminal de los años en los que la ciudad fue una de las más peligrosas de México.
Violencia que escaló mientras entre los dos nuevos gobiernos se generó una abierta disputa por el control de los cuerpos policiacos en el estado; sobre todo los de Ciudad Juárez, históricamente vinculados con el crimen organizado internacional.
En el centro del enfrentamiento no apareció el nombre de Caro Quintero, sino el de Jorge González Nicolás, acusado por organizaciones que apoyaron a Corral de haber desmantelado la vigilancia contra la delincuencia organizada en el estado y, el 6 de octubre pasado, nombrado por Cabada Alvídrez como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal en Juárez.
En ese contexto, cada Gobierno anunció en los días pasados el aumento de patrullajes armados en las calles de Ciudad Juárez; recorridos que, insistió la administración de Javier Corral, serían al margen de la nueva administración del municipio fronterizo.
“Se trabajará en patrullaje, con el Ejército, pero no se compartirá información con jefes policiacos del Municipio de Juárez, porque no hay confianza con los jefes de la Policía Municipal”, dijo a este diario digital el vocero de la nueva administración estatal, Antonio Pinedo.
“BASTIÓN DE DUARTE”
El nombramiento del ex Fiscal de Duarte Jáquez como nuevo jefe de seguridad en Juárez fue reprobada de inmediato por el nuevo Gobernador Corral Jurado, quien basó su campaña en la oferta de castigar los casos de corrupción de la anterior administración estatal priísta.
Los grupos de la sociedad civil que lo apoyaron, aglutinados como Alianza Ciudadana, demandaron también la remoción del nuevo mando policiaco fronterizo e incluso hubo fracturas en la organización juarense Mesa de Seguridad, donde hay empresarios que apoyan a González Nicolás y activistas que hoy trabajan con Corral.
De acuerdo con Hugo Almada, investigador académico, ex integrante de la Mesa de Seguridad y ahora Subsecretario de Desarrollo Social del nuevo Gobierno estatal, la discrepancia se generó a partir de los diferentes resultados del trabajo de González Nicolás, ya que si bien durante su gestión descendieron los asesinatos en Juárez, no ocurrió lo mismo en otras regiones de Chihuahua, sobre todo en las zonas de la sierra y el noroeste.
“En todo el noroeste del estado su gestión es muy criticada; es acusado incluso de proteger a grupos de la delincuencia organizada; entonces, es polémico en estos momentos y, sin dudar de sus méritos, representa una situación complicada dada la salida del Gobernador Duarte y la estela de corrupción que deja”, dijo Almada en entrevista el pasado viernes 14 de octubre.
Pese a las críticas, González Nicolás fue ratificado por el Cabildo, entre quienes se habría informado que, en un contexto de aumento del trafico de la droga sintética conocida como cristal o metanfetamina, la llegada del funcionario contaba con la aprobación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal.
“Los nombramientos posteriores confirman la intención de construir en la lastimada frontera un bastión de César Duarte oculto en un alcalde independiente, y nos recuerdan el fatídico slogan ‘el poder es para poder’ que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”, denunció el colectivo Alianza Ciudadana, que apoyó la candidatura del panista Corral.
“Como Fiscal General, González Nicolás desmanteló importantes áreas de la institución, como la red de comunicación del C3, la cual fue financiada con fondos del Plan Mérida, esta estrategia permitía observar el comportamiento de grupos delictivos en todo el estado”, agregó el posicionamiento, difundido el pasado 17 de octubre.
El nuevo fiscal del estado, César Augusto Peniche Espejel –ex delegado en Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2010 y 2015, con sede en Juárez– atribuyó la violencia creciente a una disputa por el tráfico de cristal que había empezado en abril y que la Fiscalía anterior dejó crecer.
“No se implementaron las estrategias necesarias para contener esa ola de violencia”, dijo Peniche Espejel en Chihuahua el pasado martes 18 de octubre.
La mañana siguiente, los medios reportaron el asesinato de cinco personas del sexo masculino en el interior de una peluquería del suroriente de Juárez; entre ellos, publicó El Diario, Israel Rojas Rosales, de 28 años y custodio del penal estatal.
DE PODER A PODER
La normalidad con la que González Nicolás se refirió en julio a la presencia del crimen organizado en Ciudad Juárez no fue nueva.
Abogado, ex académico y ex titular de la defensoría pública en Ciudad Juárez, a su llegada a la Fiscalía declaraba que su responsabilidad no era contener a los grupos del narcotráfico, inevitables en esa frontera, sino su circulación y operación “aparatosa” en las vías públicas.
“Hoy no los matan en las calles cerrándoles los carros, y de carro a carro, sino que los esperan a que salgan de su casa allá por una colonia afuera y ahí les dan un tiro”, dijo en septiembre de 2014, en entrevista con SinEmbargo.
“Es menos aparatoso (el crimen) porque ellos no tienen la impunidad de la que gozaban antes”, agregó el funcionario entonces.
Felipe Calderón, quien en 2008 inició el despliegue militar en la ciudad presuntamente para combatir al crimen organizado, había declarado desde 2013 que el descenso en la violencia se debía a la su estrategia “holística” que combinaba el envío de tropas, la “reconstrucción” de los cuerpos policiacos locales y el programa de inversión social y participación comunitaria Todos Somos Juárez.
“Mandamos al Ejército y a la Policía Federal a restaurar la Ley y el orden y a proteger a la gente. Esto, junto con otros componentes de la estrategia, ha conducido a la reducción de la violencia y el crimen”, escribió Felipe Calderón en febrero de 2013, en un ensayo publicado por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.
González Nicolás, al frente del poder policiaco de Chihuahua, sostenía por su parte que los grupos criminales se mantenían en el estado.
“Seríamos ingenuos en pensar que se van a ir de Ciudad Juárez, de Chihuahua o del país”, dijo a este medio en la entrevista de 2014. “Al cártel como tal, necesitaríamos quitar a EU de donde está [para eliminarlo]. Si nos pudiéramos mover a Malasia, o estuviéramos enfrente de Finlandia, en lugar de frente a Estados Unidos, pues probablemente; pero mientras no, no. Y Chihuahua es frontera”, agregó.
Parte de un Gobierno cuyo titular tomó posesión advirtiendo que “el poder es para poder”, su llegada a la Policía Municipal de Juárez fue considerada por Alianza Ciudadana como una ratificación de esa política “que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”.
“LIGAS CRIMEN-GOBIERNO”
ADEMÁS:
En este contexto de aumento en la violencia, cambios de Gobierno, indicios de vinculación de cuerpos policiacos con el crimen organizado e impunidad, dice el activista Gabino Gómez, incluso una intervención de grupos políticos sobre los asesinatos es una hipótesis.
“Resulta muy sospechoso que, efectivamente, desde el triunfo de Javier Corral aumentan los delitos”, dice Gómez, dirigente de la organización El Barzón e integrante de la Alianza Ciudadana.
“Esto nos muestra la posibilidad de las relaciones y ligas que hay entre algunos ex funcionarios o funcionarios en otros lugares con los grupos criminales, que lo están provocando para generar el conflicto que se está dando, que existe, pero que en mucho ahora pueden estar generado. En los anteriores funcionarios hubo fuertes relaciones con los grupos que hoy lideran esos acuerdos o los fomentan”, agregó Gómez desde la capital del estado.
La falta de investigación policiaca, sin embargo, coincidieron los entrevistados, mantendrá sin esclarecimiento la violencia, como en los últimos años, en los que también se mantuvo el contexto que permite la operación del crimen organizado.
“Se están rotando las sillas, pero no están cambiando la política”, dijo Molly Molloy, analista sobre temas de la frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México.
“La situación de violencia se tranquilizó en los últimos dos años, pero el sistema no ha cambiado; el repunte es algo que podríamos esperar porque no han cambiado nada de fondo: la pobreza, la gente trabajando en las maquilas sin poder mantener a sus familias; un sistema en que los jóvenes buscan dinero de otra manera y que en muchos casos es el crimen organizado o el narcomenudeo el que los emplea”, agregó.
