A casi tres años del anuncio del Pacto por México, ¿se han cumplido, al menos en parte, esas promesas? La economía mexicana no atraviesa un buen momento. ¿Qué decir de las casas, la fuga del Chapo y OHL? Además de que las cifras oficiales sobre crimen contrastan con la realidad.
Por Lino González Veiguela
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo/diario.es).– ¿Ha cumplido el Presidente mexicano con las promesas de hacer frente a los grandes retos del país?
Ha comenzado el tercer curso político para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos, por tanto, en el ecuador de un sexenio que se inició con un acto de alto perfil político. El 2 de diciembre de 2012, un día después de la investidura de Peña Nieto, representantes de los principales partidos políticos mexicanos –PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecologista– firmaban en el emblemático Castillo de Chapultepec de la capital mexicana un acuerdo político de amplio espectro conocido como Pacto por México.
El sexenio de Peña Nieto comenzaba así con una gran promesa interpartidista para cambiar el país en tres pilares fundamentales: fortalecimiento del Estado y ampliación de participación democrática; mejora de la capacidad productiva de la economía; y lucha contra la inseguridad ciudadana. A casi tres años de aquel anuncio, ¿se han cumplido, al menos en parte, esas promesas? El nuevo curso político arrancaba a finales de agosto con la renovación parcial de su gabinete –siete nuevos ministros y otros cambios de altos cargos– y con el anuncio de diez medidas para hacer frente “a los grandes desafíos nacionales”.
RECORTES Y POBREZA
La economía mexicana no atraviesa un buen momento. Uno de los principales problemas es el bajo precio del crudo registrado en los últimos meses. Los ingresos por actividades petroleras suponen, según el Gobierno, un 18 por ciento de los ingresos públicos. El Ejecutivo prometió despetrolizar la economía, pero ha sido el mercado internacional el que ha impuesto una dolorosa despetrolización obligada.
La legislatura comenzó con la promesa de abrir el sector petrolero público a la inversión privada, algo inédito en la historia moderna del país. La primera ronda de subastas de campos de crudo no comenzó tan bien como se esperaba. Tras algunos cambios en el proceso de licitación, la segunda subasta ha ido un poco mejor.
Amparándose en esta reducción de ingresos por venta de oro negro, el Gobierno ha anunciado ya dos recortes importantes –en enero y en septiembre– para el presupuesto de 2016. Ascenderán a unos 13 mil millones de dólares: el 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país, que se suma a un plan de reducción de deuda que se sitúa en porcentajes similares.
Malas noticias para cualquier país, pero especialmente dramáticas en un lugar en el que, según datos oficiales, 2 millones de personas se han sumado en los tres últimos años a la población pobre ya existente: se calcula que unos 55 millones de personas son pobres en México, un 46 por ciento de la población (la pobreza extrema sí se ha reducido en estos tres últimos años, pero en un porcentaje ínfimo: pasando del 9.8 al 9.5 por ciento de la población).
Además, según la OCDE , México es el único país de América Latina que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza. También ha aumentado la desigualdad desde 2007: el 10 por ciento más rico de México concentra el 64.4 por ciento de toda la riqueza del país.
Si descartamos la inversión pública y los ingresos petroleros como motores de crecimiento para 2016, sólo dos pilares podrían mantener en pie la economía mexicana: las exportaciones y el consumo interno.
Empecemos por las malas noticias: el consumo interno está desacelerándose, a pesar de que la inflación está manteniéndose en un 3 por ciento. La lenta creación de empleo no ayuda a sostenerlo. Las (relativas) buenas noticias: la depreciación del peso podría ayudar a mantener las exportaciones no petroleras, sobre todo a Estados Unidos (siempre que al vecino del norte le vaya bien: es el destino del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas).
También preocupa una posible subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EU. El Gobierno mexicano ya ha rebajado las expectativas de crecimiento del PIB en este 2015, entre un 2 y un 2. 8 por ciento
CORRUPCIÓN: TRES CASAS DE LUJO Y UNA FUGA
“A lo mejor le voy a dar material a más de un caricaturista, pero el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, parámetros, límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia”, afirmó Enrique Peña Nieto el pasado junio en la sede del recién creado Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.
Esta institución, junto con otras creadas para luchar contra la corrupción, respondían al compromiso electoral del mandatario: incrementar las garantías legales para fiscalizar las acciones de las administraciones. Al menos, sobre el papel.
Los tres años del gobierno de Peña Nieto han estado marcados, sin embargo, por tres grandes casos de corrupción político-empresarial que han afectado al propio Presidente, a uno de sus ministros y a su partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el caso relacionado con Peña Nieto, un medio publicó que su lujosa mansión en un exclusivo barrio de México DF había sido comprada a uno de los empresarios más ricos del país, que dirige el Grupo Higa. Grupo empresarial que ha conseguido numerosos contratos públicos en los últimos años. La mujer del Presidente mexicano salió en defensa de su marido aduciendo que la casa –valorada en 7 millones de dólares– la había pagado ella, con el dinero que había ganado como famosa actriz de telenovelas.
Meses después se supo que tanto una segunda residencia de Peña Nieto como otra segunda residencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, ambas lujosas, habían sido compradas a otro importante empresario, Roberto San Román Widerkehr.
Videgaray había comprado la casa siendo ya Secretario, mientras que el actual Presidente mexicano la compró poco después de ser elegido Gobernador del Estado de México.
Las empresas de San Román, que hasta esa fecha no habían ejecutado ningún contrato público, lograron ganar varias licitaciones públicas mientras Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México por un valor de unos 100 millones de dólares. Hace unas semanas, la comisión encargada de investigar estos supuestos conflictos de intereses dictaminó que no se habían cometido irregularidades ni por parte del Presidente ni por parte de Videgaray. La comisión había sido nombrada directamente por el Ejecutivo.
El último gran escándalo conocido de corrupción político-empresarial ha afectado a la filial mexicana de la empresa constructora española OHL.
En varias grabaciones telefónicas conocidas hace unos meses, directivos de esta compañía discutían el pago de viajes a altos cargos del Estado de México. OHL está construyendo dos grandes obras en el Estado: el Viaducto elevado Bicentenario y las autopistas del Circuito Mexiquense. La empresa ha negado las acusaciones. También se ha sabido que los sobrecostes de las obras llevadas a cabo por OHL son enormes: hasta la fecha, un 433 por ciento en el caso del Circuito Mexiquense, y estamos hablando de una obra sin terminar.
La corrupción derivada de la excesiva cercanía entre empresarios y gobernantes viene a sumarse a la del crimen organizado. Si el ex Presidente Vicente Fox Quesada pasará a la historia por ser Presidente mexicano cuando el narcotraficante Chapo Guzmán se fugó de su primer penal de máxima seguridad, Peña Nieto lo hará por haber estado en el poder cuando el Chapo se fugó por segunda vez.
Hace pocos días se detenía a varios funcionarios de prisiones: el tiempo y las investigaciones –de producirse– dirán si las responsabilidades llegan hasta más arriba.
Aunque el caso más emblemático –no el único– de la descomposición institucional de México ha sido la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Iguala. Las autoridades federales han intentando falsear en reiteradas ocasiones lo ocurrido aquel día, intentando incluso imponer “la verdad histórica” contraria a las evidencias científicas y periciales. El caso aún dará mucho que hablar.
La noticia más reciente ha sido la filtración de los interrogatorios a dos soldados que afirman que sus superiores evitaron implicarse en la detención de la masacre. Una indignidad más que sumar a la connivencia de poder político local y las fuerzas policiales locales con el crimen organizado –además de la omisión de deberes y el encubrimiento a nivel estatal y federal–, en una acción más propia de la contrainsurgencia que de la tan extendida narcoviolencia.
En una encuesta del Pew Research Center publicada a finales de agosto, sólo el 27 por ciento de los mexicanos afirmaba que Peña Nieto había tomado las decisiones correctas para luchar contra la corrupción: 15 puntos menos que el año pasado.
¿MÉXICO ES MÁS SEGURO QUE HACE 3 AÑOS?
El Gobierno mexicano –que heredó una pésima situación en materia de seguridad– lleva más de dos años insistiendo en un mensaje: los delitos en México no han dejado de disminuir en este tiempo. ¿Es cierto?
Según las cifras que da el Ejecutivo entre 2012 y 2014 el número total de delitos se ha reducido en un 7 por ciento. También habrían disminuido los homicidios, los robos y los secuestros, tanto en 2013 como en 2104.
Sin embargo, estos datos han de confrontarse con otros indicadores relevantes: a finales de 2012, el organismo oficial de estadística mexicano afirmaba que se estimaban en un 90 por ciento los delitos no denunciados. En estos últimos años, como indican estudios realizados en el Estado de México, esas cifras no han mejorado significativamente (en Estados como Guerrero el porcentaje es aún mayor).
En otras palabras: las cifras oficiales sobre crimen en México no sirven para retratar la realidad. Los ciudadanos no confían en las autoridades policiales y judiciales (la complicidad de algunas autoridades con delincuentes y la impunidad son elevadísimas): hasta que esa confianza se recupere, las cifras oficiales sobre delitos y denuncias seguirán siendo entelequias estadísticas poco útiles, desconectadas entre sí y desconectadas a su vez de la realidad que pretender describir.
Respecto a los homicidios –la mayoría relacionados con el crimen organizado–, México sigue registrando un sangría inasumible: 20 mil muertos en 2014, según datos oficiales, una cifra menor que en 2011 –el peor año entre 2007 y 2014 – cuando se registraron, según fuentes oficiales, 27 mil fallecidos, pero cercana a la media anual de ese período, considerando que en los últimos ocho años habrían muerto 164 mil personas (más muertos que los sumados en Irán y Afganistán durante el mismo período).
A estos muertos, habría que sumar la cifra incierta de los desparecidos. Imposible estimarla: según cifras oficiales estaríamos hablando de más de 23 mil desaparecidos, más de 5 mil sólo en 2014. Como demostró la –cuestionada– investigación tras la matanza de Ayotzinapa, en muchas zonas del país basta con buscar un cuerpo para que aparezcan otros muchos cuerpos de los que no se tenía constancia en ninguna estadística oficial. El Ejecutivo ha anunciado que se elaborará –por fin– una ley sobre desaparecidos a finales de este año.
A raíz de lo ocurrido en Ayozitnapa, el Gobierno anunció una serie de medidas en materia de seguridad y justicia: algunas son coincidentes con las anunciadas hace unas semanas.
Las más interesantes en materia de seguridad tienen que ver con la centralización de competencias para que el Ejecutivo pueda controlar un mando policial único, que implicaría una reforma constitucional, y que aún está en fase de tramitación. También se anunció un operativo en Tierra Caliente –estados de Guerrero y Michoacán– para luchar contra el crimen organizado, que no está impidiendo la violencia.
La realidad es que los grupos criminales se han fragmentado –tanto por divisiones internas como por la detención de algunos líderes– y casi se ha cuadriplicado su número en estos últimos años. Al mismo tiempo, se han incrementado las partidas presupuestarias en materia de seguridad para controlar a los movimientos de la sociedad civil contestatarios y considerados por las autoridades como potenciales amenazas.
La falta de una estrategia clara con medios y objetivos precisos, más allá de los anuncios grandilocuentes –realizados por una clase política en la que no se confía–, explica en parte el hartazgo de una parte considerable de los ciudadanos. Como declaraba el escritor mexicano Emiliano Monge hace unos días, entre la ciudadanía reina la tristeza, la impotencia y la desconfianza. Falta una hoja de ruta clara. Y, sobre todo, se percibe una ausencia de líderes que sean capaces de implementarla.
Al actual Gobierno le quedan tres años para demostrar lo contrario.
