San José, 22 sep (dpa) – Una fuerte polémica se desató en las últimas horas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a raíz del ingreso el domingo, sin el aval de ese Parlamento, de cinco helicópteros del ejército de Estados Unidos para abastecerse de combustible y proseguir rumbo a Panamá.
El ingreso de las aeronaves, que fue autorizado por la Dirección de Aviación Civil, desencadenó duras protestas de diputados del Partido Frente Amplio, de izquierda y cercano al gobierno, y del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
Las cinco aeronaves aterrizaron el domingo en el aeropuerto internacional Daniel Oduber, en la norteña provincia de Guanacaste, de donde partieron rumbo a Panamá tras cargar combustible.
El ingreso de naves militares a Costa Rica debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa por precepto constitucional, en un país que abolió el ejército hace más de seis décadas.
En el parlamento hubo en el pasado varias polémicas y discusiones a la hora de autorizar el ingreso de aeronaves y guardacostas de Estados Unidos, al amparo de un acuerdo de patrullaje conjunto suscrito hace más de una década por ambos países para combatir el narcotráfico, cuando en el listado de equipo venían incluidas naves artilladas.
La embajada de Estados Unidos aseguró al diario local «La Nación», en un correo electrónico, que los helicópteros «tenían todos los permisos requeridos dentro del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica».
El director interino del Servicio de Vigilancia Aérea, Juan Luis Vargas, dijo también que el permiso de ingreso se sustentó en el acuerdo bilateral existente entre ambos países.
Sin embargo, el diputado del Partido Frente Amplio, Frank Camacho, advirtió que se trata naves de tipo militar que no pueden sobrevolar el territorio de Costa Rica si el aval del parlamento.
Por su parte, el diputado y líder fundador del PAC, Ottón Solís, calificó de «gravísimo» lo ocurrido, al señalar que «Costa Rica es un país que escogió no tener fuerzas militares (…) la presencia de fuerzas extranjeras tiene un procedimiento establecido en la Constitución Política y de respetarse», dijo el legislador al diario.
No se conocían reacciones de otras autoridades del gobierno.
