La familia Arellano Félix goza de “libertad económica” pese a sus crímenes. Cuatro de los hermanos han sido encarcelados, dos recuperaron su libertad y regresan a disfrutar del producto de sus bienes, junto a la madre, esposas, hermanos e hijos, quienes no registran actividad profesional o comercial y no han sido investigados por “discrepancia fiscal”; incluso cuando han peleado las propiedades aseguradas por la FGR, instancia que ha dejado pasar hasta dos décadas sin probar el origen ilícito de los inmuebles y sin declarar la extinción de dominio.
Por Luis Carlos Sáinz, Alejandro Arturo Villa, Julieta Aragón y Eduardo Villa
Tijuana, 22 de agosto (Zeta).- Eduardo Arellano Félix, cabecilla de uno de los cárteles de la droga más sanguinarios, concluyó su sentencia en Estados Unidos el 18 de agosto de 2021. Sin una petición de deportación expresa de la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobierno americano sólo tiene obligación de informar -enviando una lista- del exilio de los mexicanos, al titular del Instituto Nacional de Migración del puerto por el que decidan retornarlo al país.
Hace 13 años, tras cumplir una breve sentencia, el mayor de sus hermanos, Francisco Rafael Arellano, estuvo en la misma situación. Fue deportado a México el 4 de marzo de 2008 por Ciudad Juárez. Sin orden de captura en contra, entró caminando, buscó transporte y tomó un avión a Tijuana para regresar a su vida de ostentación. No hubo anuncios públicos del proceso de expatriación.
Francisco regresó a su vida de millonario, al punto que fue asesinado cinco años después -en octubre de 2013- mientras celebraba su cumpleaños con un lujoso festejo en Los Cabos, Baja California Sur porque, salvo los 200 millones de dólares que Estados Unidos hizo entregar a tres de sus hermanos, la fortuna amasada por los criminales de la familia con la venta de droga, corrupción de autoridades y homicidios, no ha sido tocada por las autoridades en México, más allá de los 3 mil 500 pesos de multa que le impusieron a Benjamín Arellano cuando también lo sentenciaron a siete años por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y a 22 años por delincuencia organizada.
Lo mismo sucederá con “El Doctor” a partir del lunes 23 de agosto, porque autoridades mexicanas informaron a ZETA que es la fecha tentativa programada para la deportación de Eduardo Arellano, la cual se realizará por el puerto fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, zona controlada actualmente por los cárteles del Golfo, Los Zetas y el cártel del Noroeste, una escisión de Los Zetas, y las células criminales identificadas como Los Ciclones y Los Escorpiones.
Entonces, si durante el próximo fin de semana la FGR no integra un expediente en su contra, Eduardo Arellano, igual que su hermano mayor, podrá cruzar caminando la frontera, para buscar el transporte que lo acerque con su familia y regresar al cobijo de los miles de millones de dólares que han fraguado a través de actividades criminales en que han participado por 45 años, si se considera que el mayor, Francisco, fue detenido traficando droga en Tijuana en 1976; durante 35 años, si se parte del año de la imputación formal que hizo el Gobierno de EU en contra de varios miembros de la familia, o 28 años a partir de que el Gobierno de México los acusó formalmente tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
A pesar que el Artículo 22 Constitucional, faculta a la autoridad federal para quitarles a los hermanos Arellano, cómplices y parientes, cualquier bien producto de actividades criminales, la FGR, ni lo han intentado.
Eduardo, de 64 años, disfrutará de la riqueza familiar a la que volverán sus hermanos: Benjamín, quien será liberado tras 25 años en 2036, a los 84 años, si consideran su pena a partir del año 2011 en que fue extraditado; o en 2027, a los 75 años, si el juez cambia de opinión y decide considerar los nueve años que estuvo encerrado en México.
Javier, quien conforme a su sentencia saldrá con 65 años cumplidos en enero de 2030, o cuatro años antes en 2026, si reintentan convencer al juez de una segunda reducción de la pena, pero al salir, “El Tigrillo” deberá cumplir cinco años de libertad condicional en la Unión Americana.
Es la misma opulencia que han gozado por años y siguen disfrutando, la madre, hermanas y hermanos, esposas, ex esposas e hijos de los capos. En un rastreo de transferencias de propiedades, reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), juicios testamentarios y proceso de recuperación de propiedades, ZETA identificó a 37 integrantes de la dinastía Arellano. Se les buscó en los registros Agrario, de Profesiones, de la Propiedad y el Comercio, y a ninguno se le encontró actividad productiva en México. Sin embargo, algunos de ellos, como la madre del clan, Alicia Isabel Félix Zazueta, han participado activamente en la compraventa de inmuebles, incluso peleado judicialmente su recuperación, cuando han sido asegurados.
Detenidos en diferentes momentos en suelo mexicano, ni Francisco, Benjamín, Eduardo y Javier -en aguas internacionales-, fueron procesados por lavado de dinero. Sólo el sobrino, Fernando Sánchez Arellano -capturado en 2014-, tiene un proceso pendiente de resolver por ese delito, en cambio, la FGR ha perdido el resto, siendo incapaz de presentar los elementos de prueba suficientes para sostener tres cargos por delincuencia organizada y uno por homicidio.
En General, ninguno del linaje Arellano ha sido investigado para determinar si existe “discrepancia fiscal” entre lo que “ganan” y lo que “gastan y poseen”, menos por enriquecimiento ilícito. Los inmuebles que se les aseguraron a los hermanos detenidos, tampoco fueron impactados por acciones de extinción de dominio. El Ministerio Público federal no se tomó la molestia de investigar si podían acreditar la legítima procedencia de los bienes patrimoniales.
A pregunta expresa, ZETA fue enterado que la fortuna del Cártel Arellano Félix (CAF) tampoco es motivo de interés para la Unidad de Inteligencia Financiera, que actualmente investigan las posesiones de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CS).
Considerados responsables intelectuales y en algunos casos materiales, de un promedio de 6 mil carpetas iniciadas por el delito de homicidios con victimas múltiples, sólo entre 2005 y 2014 -año de captura de Fernando Sánchez Arellano-, el CAF fue clasificado durante tres décadas como la organización más violenta, dedicada al tráfico de drogas, por tener el asesinato y el secuestro como actividades ordinarias. Desde Tijuana controlaban las rutas de la droga sudamericana -principalmente Colombia- a través del Noroeste de México.
No existe una evaluación total de las ganancias del CAF, pero en 2005, un año antes de la captura de “El Doctor”, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que únicamente Ivonne Soto -capturada y liberada entre 2001 y 2005-, clasificada como “una” de varios “lavadores” del cártel, había blanqueado “120 millones de dólares en tres años”, a través de una red de casas de cambio y corredores de bolsa.
En 2005, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) informó que actividades del crimen organizado relacionadas con puro tráfico de droga facturaban más de 330 mil millones de dólares al año. En 2010, el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos reportó que, por el tráfico de drogas, anualmente entraban entre 19 mil millones y 29 mil millones de pesos a México desde EU; y en 2012, la UNODC reportó que, considerando todas las actividades criminales, los cárteles tenían ganancias por encima de los 2 billones de dólares anuales.
En marzo de 2013, William Sherman, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en San Diego, California, se aventuró a decir que la sentencia de 15 años de prisión por lavado de dinero y tráfico de drogas en contra de Eduardo Arellano Félix, era el fin del Cártel de Tijuana. A partir de 2019, el mapeo de la DEA ya no incluye ninguna mención del CAF.
En su informe de 2017, Fundación Transformemos la Política Antidrogas estimó que el gasto por aplicación de la Ley en el combate al tráfico de enervantes, es de “al menos 100 mil millones de dólares al año”. Y de acuerdo a los expedientes, EU persiguió a los Arellano durante 20 años, de 1986 a 2006, cuando capturaron a Eduardo, lo que implica varios millones gastados.
LA LIBERTAD DE “EL DOCTOR”
El doctor Eduardo Arellano y su hermana Enedina, se habían convertido en los líderes visibles del CAF, luego que su hermano Javier, fuera arrestado por las autoridades estadounidenses en aguas internacionales el 16 de agosto de 2006. Su hermano Ramón fue asesinado en un tiroteo con la entonces Policía Federal, en Mazatlán, en febrero de 2002. Y su otro hermano, Benjamín, fue detenido en marzo de 2002.
Aprehendido por agentes federales el 30 de octubre de 2008, dijo llamarse Samuel Bracamontes Flores. Luego lo entregaron en extradición a EU el último día de agosto de 2012. Desde entonces, “El Doctor” no ha vuelto a pisar suelo mexicano.
Tras el decomiso de bienes con valor de 50 millones dólares en Estados Unidos, Eduardo Arrellano, médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue condenado a 15 años de prisión el 19 de agosto de 2013, en la Corte Federal para el Distrito Sur de California. Lo sentenciaron únicamente por dos de los siete cargos que pesaban en su contra: lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas. Purgó sólo nueve años, porque le tomaron en cuenta la información que proporcionó y los casi cuatro años que estuvo preso en México.
El CAF mataba a quien daba información a los gobiernos, pero Javier y Eduardo hicieron lo mismo para anticipar su libertad. Eduardo estaba preso en el penal de baja seguridad de Pennsylvania previo a la fecha de su liberación marcada el miércoles 18 de julio de 2021, en una sentencia pública que incluyó deportación al concluir la pena privativa de la libertad.
En la página Localizador de Reclusos del Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos, su nombre, bajo el número de expediente administrativo 04117-748-, informó durante años de la “fecha de su liberación”, pero dos días antes, 16 de julio, la página cambió el “08/18/2021” por la leyenda “desconocida”.
Cuando se acercaba la fecha de su libertad en la Unión Americana, sus abogados en México iniciaron los trámites para conocer si existía o no orden de captura en su contra. Para ello presentaron una demanda de amparo en un Juzgado federal de la Ciudad de México el 4 de junio de 2021, señalando como actos reclamados “órdenes de aprehensión (detención), y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o presentación, así como su ejecución”. Fue radicado bajo expediente de amparo 474/2021.
El 9 de julio presentaron demanda de amparo en contra de similares actos de autoridad: “orden de aprehensión (detención) y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o presentación forzosa”, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (juicio de garantías 638/2021). En ambos asuntos le ha sido negada la suspensión definitiva, pues hasta el momento ninguna autoridad señalada como responsable, es decir, jueces federales de Baja California, Estado de México o Ciudad de México, han contestado en sentido afirmativo sobre la existencia de una orden de captura contra “El Gualín”.
En el caso del Juzgado federal de la Capital del país, la audiencia constitucional se encuentra señalada para el 31 de agosto, mientras que en el Juzgado de Distrito mexiquense, la fecha para el desahogo de la referida audiencia es el 24 de agosto, que podría diferirse en caso que la totalidad de las autoridades no hayan rendido sus informes previos y justificados.
Como antecedente, hace 13 años, Facundo Rosas, Subsecretario de Seguridad Pública federal, ofreció una conferencia de prensa respecto a la captura, informando que Eduardo había sido detenido con fines de extradición como parte de una alerta de la Interpol, que México no tenía averiguaciones previas en su contra, que era “una figura histórica y moral del Cártel de Tijuana” y no participaba en la operatividad.
“Ahorita lo que tiene de manera muy puntual es la flagrancia en los delitos que cometió por la posesión de armas de fuego (AK-47), por los disparos de arma en contra de la autoridad, y el soporte que tiene más fortaleza es el de Interpol”, dijo.
Por este delito, el Artículo 81 ordena sancionar con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, y Arellano pasó cuatro años preso en México, previo a su extradición.
Acorde con el informe de la aprehensión, “El Doctor” fue detenido en Tijuana, tras disparar. Fuerzas federales acribillaron la casa marcada con el número 14334, sobre la calle Misiones del Pedregal, misma que hoy luce en total abandono. Basura, destrucción, perforaciones de las balas y la ausencia de sellos, hacen resaltar la vivienda donde aún permanecen los peluches de la hija de Eduardo, de entonces 11 años, hoy veinteañera.
La llamada casa de Eduardo Arellano, tiene una superficie de 240 metros cuadrados, su precio en el mercado es de 846 mil pesos, y oficialmente está registrada como propiedad de María Guadalupe Gómez Sánchez desde el año 2001, pero se encuentra en ruinas y nadie la ha reclamado o habitado en más de una década.
PROPIEDADES ASEGURADAS POR DÉCADAS, NINGUNA EXTINCIÓN
Tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) emprendió una cacería en contra de los integrantes de la familia Arellano Félix, en la cual incluyó un vistoso, pero inefectivo intento de ataque a la capacidad financiera.
La acción de la PGR se dio dentro de la averiguación previa 4384/DGI/93, iniciada con motivo de los delitos federales cometidos durante la balacera el aeropuerto, y la posterior indagatoria DI.B./Ex/001/94, aunque, dato curioso, el caso de los homicidios del Cardenal Posadas y seis personas más, la tentativa de homicidio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado víctima en esos hechos y otros delitos, son juzgados en el fuero común.
En los primeros meses de esta ofensiva gubernamental contra el crimen organizado, se llegaron a asegurar hasta 200 inmuebles en distintos estados de la República Mexicana, ligados a los hermanos Arellano Félix.
En Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco), por lo menos 23 inmuebles fueron asegurados, y a la fecha, con excepción de uno, continúan con tal anotación ante el Registro Público de la Propiedad. Una casa se devolvió, al ganar un amparo, a la madre de los Arellano, Alicia Félix Zazueta, en 2015. El resto permanece con el estatus de aseguramiento en forma indefinida.
En Tijuana, fueron 17 los domicilios incautados por la PGR durante la persecución a esta banda criminal, se hallaron desde mansiones lujosas hasta casas de seguridad muy austeras, en su mayoría en colonias de alta alcurnia como Cacho (Madero), Hipódromo, Aguacaliente, El Paraíso, Las Palmas, entre otras.
La figura legal del aseguramiento precautorio está prevista en la legislación mexicana, desde en el Artículo 16 de la Constitución, hasta en el antiguo Código Federal de Procedimientos Penales (Sistema Penal Inquisitivo Mixto) y el actual Código Nacional de Procedimientos Penales (Sistema Penal Acusatorio) como una medida cautelar de carácter provisional o transitorio.
Se justifica cuando el bien, objeto o cosa, sirva para garantizar la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado; o bien, para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso.
Sin embargo, la mayoría de los bienes asegurados por el Ministerio Público federal no pasan a control judicial y permanecen en poder de la fiscalía o la institución administradora de los mismos durante años, incluso décadas, como en el caso de los bienes de Los Arellano, sin que se pruebe que son instrumento, objeto, producto del delito, o adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas. Razón por la que pueden ser reclamados y devueltos.
MAMÁ DE LOS ARELLANO RECUPERÓ PROPIEDAD
El 18 de octubre de 2014, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Raymundo Cornejo, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Alicia Félix Zazueta, madre de los hermanos Arellano Félix, para que el Ministerio Público federal ordenara el levantamiento de la medida cautelar de aseguramiento sobre una propiedad de la señora. Sólo una.
Se trata de un inmueble ubicado en Calle Paseo de los Obeliscos, lote de terreno número 31, fracción 55, sección quinta, del exclusivo condominio horizontal denominado Santa Anita, con superficie de 2.156.99 metros cuadrados. La propiedad fue adquirida por Francisco Rafael Arellano Félix el 27 de agosto de 1985, por 3 millones 451 mil 184 pesos de la época. El 24 de febrero de 1990 pasó a dominios de doña Alicia.
Durante las acciones perpetradas por el Ministerio Público federal para menguar las finanzas del CAF, el inmueble fue asegurado. Sin embargo, durante más de dos décadas, la fiscalía no resolvió de qué forma el bien resulta ser producto o utilidad derivada de la comisión de algún delito, por lo que el juzgador amparó a Alicia “sin datos de alguna conducta criminosa antes y después de ese acto jurídico por parte de la nombrada, o en los que estuviera relacionada la finca en mención”.
El Juez José Raymundo Cornejo Olivera fue contundente: “El transcurso de veintiún años es una temporalidad excesiva, lo que revela que el acto de aseguramiento es notoriamente opuesto a la naturaleza provisional o transitoria de una medida cautelar, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos; es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que a su vez viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que tiene el hoy quejoso”.
La resolución que puso en relieve lo que puede suceder con el resto de los inmuebles de los Arellano Félix y de cualquier otra persona considerada delincuente por las autoridades persecutoras del delito, de que puedan recuperar sus bienes, fue confirmada el 12 de junio de 2015 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara.
Esta vez el amparo no fue para reposición de procedimiento, como en otras ocasiones en que los jueces se lavan las manos. La orden hacia la PGR fue: “Dicte un auto en el que de plano se ordene el levantamiento del aseguramiento decretado sobre el inmueble (…)”.
TAMBIÉN LES REGRESAN INMUEBLES EN TIJUANA
A casi 30 años de los primeros aseguramientos, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC)de Baja California, Ramón, Francisco Javier, Benjamín y Enedina son los hermanos del clan Arellano Félix que aún aparecen como propietarios de inmuebles en Tijuana y Tecate.
Se trata de seis propiedades aseguradas y liberadas, y otras seis que jamás fueron tocadas.
De acuerdo con el RPPC bajacaliforniano, en Tijuana, Ramón Arellano Félix es dueño de una propiedad ubicada en el lote 52 de la manzana 57 del fraccionamiento Villa Nueva Tijuana, adquirida en 1986 (tenía 22 años). Así como un predio de 420 metros en la colonia Madero Sur, que compró en 1981(tenía 17 años). Pero se tiene conocimiento que este terreno fue vendido legalmente a la familia Padilla Muñoz, de empresarios y políticos priistas.
Otro terreno fue liberado por el gobierno para el usufructo del cártel el 4 de octubre de 1999. Bajo el número de expediente 1384/93, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la entonces PGR canceló el aseguramiento que la dependencia había hecho en 1994 del inmueble ubicado en los lotes 1 y 2, manzana 26, de la colonia Reforma, que suma una superficie de 475 mil 53 metros cuadrados y fue vendida por Inmobiliaria del Estado de Baja California en 1990.
En el registro de esta cancelación de aseguramiento del inmueble aparecen como deudores Ramón, Francisco Javier y Benjamín Arellano. Como propietario, José Ricardo Meza Arce, quien también tiene una vivienda en la privada Pirul del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, adquirida mediante un crédito por 141 mil 746 dólares.
Adicionalmente, Ramón Arellano aparece como propietario del lote 13, manzana 18, de la colonia Emiliano Zapata en Tecate. La superficie del predio es de 199 mil 94 metros cuadrados, y su registro data de 1989.
Una cuarta propiedad aparece en el RPPC, en el cual informan que en marzo de 1983 le fue transmitida a Francisco Javier Arellano Félix -cuando tenía 14 años- una fracción del terreno, ubicado en el Kilómetro 7 de la Carretera Tijuana-Rosarito, con número 2000, de la colonia Chula Vista. La superficie de la propiedad es de 415 mil 306 metros cuadrados.
Otro terreno que la Federación regresó a la familia fue el predio ubicado en el lote 6.2, manzana 7, de la colonia Chapultepec Doctores, con superficie de 432 mil 88 metros cuadrados. Fue mediante el oficio número 445, el 20 de febrero de 1995, deducido del expediente A.P. 1132/93, que se canceló el aseguramiento que la PGR había hecho dos años antes. En el registro de cancelación, el deudor es Enedina Arellano Félix, quien adquirió la propiedad en 1987.
Lo mismo sucedió con la propiedad identificada como lote número 4, manzana 3, colonia Madero Sur (Cacho), Zona Centro Tijuana, en el que Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Arellano, reclamó la inconstitucionalidad e ilegalidad del aseguramiento precautorio y disposición respecto del bien inmueble en mayo de 2019, cuando se hizo presente en los tribunales para reclamar actos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, ahora Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la FGR. Su demanda fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Tijuana.
A Serrano Corona de Arellano le fue concedida primero la suspensión provisional y posteriormente la de carácter definitivo, para que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten materialmente otros actos”, en tanto se resuelve el juicio de garantías.
De acuerdo con la escritura pública número 101,034 -de fecha 18 de septiembre de 1987-, pasada ante la fe del Notario Público Número 2 de Tijuana, el inmueble asegurado fue adquirido por Ruth Serrano a la señora Gloria Macías Corona de Muriel.
En el RPPC de Baja California, destaca que el aseguramiento del inmueble deriva del expediente 1384/1993, emitido por un agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Dirección de Control de Bienes Asegurados de la entonces PGR, relacionado con una investigación de un hecho presuntamente ilícito.
El juez de amparo ya solicitó de las autoridades señaladas como responsables, los respectivos informes justificados; en tanto, la quejosa autorizó para oír y recibir notificaciones en su nombre a dos personas de apellidos Durán y Peregrino.
En un rastreo en los archivos del RPPC, se hallaron seis predios a nombre de Ruth Serrano Corona en el fraccionamiento Jardines de Chapultepec, desde 1987.
EL IMPUNE EJEMPLO DE FRANCISCO RAFAEL
De acuerdo con el Artículo 22 Constitucional, todo lo adquirido como resultado de actividades ilícitas puede y debe ser requisado por la autoridad.
Conforme a los reportes de Inteligencia, el patriarca del clan, Benjamín Francisco Arellano Sánchez, nació el 1 de octubre de 1924 en Culiacán, Sinaloa. De oficio mecánico, durante un tiempo se dedicó al contrabando de whisky y de la comúnmente llamada fayuca (introducción ilícita de mercancías al país sin pagar los correspondientes aranceles), principalmente de aparatos electrónicos.
Francisco Rafael y Benjamín, los mayores de los hermanos varones, y Norma Isabel, la mayor de las mujeres, presuntamente apoyaban a su padre en actividades ilegales. Aún no era un líder de cártel, pero la detención de “Pancho” el 13 de abril de 1978 habría de corroborar sus pasos ilícitos y, aunque estuvo preso un año y ocho meses, evidencia sus inicios criminales previos a la compraventa de terrenos que dio pie a la buena fortuna de los Arellano.
El 14 de abril de 1978, en rueda de prensa, el General Raúl Mendiolea Cerecero, director de la Policía Judicial Federal, comunicó a los medios informativos datos escuetos de la captura, el día anterior, de una banda dedicada al tráfico de cocaína y heroína en Tijuana. Todavía esa mañana se lograron otras aprehensiones.
Junto a Francisco Rafael, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas dos mujeres. Una era su esposa señalada en agencias de noticias como María Victoria B. (Barrionuevo) Carbajal. La mayoría de los presuntos narcotraficantes eran sinaloenses y estaban vinculados a un domicilio de la calle Guanajuato de la colonia Cacho en Tijuana, su centro de operaciones.
Les fueron asegurados cuando transportaban a bordo de una camioneta, 2 kilos 070 gramos de heroína pura que, según autoridades de la época, alcanzaba un valor de 75 millones de pesos en el mercado negro.
Francisco Rafael y el resto de los arrestados estuvieron poco más de dos meses en el penal de La Mesa, pero el 29 de junio de 1978, al mayor de los Arellano Félix se les trasladó al entonces Distrito Federal para internarlo en un reclusorio capitalino. Ahí dijo contar con 28 años de edad, ser casado y licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en la calle Madero 130, Residencial Victoria en Guadalajara, un domicilio inexistente. Recuperó su libertad el 10 de diciembre de 1979 y las autoridades le perdieron la pista.
34 años más tarde, apenas unas semanas después del asesinato del presunto empresario y narcotraficante Francisco Rafael Arellano Félix, su viuda, Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga, exreina de belleza de Mazatlán en los años ochenta, promovió un juicio sucesorio intestamentario para hacerse de los bienes de su difunto marido, a favor de ella y de su menor hija Isabella Guadalupe.
El conocido como juicio intestamentario, fue radicado en el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de Mazatlán, bajo el número de expediente 2246/2013. A ciencia cierta se desconoce la ubicación de propiedades de Francisco Rafael en Sinaloa, con excepción de la que fuera la más famosa discotheque del puerto en los años ochenta e inicio de los noventa, Frankie Oh!
Sin embargo, dicha propiedad fue adquirida por el mayor de los Arellano Félix a nombre de su hijo Francisco Arellano Barrionuevo, quien vive con su madre y hermano en Norteamérica, alejados de cualquier relación con el resto de la familia y de las venganzas de grupos rivales de su progenitor. Los jóvenes Arellano se enteraron en la Unión Americana de las acciones legales de la señora Lizárraga y, a través de un juicio de amparo, no desean quedar fuera del juicio familiar, pues este fue iniciado a sus espaldas y de otra media hermana que vive en Sinaloa.
La comparecencia de los otros herederos echó por tierra la resolución que, de manera inicial, el juez había declarado a Rocío Lizárraga como “cónyuge supertite en herencia al 50 por ciento, siendo que realmente no es, porque ella no está casada por sociedad conyugal, sino por separación de bienes”, declaró a ZETA Martín Medina, abogado de los Barrionuevo, en la edición 2169, correspondiente a la semana del 23 al 29 de octubre de 2015.
La discotheque o las ruinas que quedan del edificio sobre la fastuosa Avenida del Mar 1302, en Mazatlán, continúa bajo aseguramiento de las autoridades ministeriales federales, a pesar de que el homónimo de su padre ha ganado juicios de amparo. El resto de las propiedades de Francisco Rafael Arellano Félix en Jalisco y BC también cuentan con anotaciones marginales en los respectivos registros públicos gubernamentales y continúan aseguradas.
A la fecha no se conoce que se haya ordenado el levantamiento de la medida cautelar sobre los inmuebles, mucho menos que se hayan adjudicado a quienes pelean jurídicamente por los bienes de “Pancho”. De continuar los aseguramientos en forma indefinida y no decretar la extinción de dominio por parte del Estado mexicano, en cualquier momento, tales bienes podrían ser recuperados por los familiares de Francisco Rafael, lo que generaría una impunidad mayor.
LA BODA DE ENEDINA Y LAS FARMACIAS VIDA
Después del oscuro pasaje de su secuestro en 1977, a los 24 años de edad, Enedina contrajo nupcias el 30 de agosto de 1985 con Luis Raúl Toledo Carrejo, joven empresario que años atrás aspiraba a ser torero, según se desprende de los anuncios de novilladas que aparecían en diarios tapatíos. Tanto la despedida de soltera como la boda de Arellano tuvieron cobertura del periódico El Informador.
El enlace tuvo lugar en el Templo de Nuestra Señora de las Victorias, en el mismo fraccionamiento en que, a partir de 1980, se expandió el territorio Arellano Félix con aproximadamente una veintena de inmuebles en Residencial Victoria, Lomas de la Victoria y Bosques de la Victoria. Unos en Zapopan, y otros en Guadalajara.
Al poco tiempo de la unión, la pareja se fue a vivir a Tijuana, donde Toledo adquirió como socio mayoritario Farmacia Vida, SA de CV, la totalidad de 26 sucursales en el Norte de México y sus empresas satélite, que de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, sirvieron para el lavado de dinero ilícito de la familia de su flamante esposa.
La PGR intervino las Farmacias Vida en 1993 y en el año 2000, en ambas ocasiones abandonó las acciones sin explicación justificada.
Luis Raúl Toledo Carrejo, ex cuñado de los hermanos Arellano Félix, era proveedor de empresas locales, nacionales e internacionales, pero tras el “congelamiento” de cuentas en EU, desaparecieron las 26 Farmacias Vida -que había comprado en 1992- y sus empresas satélites. En 2001 cerró las sucursales de Distribuidora Imperial, SA de CV en México, Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana.
Ninguno de los 84 nombres de personas y empresas asentadas en Baja California, señaladas en la lista de la OFAC publicada en 2002, está considerado como empresa fantasma o facturera en México.
En la lista “negra” del 69-B que desde 2014 publica el SAT con el nombre del contribuyente, RFC y estatus (presunto, definitivo, sentencia favorable) no aparecen empresas y personas vinculadas al CAF, y menos los integrantes de la familia que dio nombre a la organización delictiva.
A 20 años de los primeros señalamientos, en la lista de OFAC siguen apareciendo las empresas: Accesos Electrónicos SA de CV; Administradora de Inmuebles Vida, SA de CV; Valpark, SA de CV; Farmacia Vida Suprema, SA de CV; Complejo Turístico Oasis, SA de CV; Distribuidora Imperial de Baja California, SA de CV; y Gex Explore, S de RL de CV. Además de personas como Enedina Arellano Félix y Luis Raúl Toledo Carrejo.
Algunos de ellos mantienen propiedades que adquirieron en Tijuana antes de ser señalados por la autoridad estadounidense, según el RPPC de Baja California.
Tal es el caso de Luis Raúl Toledo Carrejo -esposo de Enedina Arellano Félix-, quien el 22 de marzo de 2016, por conducto de Salvador Méndez Carrillo (representante de Enedina), vendió los predios contiguos -ubicados en los lotes 7 y 8 de la manzana 2- del fraccionamiento Jardines de Chapultepec. El comprador, Rafael Páez Monzón, pagó un millón 800 mil pesos.
Un mes antes, en 2016, un oficio de la sub recaudadora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) había cancelado el embargo por 30 mil 360 pesos, al predio del lote 7. Situación similar ocurrió en agosto de 2009, cuando se canceló el gravamen impuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social a Toledo Carrejo en su carácter de responsable solidario, por 301 mil 135 pesos, sobre el del lote 8.
Según el RPPC, Toledo Carrejo es propietario de tres predios más ubicados en el lote 98 de la colonia Madero Sur, en Tijuana, que adquirió en 1993. Las propiedades tienen folios reales del 888718 al 888721 y se encuentran juntos, pues datan de un predio que se subdividió.
En aquel momento, la compañía -operadora de Farmacias Vida– era representada por José Alejandro Gil García, quien también designó a Francisco Javier Oropeza Medrano como apoderado legal. Pero sus presuntas ligas con el cártel no fueron investigadas del lado mexicano.
El primero posee dos propiedades en la colonia Lomas de Agua Caliente, sección VI Lomas Altas, ambas por un costo de 68 mil pesos el 2 de febrero de 2001. Para ese entonces, la PGR había incautado en los últimos dos años 20 inmuebles a los integrantes del CAF.
Mientras que el segundo, Oropeza Medrano, posee dos propiedades. La primera la adquirió mediante un crédito con el Infonavit el 7 de mayo de 2001 en el fraccionamiento Villas de Baja California, y la segunda en Ampliación Guaycura en mayo de 1995, por 50 mil nuevos pesos.
En la lista de la OFAC norteamericana también aparece Luis Ignacio Moreno Medina como socio en tres empresas también boletinadas por esta dependencia norteamericana: Accesos Electrónicos, SA de CV; Forpres, SC; así como Farmacia Vida Suprema, SA de CV y Valpark, SA de CV. Las dos últimas, embargadas y disueltas.
FERNANDO SÁNCHEZ ARELLANO, POR LAVADO
El sobrino de los Arellano Félix, Fernando Sánchez Arellano -hijo de Alicia María-, quien lideró la organización criminal entre 2007, cuando fue detenido su tío Javier “El Tigrillo” y 2014, tras su captura, aún no es sentenciado por autoridades judiciales.
“El Ingeniero” y/o “El Alineador” está sujeto al juicio penal 52/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, por el delito de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), aunque nunca se ha detallado en qué consiste la acusación. Sin embargo, por los archivos públicos se conoce que ningún bien de él o su familia ha sido objeto de extinción de dominio.
En México, en 2009, se creó la institución legal de la extinción de dominio, que priva a los delincuentes, previo juicio, de sus recursos económicos en caso de comprobarse su procedencia delictiva. A pesar de ello, los bienes de los hermanos Arellano Félix no han sido sometidos a esta acción que tiene como consecuencia la pérdida de los derechos de propiedad, respecto de bienes muebles, inmuebles o dinero.
Preso como se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 11 de junio último, “El Ingeniero” fue notificado de la negativa del Octavo Tribunal Unitario de Baja California para ampararle en contra del auto de formal prisión dictado el 12 de abril anterior por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California por el delito de cohecho.
La causa penal 43/2020 corresponde al ofrecimiento de dinero que presuntamente hizo a militares al momento de su captura en una hamburguesería de Tijuana el 23 de junio de 2014, tras haber presenciado un partido de futbol de la Selección Mexicana en el Mundial celebrado en Brasil. El presunto capo condujo a los soldados a su domicilio, donde aseguró tener 100 mil dólares para darles. El dictamen de contabilidad del aseguramiento concluye que se trataba de 192 mil 200 dólares en efectivo dentro de en un inmueble.
Actualmente Sánchez Arellano es procesado en la causa 309/2016 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, por su probable responsabilidad en el atentado contra el Capitán Eduardo Montero, ex director de Seguridad Pública de Rosarito, perpetrado el 18 de diciembre de 2007, quien salvó la vida; igual que el agente Leonel Pizaña Brit, pero el oficial Guillermo Castro Corona no corrió con la misma suerte. En este asunto, Sánchez Arellano obtuvo un amparo que se encuentra en revisión en un tribunal colegiado.
En tribunales del Estado de Nayarit es procesado en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tepic, causa 149/2008, por considerarlo probable responsable en el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud. En la causa 461/2009, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tepic, también está enjuiciado por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
MÉXICO ORDENA REPONER PROCEDIMIENTO CONTRA BENJAMÍN ARELLANO
Preso en Estados Unidos, Benjamín Arellano Félix obtuvo en México, por segunda ocasión, un amparo directo que deja sin efecto la sentencia de 22 años de prisión que le fue dictada por delito contra la salud, en la modalidad de introducción y extracción del país de marihuana y cocaína, así como asociación delictuosa.
En decisión dividida, el 8 de julio de 2021, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, en el Estado de México, determinaron amparar a Benjamín. Así, la sentencia dictada por un Juez de Distrito de Procesos Penales en esa entidad y confirmada por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, tendrá que ser anulada para que se reponga el procedimiento por pifias, al ser valoradas las pruebas aportadas por testigos.
Antes, el 6 de julio de 2017, el mismo Segundo Tribunal Colegiado había beneficiado a Benjamín al dejar sin efecto mediante el amparo la misma condena dictada el 3 de septiembre de 2007, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, en la causa penal 28/1997. Sentencia que fue repuesta por la más reciente, de fecha 4 de octubre de 2017.
Los magistrados ordenan al juez de la causa que aprecie y valore “de manera objetiva, conjunta, completa, integral y armónica, lo expuesto por los testigos de cargo”. Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución e individualice las sanciones que correspondan al quejoso “en el entendido que conforme al principio non reformatio in peius (no reformar en perjuicio), no deberá agravar las penas y la situación del amparista”. En caso de que vuelva a ser condenado, deberá computarse el tiempo que estuvo sujeto a prisión preventiva.
A su regreso a México, a Benjamín Arellano Félix le espera el proceso penal 333/93 por el homicidio del Cardenal Posadas Ocampo en el Juzgado Segundo de lo Criminal de Jalisco; además de la causa penal 24/2000 del Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
La discrepancia fiscal, el 22 Constitucional y lavado de dinero
A “la diferencia que se produce cuando un contribuyente durante un año de calendario realiza gastos e inversiones superiores a sus ingresos declarados o no, adminiculados con otra información con la que cuenten las autoridades fiscales, incluso la proporcionada por un tercero”, se le conoce como discrepancia fiscal, y es la herramienta que los gobiernos mexicanos se han negado a usar para combatir la riqueza impune de las familias dedicadas al narcotráfico, destacan abogados fiscalistas.
“Si la autoridad judicial demuestra que el proveedor está dedicado a negocios ilícitos, y los familiares no tiene una ocupación que les reditúe en los recursos para adquirir las propiedades que tiene, y sostener el nivel de vida que lleva, entonces existe la discrepancia, y pueden actuar al respecto -explicaron- pero deciden no hacerlo, porque tiene que investigar y probar.
“Incluso las casas que han asegurado, al final deben regresarlas porque no investigan para presentar las pruebas de que el inmueble se adquirió con recursos no lícitos”, comentó un jurista que ha recuperado casas.
Por su parte, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías explicó los efectos y defectos del Artículo 22 Constitucional:
“Vamos a poner el caso de un narcotraficante que tiene diez inmuebles, y que esos diez inmuebles los adquirió lícitamente, pero con dinero ilícito. En esos casos, el narcotraficante por el delito que sea procesado va a ser objeto de investigación, pero si el gobierno no hace una investigación patrimonial, porque puede ser que haga una investigación por homicidio, por secuestro; si no hace una investigación patrimonial en automático, esos bienes no van a ser objeto de aseguramiento.
“En México hay una falla que regularmente investigan el ilícito cometido, pero no de dónde viene el patrimonio ilícito. Qué se debe hacer por parte de las fiscalías: investigar el patrimonio ilícito, investigar el delito cometido y cuáles fueron los fondos de adquisición de esos bienes que generaron un ingreso positivo en el patrimonio del sujeto.
“En el país operan figuras de prescripción y de caducidad, regularmente cuando el sujeto sale de prisión, sigue gozando de esos inmuebles, de esas cuentas bancarias, de ese patrimonio, porque no hay una investigación real, material a su patrimonio”.
— ¿Cuál es el estatus legal de los inmuebles que están a nombre de la familia de la persona detenida?, cuestionó ZETA.
“México tiene un problema, que el Artículo 22 Constitucional dice que las penas no son trascendentales. Qué significa esto: si el delincuente puso todo a nombre de la mamá, del papa, del hermano, de quien sea, entonces sólo el delincuente es el investigado, pero no la mamá, el hijo, el hermano. Entonces, la Constitución en México tiene una falla que impide investigar a todos los terceros involucrados en el ilícito, que prestaron su nombre, que actuaron de forma activa o pasiva para la comisión del acto ilícito, y eso ¿qué provoca? Que el delincuente nunca sea objeto de extinción de dominio a través de terceros.
“La mayor parte de delincuentes, la mayor parte de ilicitudes, se cometen dejando como testaferros, como prestanombres, a menores de edad, y como los menores de edad no tienen la capacidad ni de ejercicio, y a veces ni de goce, genera una proliferación de actos ilícitos.
“Qué se debe hacer: en términos técnicos, investigar a todas las personas que adquieren un bien, cuyo ingreso no fue reportado al gobierno. Alguien que adquiere un bien y no tenía la solvencia económica para adquirirlo, tiene que ser investigado”.
— Con las herramientas disponibles, ¿se podría decir que, si la autoridad no hace esta investigación, es por falta de voluntad política?
“Las autoridades no investigan porque son parte de la corrupción, las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, los ministerios públicos, son parte de esta corrupción, no investigan porque no quieren. Hay las herramientas técnicas, financieras y legales para detectar a los delincuentes, ¿por qué no se detectan? Porque no quieren detectarse, y la delincuencia no sólo estamos hablando de narcotráfico; estamos hablando de todos aquellos que desvían fondos, que se corrompen, que reciben obviamente ingresos que nunca son investigados”, puntualizó el abogado Solís Farías.
“CASAS ARELLANO”, A NOMBRE DE LOS CORONA
En los años noventa, los apellidos Corona y Báez estuvieron ligados a los del clan Arellano.
Uno de sus abogados, Joaquín Báez Sánchez, fue asesinado en 1999, año en el cual también acribillaron a Yolanda Báez de Bustamante, al menor Efrén Báez y el padre de este último fue publicado como enlace del Cártel Arellano Félix con el Ejército.
Respecto a los Corona, además de ser el segundo apellido de Ruth Serrano, esposa de Benjamín Arellano, destacan los nombres de David y Humberto Barrón Corona, el primero sicario y cabeza de la pandilla Logan Heights, al servicio del CAF, muerto en el intento de homicidio del codirector fundador de ZETA, J. Jesús Blancornelas; y el segundo, traficante de alto rango para los Arellano en San Diego, también fallecido.
Estos apellidos se repiten en los registros de propiedad de las casas aseguradas y jamás requisadas por la Fiscalía General de la República a la organización criminal.
La casa de oro
De las propiedades, la más lujosa, por ejemplo, fue la ubicada entre Avenida Jalisco y Calle Querétaro, con el número 2931, en la colonia Cacho de Tijuana. Consta de tres pisos y tenía acabados de oro en prácticamente todo el inmueble. Cubiertos y platos de oro, perillas y llaves, de oro; muros y escaleras, oro; los muebles ¡oro!
Había una mesa de billar, una barra, una alberca techada, un gimnasio, una sala de televisión, un jacuzzi, pasadizos secretos y una pecera entre los muros.
Quien desde 1990 aparece como propietario ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, es Jorge Ortiz Corona. Cuando tenía 18 años (1989) se la compró en 265 millones de pesos antiguos a la hija del ex gobernador Roberto de la Madrid Romandía, de nombre Laura Martha de la Madrid Victoria de Zavala.
De los lujos del lugar no queda nada. Cuando fue asegurada por la entonces PGR, se dejó el puro cascarón de la casa. Fue una escuela de educación básica, y actualmente se renta para el desarrollo de una clínica para rehabilitación de adicciones, cuyo intermediario en el arrendamiento fue Grupo Bustamante, y el arrendador, de acuerdo a la información proporcionada, Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana.
Otra de Corona
Jorge Ortiz Corona también tenía (y tiene) a su nombre otra de las propiedades supuestamente consignadas por la PGR por estar relacionadas con el Cártel de Tijuana. Ubicada en la esquina de las calles Fresnillo y Dinamarca, en la colonia Cacho, fue comprada a Ana Elena Jiménez Andrew de Reynoso. Jorge y Arturo Pineyro Reyes pagaron 112 mil 500 pesos antiguos en 1991.
En El Paraíso
Otra residencia que destacó por su lujo, es la asegurada por la PGR en octubre de 1993, en la esquina de Calle Ottawa y Avenida Las Américas, Fraccionamiento El Paraíso. La casa ya había sido abandonada antes. Fuentes consultadas en ese entonces por ZETA, confirmaron que los hermanos Arellano Félix la habitaron.
El inmueble está pintado en sus exteriores de blanco, tiene aires de diseño romano, cuenta con dos plantas y un sótano, alberca y cochera para unos ocho automóviles. Ha estado deshabitada desde entonces y se ha convertido en una mansión para consumir y distribuir diversas drogas, así como para cometer otros delitos.
La casa está completamente vandalizada y saqueada. Se ven pintas de grafiti en todo el interior. Basura quemada, madera, llantas. El lugar se ha convertido en un punto de inseguridad en la colonia. No tiene sellos de aseguramiento y se desconoce el porqué de su abandono.
En el RPPC se encontró que el inmueble fue comprado en 1992 por Mayra Pérez Corona, prima de Jorge Ortiz Corona y nieta de Ignacio Corona Ruesga, a Roberto Garín Olache y a su esposa Gilda Del Río Almada de Garín. En 1993 llegó un acta de embargo por adeudo de 21 mil 703 mil 59 pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
La casona abandonada desde principios de los 90 ahora pertenece a Gustavo Reynoso López, socio de la empresa Elorey del Norte, SA de CV, que lo mismo vende lubricantes y refacciones para automóviles, que participa del jugoso negocio de la compraventa de inmuebles. El avalúo de la propiedad se calculó en 6 millones 165 mil 175 pesos. Fue cedida a Reynoso a finales de 2020.
Los Barrón Corona
Otra nieta de Ignacio Corona figura como propietaria de otro inmueble asegurado por la PGR en 1993. Se trata de Esperanza Barrón Corona. La casa localizada en Avenida 20-30 (o Televisión) y Calle Mango de la colonia Juárez de Tijuana, tiene como registro de primer propietario a Esperanza Corona Pérez, hermana de Sara Yolanda Corona Pérez, ambas hijas de Ignacio Corona.
Incautada y asignada a Apsor
Más austera fue la casa donde capturaron a Francisco Rafael Arellano Félix, en el número 5608-C de la calle Ramón López Velarde, Fraccionamiento Monte Bello. La propiedad de dos plantas con un “pasadizo secreto” a un cuarto en el frente de la residencia en que habitaban cuatro vigilantes, actualmente es ocupada por la Asociación Tijuana en Apoyo al Sordo, AC (Apsor).
El 7 de diciembre de 1995, el inmueble fue entregado por la entonces PGR a Graciela Rascón Miranda, presidenta de la Asociación, bajo la figura legal de “depositaria provisional”.
En 2004, cuando el inmueble pasó al Servicio de Administración Tributaria, comenzó a pedirle renta. Diez años después, Apsor tenía un adeudo de 528 mil pesos por concepto de rentas no pagadas desde 2008, al no reunir los fondos, por ser una institución sin fines de lucro.
Después, en 2016, el XXII Ayuntamiento de Tijuana celebró un convenio de comodato con Rascón Miranda, concediendo “gratuitamente” el uso, goce y disfrute de la propiedad, pero se le obliga a pagar mil 500 pesos más IVA a una cuenta del banco HSBC, con número de referencia 082222016001128616, a nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) los primeros días de cada mes. Monto que incrementaría anualmente con base en la inflación, según el documento cuya vigencia concluyó el 23 de diciembre de 2017.
Rascón Miranda compartió que después de realizar algunos pagos, dejó de hacerlo, porque ninguna de las veces que se lo requirieron, le entregaron comprobante fiscal y, aunque recibió amenazas de desalojo, no procedieron.
Con escaso apoyo gubernamental, la casa se ha ido deteriorando. La otra recámara presenta daños en el techo que permiten que el agua se trasmine cuando llueve. La cuenta de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana -que marca la misma calle y número, pero en la colonia Hipódromo 2 sección-, se encuentra a nombre de Enriqueta Lugo de Báez y tiene un adeudo de 30 mil 908 pesos al 21 de junio de 2021, debido a problemas con el medidor, ya que en un inicio la propiedad contaba con dos tomas y después se invirtió en el aparato con el de la vivienda contigua.
La directora de Apsor refirió que en Catastro aparece como propietario Gustavo Amezcua Soleno, conforme a la clave HD067123.
Además de la casa de Apsor en el RPPC, Enriqueta Lugo de Báez aparece como propietaria de un predio de 640 metros cuadrados en la colonia Hipódromo 2 sección; otro de 417 metros cuadrados en Lomas de Agua Caliente; la prescripción positiva en 2004 de un lote de 1.8 millones de pesos en la colonia Anexa Madero; y otra prescripción positiva de un predio en la colonia Lomas Conjunto Residencial La Mesa, valuado en 328 mil pesos.
