De los 16 políticos señalados por Emilio Lozoya, sólo Jorge Luis Lavalle está preso, mientras que Ricardo Anaya se encuentra en el “exilio”.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Un año después de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que acusó de corrupción a 16 prominentes políticos de PRI, PAN y Morena —entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto—, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) es un fiasco. Un solo implicado está en presión: el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya huyó del país antes de ser aprehendido.
Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos el 11 de agosto de 2020, tras ser extraditado de España. Y prácticamente a un año de haberse hecho públicos sus detalles, el sábado 21, Anaya Cortés informó que la Fiscalía pretende encarcelarlo por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en México pude haber políticos presos, “pero no presos políticos”.
Pero a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revisado las operaciones bancarias de todos los denunciados por Lozoya y ha presentado al menos 25 denuncias por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, la FGR que encabeza Alejando Gertz Manero no ha podido judicializar los expedientes, salvo en el único caso de Lavalle Mauri.
Ni siquiera en el caso de Anaya la FGR ha informado si solicitó a un juez librar la orden de aprehensión en contra de ese político, a quien Lozoya señaló de haber recibido 6.8 millones de pesos cuando era Diputado federal para aprobar la Reforma Energética.
Desde que Lozoya fue extraditado, nunca ha pisado la cárcel por el acuerdo que alcanzó con la FGR para acreditar la corrupción en las altas esferas del poder político que involucra a Salinas, Calderón y Peña Nieto, así como los excandidatos presidenciales Anaya y José Antonio Meade.
En su denuncia de hechos, el exdirector de Pemex también señaló de corrupción a los exsecretarios de Hacienda de Calderón, Ernesto Cordero, y de Peña Nieto, Luis Videgaray.
Según la denuncia, Lozoya entregó 80 millones de pesos a senadores del PAN que incluyen a Lavalle, Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estos últimos gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.
Los supuestos sobornos a legisladores incluyen también al presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta David Penchyna, así como los exdirectores de Pemex Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya, concuño de Carlos Salinas.
A Salinas de Gortari, Lozoya lo acusó de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa “Trese”, relacionada con su hijo Emiliano.
Al panista Calderón, Lozoya lo denunció por favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, en el contrato de abastecimiento de gas y construcción de la planta de Etileno XXI, una trama que involucra a Meade Kuribreña.
Y sobre Peña Nieto, el exdirector de Pemex lo identifica como el artífice del “aparato organizado” para la corrupción desde antes de encabezar el Gobierno de la República y cuyo operador principal es Luis Videgaray.
Contra ninguno de estos personajes ha actuado la FGR, ni siquiera contra el único político ligado a Morena, el Gobernador Miguel Barbosa, quien apoyó la reforma energética a cambio de favores para su hermano trabajador de Pemex, y menos a Javier Duarte, a quien Lozoya acusó de regalar a Peña Nieto un automóvil Ferrari.
De los 16 políticos señalados por Lozoya, sólo Lavalle está preso y Anaya en el “exilio”, impune como todos los otros catorce…
