El Consejo Coordinador Empresarial descartó que se incentive la informalidad. Además la iniciativa de ley contempla esquemas para trabajadores independientes.
La reforma de pensiones era necesaria para evitar estallidos sociales, aseguró la Amafore.
Por Juan Luis García
Ciudad de México, 22 de julio (Economía Hoy).- El porcentaje de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que podría verse beneficiados con una pensión pasaría de 30 a 75 por ciento con la nueva propuesta de reforma que enviará el gobierno federal al Congreso.
La reforma de pensiones propuesta por el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reduce el número de semanas de trabajo de los empleados para poder retirarse de 1 mil 250 a 750.
«Son estimaciones, pero en las 1 mil 250 semanas se esperaba que un 30 por ciento fuera elegible del beneficio, y con las 750 semanas ese 30 por ciento se incrementa de manera muy relevante. Hay que esperar que el comportamiento futuro y si se vuelve, 65, 70 ó 75 por ciento de los trabajadores que sean elegibles. Se espera que sean muchísimos más que los de hoy», dijo Guillermo Zamarripa, integrante de la Comisión de Pensiones del CCE.
La edad para recibir pensión no cambiará con esta reforma, por lo que las personas tendrán que esperar hasta tener 60 años para recibir estos fondos.
«No es tan importante, quienes están en estos momentos, sino quienes se espera que están por llegar y que a futuro va a tener derecho a esos beneficios garantizados», dijo Pedro Sánchez, presidente de la Comisión de Pensiones.
EVITAR ESTALLIDO SOCIAL
La necesidad de una reforma de pensiones era trascendente para evitar estallidos sociales, apuntó hoy la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
El presidente de la Amafore, Bernardo González, apuntó que la iniciativa representa la responsabilidad social del sector empresarial para evitar lo que se ha visto en otros países de Latinoamérica.
«Es un acuerdo en el que confluyen las actividades primarias, la industria de la transformación, los importadores y exportadores del país, las empresas globales, las grandes empresas nacionales, las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, tienen una responsabilidad social, dijimos que si no hacíamos algo pronto tendríamos crisis sociales, o estallidos sociales, como los que hemos visto en América Latina», dijo González.
La Amafore consideró que los 20 millones de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se verán beneficiados con la baja de este requisito, que intenta ayudar a quienes se encuentran bajo un régimen de retiro de 1997.
Así, González, calificó de «razonable» el periodo de 8 años para que elevar las aportaciones de los patrones de 6 a 15 por ciento, algo que ayudará a que los pensionados a recibir mejores prestaciones.
González desestimó que la mayor aportación de las empresas fomente la informalidad.
«No hay estudios de que se afecte a la formalidad por cambios como este… en el momento en el que lo haces gradual, permites que se pueda asumir en el tiempo», explicó González.
INFORMALIDAD
El CCE participó en las negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para acordar esta reforma. El conglomerado de empresarios descartó que se incentive la informalidad o que patronos declaren con menos de tres salarios mínimos a más de sus trabajadores.
El mitigante es redirigir la contribución del gobierno federal para reducir los incentivos a la informalidad.
«La contribución del gobierno federal en la actualidad se va redirigir para evitar que el empleo de los trabajadores hasta tres salarios mínimos no le cueste adicionalmente a las empresas», dijo Carlos hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
«Obviamente, los trabajadores en esos rangos con salarios mínimos muy bajos son aquellos más proclives a estar migrando a la informalidad, un ingeniero que gana seis o siete salarios mínimos, ese tipo en realidad su opción de ir a la informalidad es mucho menor, casi nula», agregó.
En tanto que el tema de la subdeclaración de salarios se podría resolver con una aplicación de la ley para evitar esta ilegalidad.
