Los más de 600 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) se citaron desde ayer y hasta el lunes en La Habana para pulir los 224 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones de la nueva Carta Magna, en una reunión sin acceso para la prensa extranjera.
El anteproyecto sometido a debate modifica 113 artículos, añade 87 y elimina 11 respecto a la actual Constitución de 1976 para adaptar el nuevo texto a la realidad económica, política y social de Cuba y la comunidad internacional, explicó el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, en un discurso retransmitido por la televisión estatal cubana.
Por Atahualpa Amerise
La Habana, 22 de julio (EFE).- La nueva Constitución cubana, cuyo texto comenzó a debatirse ayer en el Parlamento, elimina el término comunismo, incorpora las reformas económicas de Raúl Castro en la última década en favor de un socialismo sostenible con propiedad privada y abre las puertas al matrimonio homosexual.
Los más de 600 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) se citaron desde ayer y hasta el lunes en La Habana para pulir los 224 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones de la nueva Carta Magna, en una reunión sin acceso para la prensa extranjera.
El anteproyecto sometido a debate modifica 113 artículos, añade 87 y elimina 11 respecto a la actual Constitución de 1976 para adaptar el nuevo texto a la realidad económica, política y social de Cuba y la comunidad internacional, explicó el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, en un discurso retransmitido por la televisión estatal cubana.
En el ámbito económico, la nueva propuesta constitucional refleja este propósito al mencionar sólo el «socialismo» como política de Estado, en contraste con el texto vigente que en su artículo 5 consigna el «avance hacia la sociedad comunista».
Además, el artículo 21 de la próxima Constitución reconoce «otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada», lo que también supone un importante cambio respecto al documento de 1976 que sólo reconoce la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria.
Asimismo, el anteproyecto a debate admite la inversión extranjera como «una necesidad y un elemento importante del desarrollo», en un intento de atraer divisas para paliar la endémica crisis económica que atraviesa el país y que podría agravarse si aumenta la inestabilidad en Venezuela, su principal socio y valedor.
La apertura constitucional al capital privado apuntala las reformas aplicadas por el ex dirigente Raúl Castro desde 2006, que legalizaron el trabajo autónomo -llamado en la isla «cuentapropismo»- en sectores como la hostelería, el transporte o el turismo, y a las que ha dado continuidad el Presidente Miguel Díaz-Canel tras asumir el poder en abril de este año.
Más limitados son los cambios que la nueva Constitución impondrá en el ámbito político, donde se mantiene el «carácter socialista del sistema político y social» bajo el mando del Partido Comunista de Cuba (único legal) como «fuerza dirigente superior».
En esta área, las propuestas más importantes del anteproyecto son la creación de la figura del Presidente de la República, jefe del Estado que deberá asumir el cargo con menos de 60 años y limitar su mandato a un máximo de una década, así como el nuevo puesto de Primer Ministro para liderar el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del Estado.
Además, el anteproyecto establece que el Consejo de Estado, máximo órgano gobernante hasta ahora encabezado por el Presidente del país, pasa a ser liderado por el Presidente de la Asamblea Nacional.
En política exterior, el texto provisional de la nueva Carta Magna establece una «visión multipolar en las relaciones internacionales» para evitar el «hegemonismo y la dominación» de potencias extranjeras aunque omite el término «imperialismo», siempre en boca de sus dirigentes para definir la estrategia de Estados Unidos y sus aliados.
En el ámbito social destaca la redefinición del matrimonio como la «unión entre dos personas», lo que abriría la puerta a la legalización de la unión igualitaria, uno de los principales reclamos del colectivo LGTBI en el país caribeño.
«No dice que se trata del matrimonio igualitario, sólo rompe con esa barrera de modo que en el futuro se podría incorporar», explicó el Secretario del Consejo de Estado, que destacó la necesidad de modificar aspectos del Código Civil y de Familia para hacer realidad este objetivo.
En todo caso, el cambio constitucional supondrá un enorme paso en favor de los derechos LGTBI en un país donde hasta hace sólo unas décadas se perseguía a los homosexuales como «lacras sociales» y en muchos casos se les internaba en campos militares de trabajo.
También se mantiene el carácter laico del Estado y se ratifica la libertad religiosa, un asunto que durante décadas ha sido fuente de críticas de disidentes y organizaciones extranjeras que acusan al Gobierno cubano de reprimir el derecho de culto.
El texto llevado ayer al Parlamento también propone modificar once leyes y los códigos Penal, Civil y de Familia tras la ratificación de la próxima Carta Magna.
Los diputados aprobarán previsiblemente el lunes el anteproyecto, aunque éste aún deberá someterse a una consulta popular y por último a un referendo en el que los ciudadanos autoricen la puesta en vigor de la nueva Constitución cubana.
