Redacción/SinEmbargo
22/07/2015 - 12:00 am
El Ejército y las denuncias que no cesan
Desde diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar a las fuerzas armadas del país de sus cuárteles y lanzarlas en una guerra contra el narcotráfico, la imagen del Ejército mexicano ha perdido el brillo y el respeto que le caracterizaron por décadas, al ser “un Ejército del pueblo y para […]
Desde diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar a las fuerzas armadas del país de sus cuárteles y lanzarlas en una guerra contra el narcotráfico, la imagen del Ejército mexicano ha perdido el brillo y el respeto que le caracterizaron por décadas, al ser “un Ejército del pueblo y para el pueblo”.
Nueve años después, el Ejército mexicano se ha convertido en el blanco de incesantes críticas y en el malo de una película traumática de la que nadie quería que fuera protagonista, pero los gobiernos del panista Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto, quien a pesar de las promesas de cambio siguió la misma estrategia de Calderón en la lucha contra el crimen, lo han puesto al frente de un reparto donde sobresale de manera significativa porque, además, no parece que el Gobierno federal y los civiles que están a cargo hayan puesto el énfasis que la emergencia nacional demanda en la profesionalización de policías y mucho menos en los altos niveles de corrupción que han invadido a los diversos cuerpos de seguridad civiles.
Si el Ejército está en las calles, han dicho militares del más alto nivel, es porque México carece de policías que puedan hacer frente a la violencia e inseguridad que han desatado los grupos criminales.
Sin embargo, el costo de tener a elementos sin conocimiento y estrategia en términos del respeto a los derechos humanos, ha provocado excesos en contra de presuntos delincuentes y también contra la protesta social.
El lunes pasado, ante nuevas denuncias por la implicación del Ejército en la muerte dos niños y un adulto, en un confuso tiroteo registrado el domingo pasado en la comunidad indígena de Santa María Ostula, en Michoacán, y ante indicios de participación de militares en la desaparición de siete jóvenes en Calera, Zacatecas, cuyos cadáveres fueron localizados el sábado pasado, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto salió en defensa de las Fuerzas Armadas y las que definió como “el baluarte y fortaleza de las instituciones democráticas” por velar por la seguridad nacional.
Pero el daño está hecho y el desgaste es grande.
En ambos casos se acusa directamente a personal militar, y éstos se suman a otros dos hechos que inculpan a elementos castrenses y que han marcado incluso el sexenio de Peña Nieto: el asesinato de 22 presuntos secuestradores en Tlatlaya, Estado de México, hace ya más de un año, y el asesinato de tres y la desaparición de otros 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre del año pasado.
Los militares, pues, están hoy bajo presión y no sólo en la mira de políticos, analistas, prensa y ciudadanos nacionales, sino en el foco internacional de las críticas. Con ellos, y sin saber aún cómo dar una respuesta a esta crisis, también la imagen del Presidente va en descenso y, a la luz de los nulos resultados en la materia, su caída puede ser aún más profunda.
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