Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).— En los recientes cambios que el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hizo a su gabinete dejó intactas a las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, pese a sucesos recientes que han puesto en evidencia, de nueva cuenta, que hay un perceptible aumento de la criminalidad en la capital del país.
En opinión de analistas políticos y especialistas en seguridad pública consultados por SinEmbargo, ello demuestra, por un lado, que los cambios en el gabinete obedecieron más a intereses políticos del Jefe de Gobierno que a un interés real por eficientar su administración. Por otra parte, señalaron, es una decisión que se encuadra en la postura que han mantenido las autoridades capitalinas de no reconocer que existe un problema de inseguridad en el Distrito Federal.
A decir de Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ), las carteras de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no se tocaron porque habría implicado reconocer que ahí hay aspectos que mejorar.
“Es no querer reconocer que nunca ha tenido un plan de seguridad, una estrategia de seguridad. Nunca ha tenido como objetivos, metas concretas”, señaló.
En su consideración, los cambios en el gabinete obedecieron más bien al interés político de Mancera Espinosa de posicionarse como posible candidato presidencial en 2018.
En el mismo tenor lo valoró el analista político independiente Antonio de la Cuesta, quien calificó los nombramientos que el Jefe de Gobierno hizo el pasado 16 de julio como “cosméticos». Ex integrante del Centro de Investigación para el Desarrollo –enfocado en el análisis de las políticas públicas–, de la Cuesta resaltó como «desafortunado” que no se hicieran cambios en las áreas de seguridad y procuración de justicia pese a ser la inseguridad el principal problema en la capital del país.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), corrobora lo anterior al señalar que en 2013 (el último año que revisó) la inseguridad era la principal preocupación de los capitalinos, por encima del desempleo, la corrupción o la pobreza.
Se trata del primer año en la gestión de Mancera Espinosa, para quien de por sí el tema no le era ajeno, ya que en la anterior administración había fungido como titular de la PGJDF.
Para Bravo Peralta ese pasado profesional podría explicar también el porqué no se tocó a esa dependencia, pues ponerla bajo escrutinio implicaría exhibir las fallas y deficiencias no sólo de sus antiguos colegas, sino las heredadas por su gestión.
Sin embargo, un hecho ocurrido en días pasados evidenció “los errores, vicios y deficiencias” en la institución, a decir de Bravo Peralta. El suceso al que se refiere fue la exoneración de Lorena González Hernández, quien pasó casi siete años en prisión acusada de participar en el secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, en 2008. González Hernández fue liberada el pasado sábado, luego de que el Juez 32 Penal en el Distrito Federal ordenara su liberación por desvanecimiento de pruebas, pues los datos recabados por la PGJDF para inculparla no eran sólidos.
En lo referente a la SSPDF, el también consultor y asesor en políticas públicas y seguridad nacional señaló que un cambio en esa dependencia implicaría aceptar las fallas en seguridad pública que han tenido la gestión de Mancera Espinosa.
Expresó que desde su llegada al poder, en diciembre de 2012, al Jefe de Gobierno no se le ha visto una estrategia en materia de seguridad.
“No haber hecho cambios ahí es no querer reconocer lo que se tiene que mejorar”, dijo Bravo Peralta.
La postura de las autoridades capitalinas de rechazar que la criminalidad ha crecido en el Distrito Federal ha sido una constante, particularmente en lo que concierne a la presencia y operación de la delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas.
Pero la reiterada negación de las autoridades a reconocer que existe tal problema se tambaleó nuevamente apenas el fin de semana pasado con el hallazgo de una bodega que supuestamente se usaba como “narcolaboratorio” del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. En el lugar se producían entre 100 y 200 kilos de cocaína pura por semana, según reportaron algunos medios.
Unas semanas antes, otro suceso había puesto también la atención en el tema de la inseguridad en la capital del país y la presencia de la delincuencia organizada. Se trató de la muerte del empresario Marco Antonio Cardona Utrilla, dueño del bar Life Love, quien fue asesinado afuera de su negocio, en la colonia Condesa.
Al homicidio siguieron señalamientos de supuestas extorsiones a restauranteros y dueños de bares en esa colonia, una de las de mayor atractivo turístico en la ciudad. Los diarios El Universal y Reforma presentaron denuncias de algunos dueños de negocios, quienes se mantuvieron en el anonimato por temor a represalias.
La respuesta de la SSPDF y la PGJDF frente a estos hechos es ilustrativa de cuál ha sido la forma de reaccionar de las autoridades frente al tema de la inseguridad: primero intentaron minimizar el peso de las denuncias, luego instaron a los afectados a presentar denuncias formales y, finalmente, implementaron un operativo con un arranque espectacular pero que, en sus primeros días, sólo llevó a la detención de dos personas por beber en la vía pública.
“Por supuesto Mancera lo que quiere es seguir con esta imagen bastante esquizofrénica de que en el DF no pasa absolutamente nada”, opinó de la Cuesta.
CIFRAS QUE DICEN POCO
Además de las denuncias de extorsiones en la Condesa, otros hechos recientes han puesto nuevamente en la atención pública el tema de la inseguridad en la capital del país.
El 10 de junio, el video de un policía de investigación que frustra un asalto a un automovilista en avenida Constituyentes, al poniente de la ciudad, al dispararle y herir a uno de los asaltantes, se vitalizó y no tardaron en salir a la luz antecedentes y testimonios que evidenciaban la incidencia de robos en la zona. La reacción de las autoridades fue instalar una caseta de vigilancia en la zona, de la cual los policías tienen que descender a rappel.
Luego, el 6 de julio, en avenida Patriotismo y Holbein, en la delegación Miguel Hidalgo, una mujer fue asesinada tras resistirse a un asalto. La víctima acababa de retirar más de 30 mil pesos de una sucursal bancaria cuando fue interceptada por tres delincuentes; al resistirse a entregar el dinero fue baleada tres veces en el pecho.
Tres días después, el 9 de julio, el periodista Pedro Ferriz de Con fue asaltado mientras hacía una grabación a bordo de un vehículo, en la colonia Lomas Virreyes, también de la delegación Miguel Hidalgo.
Más tarde, el periodista informó a través de su cuenta de Twitter que ese mismo día habían sido asaltadas, en hechos distintos, también la entonces Senadora Alejandra Barrales –hoy convertida en Secretaria de Educación Pública capitalina– y la hermana del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón.
¿Se trató de una desafortunada coincidencia o de sucesos que evidencian un problema ya inocultable de inseguridad en el Distrito Federal?
Si se busca la respuesta con las autoridades, éstas dirán que no, y acudir a las cifras oficiales no servirán para encontrar una narrativa diferente. Pero eso no significa que no ocurra, tal como lo señaló Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), organización que periódicamente analiza las cifras de incidencia delictiva en el país.
Habituado a los datos que fotografían, o deberían fotografiar, la criminalidad en una entidad, Rivas ha sido crítico de esas cifras y la metodología para obtenerlas.
En el caso específico del Distrito Federal, señaló que si sólo se atienden las cifras que reportan la PGJDF y la SSPDF lo que existe es una ciudad relativamente segura, en la que la incidencia delictiva se ha reducido paulatina pero constantemente.
“Sin embargo, lo que vivimos los ciudadanos es otra cosa y me parece que esto ha sido puesto en evidencia en varias ocasiones por casos como el de Constituyentes, el de la Condesa, en donde lo que estamos viendo es que hay aumento de ciertos delitos violentos que la autoridad local parece no querer reconocer”, dijo.
«De igual manera, es desafortunado que no se quiera reconocer la presencia de la criminalidad organizada, que no puede no ser entendida así toda vez que en esta ciudad hay una amplia red de distribución de drogas, que aún los que estén operando sean narcomenudistas lo que vemos son grupos criminales constituidos que reciben las drogas indudablemente por criminalidad organizada”, agregó.
Por tratarse de un delito federal, ese ilícito no figura en las estadísticas que periódicamente reporta la PGJDF sobre incidencia delictiva.
Respecto a otros delitos considerados de alto impacto, en el primer bimestre de este año, la Procuraduría reportó que había registrado 2 mil 249 averiguaciones previas por robo de vehículos; mil 281 por robo a transeúnte en la vía pública; 109 a cuentahabiente saliendo del cajero o banco, 83 robos a casa habitación con violencia, 40 a pasajeros del metro; 36 a pasajeros de taxi; 163 a pasajeros de autobús; 585 robos a negocios; y 188 lesiones por arma de fuego.
Para el mismo periodo, el reporte mensual del ONC mostró que el Distrito Federal figuraba en el primer lugar en robo a negocio y a transeúnte; el segundo en robo con violencia y robo de vehículo; el cuarto en robo a casa habitación y extorsiones; el quinto en homicidio culposo; el sexto en secuestro; y el noveno lugar de casos de homicidio doloso. No obstante que figure entre las 10 entidades con mayor incidencia en delitos de alto impacto, las cifras también han mostrado un descenso en la ocurrencia de casos.
Y, aún así, para el mes de mayo la capital del país registraba 14 mil 250 delitos cometidos durante este año, siendo así la entidad con la segunda mayor incidencia delictiva del país, sólo por debajo del Estado de México.
Rivas planteó que la reducción en las cifras sobre incidencia delictiva no necesariamente significa una mejor comisión de delitos. Por un lado, señaló, habría que considerar que existe una abultada “cifra negra” de delitos que no se denuncian.
De acuerdo con la Envipe, para 2013 sólo el 10.1 por ciento de los ilícitos cometidos en el Distrito Federal se habían denunciado. O lo que es lo mismo, nueve de cada 10 delitos no se denunciaron y, en consecuencia, no figuran en las estadísticas que se basan en las denuncias presentadas y las averiguaciones previas iniciadas.
Por otro lado, continuó Rivas, también debe considerarse la participación del gobierno federal en materia de seguridad, ya que el Distrito Federal es una de las cinco entidades donde más participación tiene para la atención de delitos.
Ejemplificó con el tema del secuestro, en el que la Procuraduría General de la República (PGR) ha llevado casos ocurridos en el Distrito Federal y cuya ocurrencia tampoco figuraría en las estadísticas de la Procuraduría local.
El director del ONC refirió que, a insistencia de organizaciones civiles, a partir de este año lograron que la PGR y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) les reportaran sus datos sobre secuestro en la capital del país. Lo que descubrieron es que sí hay una diferencia entre los números de una y otra instancia.
“Yo creo que hoy los capitalinos sí sentimos que la inseguridad ha empeorado en la ciudad. Los números del Secretariado no nos dicen eso, entonces lo que tenemos que ver es qué pasa, si es porque cada vez la atención de las autoridades es más deficiente o es porque no hay buenos registros. En los dos casos requerimos que la autoridad tome cartas en el asunto”, consideró.
¿CAMBIOS NECESARIOS?
Los cambios en el gabinete del Jefe de Gobierno impactaron las áreas de gobierno interno, educación, movilidad, trabajo, y desarrollo social. Sin embargo, en las áreas de seguridad y procuración de justicia no hubo movimientos.
En opinión de Rivas, una remoción de los titulares de la SSPDF y la PGJDF, Hiram Almeida Estrada y Rodolfo Ríos Garza, respectivamente, no sería lo más relevante, como sí lo sería fortalecer la estrategia de seguridad para la capital.
En el caso de Hiram Almeida, quien llegó al cargo apenas en diciembre de 2014, tras la renuncia de Jesús Rodríguez Almeida al cargo, Rivas consideró que no tendría mucho sentido removerlo. Incluso, sopesó, quitarlo podría ser una mala decisión.
De la Cuesta apuntó que Mancera podría haber usado una justificación similar en el caso del Procurador Ríos Garza, dada la encomienda que tiene respecto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que está a menos de un año de concluir y cuya puesta en marcha en el Distrito federal comenzó este año.
Sin embargo, el Jefe de Gobierno no tuvo siquiera que justificar sus decisiones, a pesar de que él mismo había anunciado la remoción de todo su gabinete para supuestamente evaluarlo. Pero de esa evaluación nada se supo al darse a conocer los movimientos de funcionarios.
Al respecto, de la Cuesta criticó: “Si realmente quiere Mancera relanzar su gobierno esa es un área [la de seguridad] que forzosamente se tiene que incluir, además dar un reporte de resultados concretos. Y eso no nada más para el área de seguridad, sino para todo el gabinete […]. Mancera dice que se hizo con criterios de evaluación pero cuál es la transparencia, qué fue lo que vio él para justificar muchos movimientos que más bien fueron cambios de lugar”.
¿Cuál habría sido el criterio para evaluar el trabajo del Secretario de Seguridad Pública y el Procurador capitalino? Si el Jefe de Gobierno se atuviera a los resultados de la Envipe, según los cuales los Ministerios Públicos y procuraduría local fueron de las autoridades con menos nivel de confianza entre la población, tal vez los funcionarios ya no estarían en sus puestos.
Para Rivas, los problemas que persisten en esas instancias son la corrupción (en el caso de la SSPDF) y la mala atención en las agencias del Ministerio Público, dependientes de la PGJDF. Sin embargo, acota, que no necesariamente eso refleja la conducta de sus titulares sino de quienes desempeñan el trabajo.
Bravo Peralta tiene una postura contraria. Para él, la remoción del titular de una dependencia que no funciona es importante porque son quienes están bajo el escrutinio de la sociedad y, finalmente, es un mensaje que se envía de que si la dependencia a su cargo no funciona, tiene que haber una consecuencia.
“Y si alguien no funciona tiene que haber alguna acción”, apuntó. “Yo creo que los cambios de gobierno tienen que darse cuando no haya resultados”.
Esta semana, en entrevista con la reportera Shaila Rosagel, para este medio digital, el ex presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que había muchos, entre ellos él mismo, que esperaban cambios en el área de seguridad en el gabinete y señaló que el de la inseguridad es un tema que se ha vuelto preocupante para muchos sectores de la población capitalina.
Más allá de cambios en los titulares, subrayó la necesidad de revisar la política de combate a la seguridad
» Lo que sí estoy seguro es que se tienen que revisar las estrategias de combate a la inseguridad, de combate a la delincuencia. Que haya oídos abiertos para que todos los señalamientos que se hagan sobre corrupción, extorsión de jefes policiacos, asaltos, que se armen estrategias para enfrentar eso. Yo creo que hubo un exceso de confianza por la videovigilancia, que han bajado los índices de algunos delitos.
«Espero que Mancera esté claro de que este es un tema, con el que no se puede jugar, por decirlo así. Fue el tema que le dio tanta popularidad y por eso ganó la elección. Es una de sus cartas y áreas fuertes. Yo creo que ahí, más que en ningún otro, como Jefe de Gobierno, está obligado a poner toda su atención y darle prioridad», expresó.
INSTANCIAS DEFICIENTES
En su Informe de labores 2015, la SSPDF presumió la reducción de la incidencia delictiva de 2013 a inicios de este año. Señaló el documento que en 2013 la incidencia delictiva se redujo 12.3 por ciento; al año siguiente 15.9 por ciento y para febrero de 2015, se reportaba una reducción de 8.5 por ciento.
La SSPDF refirió que uno de los indicadores para medir la seguridad es el de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, sobre todo las relacionadas con delitos de alto impacto, las cuales, según la dependencia, “son objeto de un seguimiento puntual”.
Sin embargo, ese indicador es cuestionado por Rivas al hablar de la veracidad de las cifras.
Y no sólo por la “cifra negra” que escapa a cualquier contabilidad, sino a los casos que terminan por no contabilizarse debido a la ineficacia en la atención que los ciudadanos reciben en las agencias del Ministerio Público, de acuerdo con Rivas.
El director del ONC refirió que ha detectado casos en los que el personal en las agencias del Ministerio Público “hace lo posible por no recibir las mismas”, dilatando o haciendo engorroso el procedimiento o de plano haciendo comentarios a los ciudadanos que sugieren la inutilidad de la denuncia.
Esa actuación, señaló, no sólo desincentiva las denuncias, sino que también podría explicar el porqué de la reducción de índices de incidencia de ciertos delitos.
Otro elemento para atender al hablar de la ineficacia de las instancias de seguridad lo brindó recientemente la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que en su más reciente informe de revisión a la Cuenta Pública del gobierno capitalino detectó fallas en el uso de recursos federales transferidos a la SSPDF a través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
De forma general, la Auditoría señaló deficiencias en la Secretaría en el control interno para el uso de los recursos del Subsemun, que tan sólo para ese año contempló una bolsa de 338 millones 553 mil pesos, de los cuales el 80 por ciento (270 millones 842 mil 400) serían ejercidos por la SSPDF en beneficio de las 16 delegaciones y el 20 por ciento restante (67 millones 710 mil 600 pesos) lo ejercería directamente dicha dependencia.
La Auditoría fiscalizó los recursos entregados a través del Subsemun a cuatro delegaciones: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xochimilco.
Se trata de cuatro delegaciones clave al hablar del tema de inseguridad en la capital del país, pues las dos primeras figuran entre las demarcaciones con mayores índices de delitos cometidos, mientras que las otras dos merecieron la atención pública el año pasado por hechos relacionados con el incremento de la delincuencia.
En el caso de la delegación Iztapalapa, la Auditoría señaló que no tiene procedimientos específicos para verificar los rubros en que se ejercerá el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; mientras que en Gustavo A. Madero, se detectó que la delegación no contó con procedimientos para verificar que los rubros en los que se ejercieron recursos del Subsemun reunieran los requisitos necesarios.
En general, concluyó el órgano fiscalizador, la SSPDF no tuvo mecanismos para regular el cumplimiento de los requisitos del Subsemun ni para entregar los informes mensuales y trimestrales al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Las otras dos delegaciones revisadas por la Auditoría fueron Tlalpan y Xochimilco, donde los señalamientos respecto a la falta de control en el uso de recursos fueron similares.
En el caso de Tlalpan, en marzo del año pasado, corredores del Bosque de Tlalpan denunciaron en medios que eran frecuentes los asaltos en esa zona. Meses más tarde, en octubre, siete atletas y un asistente fueron secuestrados en el Ajusco y días después rescatados. Entre los plagiados se encontraba Fabiola Corona, triatleta olímpica, y Carlos Probert, también triatleta y entrenador.
Luego, en la misma zona fue secuestrada y asesinada una estudiante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Anayeli Bautista Tecpa. Su cadáver fue encontrado el 10 de diciembre de 2014.
Posteriormente, el abogado retirado del servicio de Justicia Militar Álvaro Sánchez Mirus, fue decapitado en su casa, ubicada en la carretera Picacho-Ajusco. También le cercenaron un brazo.
El hallazgo de Sánchez Mirus ocurrió luego de que autoridades capitalinas y del Estado de México implementaran el programa Escudo Centro en la zona, a fin de vigilarla.
No obstante los hechos, en su momento el Subprocurdaor de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, Óscar Montes de Oca, afirmó que la inseguridad era una mera “percepción” ciudadana.
También en octubre, habitantes de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, se armaron con machetes, palos, tubos y rifles para defenderse de los delincuentes, luego de que en septiembre pobladores detuvieran a un hombre que supuestamente había intentado violar a una mujer, Días después, otros dos sujetos fueron sorprendidos cuando intentaban asaltar a un vecino.
Entonces los testimonios de robos a negocios y asaltos comenzaron a salir a la luz, y fue así que los pobladores decidieron armarse y organizar grupos de vigilancia y defensa. En la colonia La Concepción Tlacopan también se organizaron para realizar “patrullajes” de vigilancia por calles de la zona.
La respuesta del Secretario de Seguridad Pública fue que no advertiría que los pobladores hicieran justicia por cuenta propia, de modo que ordenó a las áreas de participación ciudadana y prevención del delito que dialogaran con ellos.
