Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).— El decreto presidencial que el pasado 9 de julio firmó el Presidente Enrique Peña Nieto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad, ilustra una práctica que se han vuelto constante en el país: la afectación de pueblos originarios para favorecer la construcción de proyectos de infraestructura o inmobiliarios, recurrentemente para beneficio privado y siempre con el aval de las autoridades.
En el caso de San Francisco Xochicuautla la obra que afectará a la comunidad otomí es la autopista privada Toluca-Naucalpan. La empresa que se beneficiaría de la construcción de la autopista es Autopistas de Vanguardia (Autovan), subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, que pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa y tiene la propiedad legal de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial en Las Lomas.
Los pobladores consideran que la obra violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó la obra. La construcción de labora fue concesionada en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, buscando su cancelación definitiva.
Sin embargo, el pasado 9 de julio el Presidente Peña Nieto emitió un decreto de expropiación de casi 38 hectáreas de la comunidad, argumentando la “utilidad pública” de la obra, debido a que la autopista conectará la Ciudad de México con Toluca, la capital mexiquense . De acuerdo con el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el 26 de septiembre de 2014 el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México había solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano, y ésta se otorgó al considerarse que la construcción de la autopista «resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México».
A decir del coordinador general del Caentro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara Duque, en el Estado de México se ha implementado una política que resulta “una suerte de despojo de tierras, territorios, de agua, de bosque, sobre todo en los pueblos indígenas”.
Ello ha sido consecuencia de la saturación de la zona metropolitana, frente a lo cual la respuesta de las autoridades ha sido “despojar” a las comunidades que aún gozan de territorio y de recursos naturales, expuso el defensor de derechos humanos.
El CDHZL –cuyo campo de trabajo es el territorio mexiquense– ha detectado que esta política se ha focalizado en el Valle de Toluca, desde el municipio de Lerma y hasta el de Nicolás Romero, en la zona norponiente del estado, así como en torno a las llamadas Ciudades Bicentenario, proyectos de desarrollo urbano impulsados durante la gubernatura del actual Presidente, Enrique Peña Nieto, en los municipios de Atlacomulco, Almoloya de Juárez, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. En esos casos, las afectaciones al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura para éstos han sido para las comunidades aledañas, a las que se buscaría “despojar” de sus recursos naturales.
En la capital del país también los pueblos originarios enfrentan un proceso de defensa de sus territorios frente a proyectos de infraestructura o inmobiliarios, de acuerdo con Anaid Ortiz Becerril, jefa de la Unidad Departamental para la Atención de Comunidades Étnicas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec). Sin embargo, puntualizó, los pueblos originarios del Distrito Federal encaran además la falta de reconocimiento como tales, en muchos casos por encontrarse dentro del área urbana de la capital del país.
De acuerdo con Ortiz Becerril, el eje de los problemas que padecen los pueblos originarios en la capital del país tiene que ver con el territorio. Y es que la relevancia del territorio para un pueblo originario no se explica sólo por la propiedad de la tierra, sino por el significado que tiene, en tanto sustento de su identidad y de sus actividades comunitarias, expuso.
“El eje de la vida comunitaria es el territorio, entonces al hacer esto [obras de infraestructura] se divide el territorio, se cambia el uso de suelo […]. Claro que hay un fuerte impacto, se cambia la forma de vida comunitaria”, señaló.
El caso de San Francisco Xochicuautla, en el municipio mexiquense de Lerma, resulta ilustrativo al respecto. Además de la destrucción de flora y fauna que supondría la construcción de la autopista, el trazo de ésta atraviesa la ruta ancestral de los otomíes hacia el Cerro de la Campana. Para los otomíes, se trata del sitio donde se originó la vida, explicó Lara Duque.
Cada año, el pueblo otomí sube al cerro para pedir que llegue la lluvia; una vez pasada la temporada fluvial, regresan para dar gracias. Considerando que se trata de un pueblo íntimamente ligado a la agricultura, señaló el defensor de derechos humanos, es natural que se pida y agradezca la lluvia.
Con la construcción de la autopista, dijo, los otomíes ya no podrían cruzar hacia el Cerro de la Campana.
El investigador Edmundo del Pozo, del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que existe un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos, y en particular a derechos de los pueblos indígenas, como consecuencia del diseño, aprobación e implementación de proyectos de desarrollo que se centran en los territorios de dichas comunidades.
En entrevista, explicó que la proliferación de megaproyectos y obras de infraestructura se extendió a partir de los años noventa, cuando la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte flexibilizó el marco legal mexicano con el propósito de atraer inversión extranjera. Más recientemente, esa misma práctica se repitió con la Ley Minera y la Ley de Hidrocarburos, como parte de las modificaciones legales de la reforma energética aprobada el año pasado.
“Hay un marco legal en México que favorece y permite la proliferación de estos proyectos”, señaló del Pozo en referencia no sólo a las obras de infraestructura, sino también a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos, inmobiliarios o turísticos. “Hay un marco que privilegia que esto suceda y que le da un trato preferencial a las empresas y los particulares por encima de los derechos humanos”.
FALTA DE RECONOCIMIENTO
Ortiz Becerril expuso que existen varios rasgos que definen a un pueblo originario como tal. Entre ellos, la organización comunitaria, que se desarrolla por la interacción de rituales como las festividades o la conformación de mayordomías; el trabajo comunitario; las redes de solidaridad y reciprocidad que crean con otras comunidades; y la memoria colectiva como instrumento de reproducción de su historia.
En el Distrito Federal existen 120 pueblos y 17 barrios originarios reconocidos, de acuerdo con el Anteproyecto de la Iniciativa de Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en el Distrito Federal.
Sin embargo, hay una parte de la ciudadanía que desconoce su existencia, señaló Ortiz Becerril. Ese desconocimiento puede derivar en conflictos entre los habitantes de pueblos originarios y personas avecindadas, es decir que llegan a residir a los pueblos, si los segundos no comparten ni tienen interés en conocer sus tradiciones o ser parte de ellas.
Refirió que, por ejemplo, en las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo –donde existen nueve y cinco pueblos originarios, respectivamente– en las fiestas patronales ya no se permite el uso de pirotecnia como antes se acostumbraba o se limitan las procesiones o fiestas sólo a ciertas calles.
“Esto es conflictivo para la gente originaria porque es su espacio, el uso de su espacio”, consideró Ortiz Becerril.
En el caso mexiquense, explicó el coordinador del CDHZL, existe una Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. Sin embargo, dijo, es quizá la legislación local menos armonizada con los instrumentos internacionales, la “mas pobre” de todo el país.
Lo anterior porque no reconoce el principio internacionalmente reconocido de la autoadscripción, que supone el reconocimiento de una comunidad indígena cuando ésta se considera a sí misma como tal, expuso Lara Duque.
Por el contrario, continuó, la ley mexiquense establece que el reconocimiento de los pueblos lo concede el gobierno.
“Obviamente esa posición lo único que genera es un ejercicio clientelar de lo indígena. Es decir el gobierno reconoce a los pueblos indígenas que están con él, y eso es evidentemente un conflicto que genera una política sesgada en materia indígena”, valoró.
El reconocimiento de un pueblo originario como tal no es asunto menor cuando se trata de la defensa de sus recursos y territorio, ya que de eso depende la aplicabilidad del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de consulta previa.
Dicho convenio estipula que los pueblos originarios tienen derecho a que se les consulte de forma previa, libre e informada sobre proyectos que los afecten. De modo que el reconocimiento de una comunidad como pueblo originario puede ser la diferencia entre que se le reconozca también su derecho a la consulta o no.
Sobre la relevancia de ese reconocimiento sabe el abogado Alejandro Vázquez, quien representa legalmente a la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, en la delegación Xochimilco. En esa comunidad se pretende construir el proyecto inmobilario Tepepan Country Club, consistente en un club hípico y 86 residencias.
La comunidad de Santa Cruz Xochitepec, considerado un pueblo originario por la Sederec, rechazó el proyecto y emprendió un proceso jurídico reclamando la violación de su derecho a la consulta.
El caso llegó al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que a principios de junio negó un amparo a la comunidad al no reconocerle su estatuto de pueblo originario. Vázquez refirió que dos de los tres magistrados del Tribunal -José Antonio García Guillén y Eugenio Reyes Contreras, magistrado presidente- rechazaron conceder el amparo usando argumentos “racistas y discriminatorios”, como argüir que en el Distrito Federal ya no había pueblos indígenas porque la gente ya vive en un ambiente urbano, va a la universidad y no usa indumentaria tradicional indígena.
A decir del abogado, en el Distrito Federal hay un desconocimiento general sobre los pueblos originarios, lo que conduce a resoluciones como la de Santa Cruz Xochitepec.
Por eso, dijo, era relevante conseguir el amparo, a fin de abrir esa vía para que otros pueblos originarios en la capital del país que estén siendo afectados por proyectos inmobiliarios o de infraestructura pudieran usarlo como precedente para defenderse y exigir una consulta.
“Cuando hablamos del Distrito Federal-Ciudad de México, parece que obviamos o hacemos como que no están ahí […]. Lo que nosotros queremos abrir con este caso es poner el tema en la mesa de la opinión pública que existen pueblos originarios, para (impulsar) que podamos tener una resolución de este tipo en el futuro”, dijo.
Vázquez no recuerda un caso en el Distrito Federal en que se haya hecho una consulta de un pueblo originario para este tipo de casos.
La Sederec impulsó una Iniciativa de Ley para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal, en la que incluye el derecho a la consulta para casos como la ejecución de obra pública que afecte sus territorios o recursos, el otorgamiento de concesiones y permisos sobre sus tierras y en los planes y programas de desarrollo. Según esa iniciativa, los resultados de la consulta serán respetados y serán vinculatorios.
Sin embargo, a la fecha esa iniciativa está congelada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
PUEBLOS ORIGINARIOS VS. OBRAS
Si existiera ya una ley de pueblos y barrios originarios en el Distrito Federal, posiblemente algunas obras que se han realizado en la ciudad pese al rechazo de los habitantes no habrían progresado, al tratarse de proyectos que afectaron a pueblos originarios.
Uno de los casos mejor documentados es el de la llamada Supervía Poniente, una autopista de cuota construida en la gestión de Marcelo Ebrard y que une Periférico Sur con la zona de Santa Fe, fue rechazada por habitantes de las comunidades que serían afectadas por sus efectos negativos para la ecología, el suministro de agua y hasta la movilidad.
En Azcapotzalco, al norte de la ciudad y asentamiento prehispánico en la ciudad, la implementación del proyecto Foro Estadio-Azcapotzalco, que implicaba la construcción de la Arena Ciudad de México, con un aforo de 10 mil personas, tuvo el rechazo de pobladores de los barrios San Bernabé Acolnohuac, San Martín Xochinahuac, Santa Bárbara Tetlanman y Santa Catarina Atzacualco, entre otras. La oposición fue porque consideraban que el proyecto sólo favorecería a la iniciativa privada y propiciaría el desplazamiento, además de afectaciones en los servicios públicos.
En octubre de 2013, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación respecto a las afectaciones provocadas por la construcción de la Arena Ciudad de México. En ésta, se refirió que se había vulnerado el derecho de a la consulta de los pueblos y barrios aledaños a la obra.
Otro caso es el de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón. En mayo de 2014 fueron desplegados más de mil 500 granaderos para “resguardar” una obra hidráulica contra la que los vecinos protestaban. Los pobladores rechazaban la obra porque acusaban que su propósito era el desvío del agua del manantial de la zona hacia el área de Santa Fe. El 22 de mayo, los granaderos bloquearon todos los accesos y salidas del pueblo y encapsularon a los pobladores, lo que derivó en violentos enfrentamientos entre policías y pobladores y la detención de cinco de ellos.
Contrario a las agresiones y la campaña de desprestigio que hubo en contar de los habitantes de San Bartolo Ameyalco, nada se mencionó sobre su carácter de pueblo originario y, como tal, la violación a sus derechos a la consulta previa, al territorio y el derecho a la disposición de los recursos naturales.
En la Delegación Benito Juárez, la construcción del conjunto Ciudad Progresiva, que incluía la edificación de la Torre Mitikah, en el pueblo de Xoco también despertó la oposición de vecinos. El pueblo está en el listado de pueblos originarios de la Sederec.
Actualmente, Oswaldo Mendoza, habitante del pueblo, mantiene un proceso judicial para detener las obras del proyecto. Él también ha alegado que no existió una consulta a la comunidad para el desarrollo de la obra.
En el caso de San Francisco Xochicuautla, Lara Duque consideró que en la entidad el derecho a la consulta “no sólo no se respeta, sino que se agrede el derecho indígena”, porque en el decreto que firmó Peña Nieto aseguró que había habido un proceso de consulta, lo que él rechazó.
Del Pozo apuntó que el derecho a la consulta de las comunidades es un derecho que se viola “casi de oficio” en el país, pues el desarrollo de megaproyectos se ha hecho prácticamente al margen de la opinión de las comunidades afectadas. En ello, el investigador calificó el rol del gobierno como “muy cuestionable”, debido a que ha diseñado un marco legal favorable para las empresas y simula que protege los derechos humanos de las comunidades afectadas.
“Estamos viendo la complicidad que está teniendo el Estado mexicano, en realmente privilegiar a unos pocos y afectar de fondo los derechos sobre todo de los grupos más afectados, que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y en vez de ser realmente el garante de esos derechos opera haciendo todo lo contrario”, criticó.
