Daniel Ortega, que gobernó por primera vez de 1985 a 1990, volvió al poder en 2007 y a sus casi 76 años busca su tercera reelección para un quinto mandato presidencial, el cuarto de forma consecutiva.
MANAGUA (AP) — La organización Human Rights Watch (HRW) instó el martes a Naciones Unidas a “incrementar presión” sobre el Gobierno de Daniel Ortega para revertir la “campaña de violencia y represión” contra los opositores y asegurar elecciones libres y democráticas el próximo 7 de noviembre.
En un informe “Arremetida contra críticos en Nicaragua”, HRW pidió a Naciones Unidas “intensificar su rol” ante la situación y recomendó invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para que el Consejo de Seguridad trate el tema “como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar la estabilidad en la región”.
Señaló que los recientes arrestos parecen ser “parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo”. Hasta el lunes por la noche habían sido detenidos 18 opositores, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, una ex primera dama, dos exguerrilleros, dos ex vicecancilleres, dos empresarios y cuatro activistas.
“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El informe de 38 páginas destacó que más de 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir tras la revuelta social de abril de 2018, y dos terceras partes de ellos ha buscado refugio en Costa Rica, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las protestas de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares afines al gobierno, con un saldo de 328 muertos, otros 2 mil heridos y cientos de detenidos de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno sandinista solo reconoce 200 fallecidos y atribuye la rebelión a un “fallido golpe de Estado”.
“Graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos, han quedado en la impunidad”, subrayó HRW.
Recordó que la reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, cuando HRW pidió a los países miembros de la ONU a “presionar” a Ortega “para que cesara la brutal represión contra manifestantes, disolviera los grupos armados partidarios del gobierno y juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos”.
Citando a organismos humanitarios de Nicaragua, el informe de HRW señaló que 124 personas críticas al gobierno estaban detenidas hasta junio y que “la mayoría había estado encarcelada por más de un año”. Agregó que entre las prisioneras “hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención”.
Indicó que entre enero y junio HRW entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores que fueron víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias. Añadió que el 14 de mayo solicitó información oficial sobre esos casos, pero no ha recibido respuesta.
Tras señalar que “Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad”, el informe calificó como “detención arbitraria” el asedio que realizan policías “y a veces militares” frente a las casas de opositores, a quienes les impiden salir incluso a citas médicas o a llevar a sus hijos a la escuela.
HRW destacó que “la reciente ola de arrestos y persecución” se fundamenta en nuevas leyes (Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y Cadena Perpetua) “que violan las garantías al debido proceso establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, y que están siendo utilizadas para disuadir la crítica, dar una apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias y mantener a críticos encarcelados para impedir su participación política”.
El documento indicó que Ortega usó su mayoría en el Parlamento para aprobar reformas electorales “que impiden que candidatos opositores participen en las elecciones”, mientras designó a “simpatizantes de su partido” como nuevas autoridades del tribunal electoral y bloqueó la participación de una de dos principales coaliciones opositoras que competirían en los comicios de noviembre.
Daniel Ortega, que gobernó por primera vez de 1985 a 1990, volvió al poder en 2007 y a sus casi 76 años busca su tercera reelección para un quinto mandato presidencial, el cuarto de forma consecutiva.
“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, dijo Vivanco.
