El pasado 1 de mayo de 2019, Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró que buscaría retomar las riendas del magisterio y aseveró que “sacará de su casa a quienes los pusieron de rodillas” durante una reunión que sostuvo con docentes afiliados al sindicato y a la organización Maestros por México, con motivo del Día del Trabajo.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), Elba Esther “La Maestra” Gordillo, quien se convirtió en una poderosa dirigente magisterial en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012; es decir, antes de las elecciones que llevaron a Enrique Peña Nieto al poder, dicen los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil en el diario español El País.
El intento de “La Maestra” de abrir una cuenta en la BPA –justo cuando terminaba la gestión de Calderón–, se produjo diez meses antes de que la sindicalista fuera detenida en el Estado de México por desvío de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, explica el medio. Gordillo fue acusada de saquear al SNTE a través de un entramado de cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein. Fue absuelta de los cargos porque “no se pudieron acreditar las acusaciones”.
“La sindicalista indicó a esta entidad financiera que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009. Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movió 120 millones de dólares”, detallan los periodistas en un reportaje publicado esta mañana.
La sindicalista, agregan Irijo y Gil, “preveía justificar la transferencia del dinero desde México a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportación. Y, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo”.
Pero el comité de prevención de blanqueo de la BPA, órgano del banco encargado de autorizar la apertura de cuentas de clientes de riesgo, “rechazó admitir a Gordillo tras analizar informaciones periodísticas sobre su ‘inexplicable riqueza’”.
“El banco también destacó, según un documento interno, la ‘falta de transparencia’ en la gestión de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012)”, asegura El País.
“‘El patrimonio de la familia de la señora Gordillo se ha generado por la posición política de ella’, advirtió la entidad financiera en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 en la que reseñaba las ‘muchas propiedades y el gran patrimonio en México’ de la sindicalista. El documento justificaba la negativa del banco como cautela para evitar un riesgo reputacional”, agrega.
El 6 de enero de este año, “La Maestra” ganó un juicio de amparo contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que la libró de pagar nueve millones 431 mil 418 pesos con 24 centavos en impuestos. El SAT le atribuyó a Gordillo el pago del impuesto sobre la renta (ISR) por el ejercicio fiscal de 2012, pero ella se amparó.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) decidió dejar sin efecto la sentencia que emitió el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 4 de septiembre de 2019. Con él, la exlideresa sindical estaba obligada a pagar recargos y multas del ejercicio fiscal 2012.
El TFJA otorgó el amparo a Elba Esther Gordillo porque consideró que el SAT realizó un análisis deficiente de las pruebas aportadas durante la revisión del recurso de revocación. Las pruebas, concluyó el TFJA, “resultan claramente suficientes para acreditar que los depósitos y gastos observados no afectaron positivamente el patrimonio de la quejosa, sino que consistieron en gastos de representación del SNTE; es decir, se trata de gastos erogados que benefician directamente al sindicato”.
La ponencia fue prestada por el Magistrado Carlos Chaurand, se discutió de manera virtual y obtuvo siete votos a favor y tres en contra.
Gordillo regresó a la vida pública en agosto de 2018, después de estar presa cinco años acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El 20 de agosto de 2018, en la que era su primera aparición pública tras su exoneración, la sindicalista, de 73 años, volvió a la esfera pública con todo y arropada por los suyos, que no dejaron de aplaudirla. “Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona y es producto de una persecución política, de acoso e injusticia”, dijo en esa ocasión tono teatral.
También atacó al Gobierno del entonces Presidente Peña por una “orquestación perversa” en su contra, que compraron los medios. Pero “hoy esta guerrera está en paz”, continuó la mujer, acusada de desviar dos mil 600 millones de pesos de fondos sindicales para beneficio personal.
