La SCJN dio un plazo de cinco días hábiles para que el Poder Legislativo de Tamaulipas manifieste lo que a su derecho convenga.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el recurso de reclamación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el deshecho de la controversia constitucional por el fuero de Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas.
Este caso fue turnado a una Ministra por la SCJN, a fin de que elabore un proyecto. Asimismo, la Corte dio un plazo de cinco días hábiles para que el Poder Legislativo de Tamaulipas manifieste lo que a su derecho convenga.
A penas el 21 de mayo, el Congreso de Tamaulipas interpuso una nueva controversia constitucional ante la SCJN contra la Fiscalía y el Juez de Distrito que concedió la orden de aprehensión girada en contra del Gobernador de Tamaulipas.
“La orden de aprehensión de referencia afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 14 de mayo por un Ministro de la SCJN”, detalló el Congreso por medio de un comunicado.
Además, determinó no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cual implica que García Cabeza de Vaca mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.
El Congreso también aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas abra una carpeta de investigación contra el Juez que giró orden de aprehensión contra el Gobernador.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que trató con tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma al sector eléctrico y que no vio el tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El martes 4 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de procedencia del proceso de desafuero en contra del Gobernador; un Juez obsequió la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca; pero antes, un Ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, desechó un recurso legal promovido por el Congreso de Tamaulipas en una aparente contradicción dentro del mismo Poder Judicial.
Por su parte, el Presidente exhibió un oficio que envió el Departamento de Justicia Estados Unidos, en el que solicita información sobre García de Cabeza de Vaca, y dijo que habría sido una vergüenza que “este señor” hubiera sido detenido allá y no aquí, como ha pasado históricamente con políticos mexicanos.
El pasado 30 de abril, el Congreso federal aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el derechista Partido Acción Nacional (PAN) tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.
Poco después de la controversia, y a través de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Tamaulipas calificó su desafuero como un “golpe a la Constitución y a la democracia, pero, sobre todo, al federalismo”.
Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
El caso genera interés porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando casi 93,5 millones de personas están llamadas a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y mil 900 Ayuntamientos.
García Cabeza de Vaca, elegido de 2016 a 2022, también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la reforma energética del entonces presidente, Enrique Peña Nieto.
