La Reforma Energética, aprobada en 2013, permitió la participación de privados en el sector eléctrico para producir energía fotovoltaica (solar) y eólica (viento). Si bien las energías renovables fueron un paso adelante, la forma en que las empresas se instalaron en las comunidades de Oaxaca y Yucatán violaron los derechos de los pueblos: pagaron rentas mínimas por la explotación de tierras, no se realizaron consultas previas y el Gobierno, con ayuda de la CRE, aprobó proyectos antes de consultar a los habitantes, documentaron pobladores quienes reviven sus quejas en medio de un momento convulso en el sector energético mexicano.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– «Tenemos un proyecto que a ustedes como ejido les va a dejar mucho dinero; solo necesitamos que se convoque a una asamblea», le dijeron en 2016 al comisario ejidal de la localidad de Sinanché, que se ubica al norte de la Península de Yucatán. Días después se realizó la reunión, llegaron los ejidatarios y representantes de una empresa que construiría un parque eólico. Les prometieron un pago justo por la renta de sus tierras y una consulta previa, libre e informada. Pero los engañaron. Los contratos que se firmaron eran «completamente leoninos», en ninguno se estipulaba alguna sanción si se incumplía con los pagos o si se destruían los ecosistemas, contó Ezer R. May May, defensor de los pueblos mayas.
Así fue como la mayoría de las empresas llegó a Yucatán y a Oaxaca a construir parques eólicos luego de que en el año 2013, la recién aprobada Reforma Energética permitió la participación de privados en el sector eléctrico y la explotación de hidrocarburos. Ahora, cuando el sector energético mexicano atraviesa por un momento convulso debido a un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de una disposición de la Secretaría de Energía que limita la generación de energía renovable, estas compañías vuelven a colocarse en el centro de atención, pues si bien es cierto que México requiere el desarrollo de energías limpias, éste no debe violar los derechos humanos.
«No es que no nos parezca importante un parque eólico o que no sea necesario transitar a una nueva forma de producción eléctrica y energética, con lo que estamos en desacuerdo es en cómo llegaron las empresas», explicó Ezer, quien logró frenar en Kimbilá (localidad del municipio de Izamal ubicada a 45 kilómetros de Mérida) un parque eólico de la empresa española Elecnor.
El también antropólogo e historiador destacó que la resistencia de los pueblos no es en contra de los megaproyectos, en este caso los parques eólicos, sino en las formas en que se establecieron: engañando a los ejidatarios.
«La empresa llega y busca al comisario ejidal y le da dinero, luego el comisario se asombra y le dice que va a convocar a una asamblea. Entonces, el comité ejidal lo que hace es invitar a los ejidatarios y trata de convencerlos de que acepten el proyecto, de tal forma que cuando ya se realizan las asambleas todos los ejidatarios están de acuerdo en firmar los contratos», dijo Ezer a SinEmbargo, quien también colabora en el Foro para el Desarrollo Sustentable AC.
Pero el desencanto para los ejidatarios de Oaxaca y Yucatán llegó días después, ya cuando se habían firmado los contratos.
Algunas veces las empresas no depositaban o lo hacían días después de lo acordado. En otras ocasiones era el comisario quien les reducía el monto a los ejidatarios argumentando que era para el mantenimiento del comisariado ejidal.
«El asunto es que los contratos que se firmaban eran completamente leoninos, ni siquiera eran revisados a conciencia», expuso Ezer May. «Nosotros tuvimos acceso a dos contratos que se firmaron y en ninguno se estipulaba alguna sanción por si la empresa incumplía los pagos prometidos».
El activista detalló que si el ejido quería demandar a la empresa por incumplimiento de contrato por no pagarles a los ejidatarios era complicado porque el contrato que se había firmado no tenía contemplado que existiera una sanción por esta causa, pero sí las había para los habitantes en caso de que el ejido incumpliera en ya no querer rentarles sus tierras.
Sobre este tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su decisión de limitar la generación de energías renovables denunciando esta semana en su conferencia mañanera que hubo “contratos leoninos muy favorables a las empresas particulares», pero el Ejecutivo federal se refería a la parte de la competencia, a que excluyeron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no a las afectaciones de los pueblos.
Para el año 2018 se tenía el registro de aproximadamente 18 parques eólicos y 11 proyectos fotovoltaicos (solar) ubicados en 32 localidades de Yucatán. De éstos, siete proyectos enfrentaban demandas ante tribunales agrarios. Por ejemplo, el Parque Eólico Sinanché (operado por las empresas Fuerza y Energía Limpia de Yucatán y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán), el Parque Chacabal 1 y Parque Chacabal 2, (de Aldesa Energía Renovables) y el Parque Eólico Cansahcab (de la empresa BHCE Yucatán 1).
Esta semana, el Cenace ordenó la reactivación a última hora del martes de las pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras recibieran amparos judiciales, según información de la agencia EFE.
El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación. Había suspendido las actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.
Sin embargo, según un documento emitido por el regulador y proporcionado a EFE por fuentes del sector, el regulador autorizó ya a última hora del martes la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.
De acuerdo con la plataforma de datos abiertos del Gobierno federal, actualmente hay al menos 154 empresas con permisos para generar electricidad con energía renovable (solar, hidráhulica y eólica) que están operando en los estados de Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Coahuila, Durango, Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Querétaro.
VIOLACIONES EN EL ITSMO
El Istmo de Tehuantepec, conformado por los distritos de Juchitán y Tehuantepec en el estado de Oaxaca, es una región que se caracteriza por vientos dominantes que vienen del Golfo de México y desembocan por una cadena de montañas hacia el Pacífico. Una cualidad que la hace atractiva para las empresas que producen energía eólica.
Desde el cielo se observa un espectáculo con miles de aerogeneradores que dan vueltas impulsados por las ráfagas de viento. Abajo, ya en tierra firme, solo hay caminos sin pavimentar que conducen a localidades como el fraccionamiento Simona Robles, una zona arbolada del municipio de Juchitán. No hay escuelas de nivel básico (preescolar y primaria) ni agua potable. Las casas son unos cuartos pequeños con techos de lámina donde habitan pobladores quienes nunca vieron las promesas de la Reforma Energética.
Como sucedió en Yucatán, a Oaxaca llegaron empresas, muchas de ellas extranjeras, para instalar parques eólicos como el Proyecto Eólica del Sur, el parque eólico más grande de América Latina con 132 aerogeneradores en una superficie de 5 mil 332 hectáreas.
Este proyecto, donde se realizó la primera consulta con el marco legal de la Reforma Energética, es clave para entender las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por parte de las empresas de energías renovables.
En el año 2014, el Gobierno federal anunció que se realizaría una consulta con los pueblos del Istmo de Tehuantepec en donde Proyecto Eólica del Sur pretendía instalarse, pero durante ese periodo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entregó a la empresa la autorización para explotar la energía eléctrica, pese a que los estándares internacionales señalan que la consulta tiene que ser previa y que los pueblos deben participar hasta en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, encabezó entonces una lucha en contra del proyecto que pretendía instalarse desde el 2015.
Durante la consulta, denunciaron pobladores, hubo presiones por parte de los arrendatarios, constructores y caciques locales, quienes amenazaron a las organizaciones contrarias al proyecto. Estas irregularidades fueron denunciadas por integrantes del pueblo Binnizá en septiembre de 2015 y se logró suspender el proyecto por casi tres años hasta que un cambio de juez benefició a la empresa.
“En febrero de 2016 cambian al juez que nos dio el amparo y lo mandan hasta Tamaulipas. Después de eso llega el juez para sobreseer (suspender el procedimiento judicial) el amparo”, explicó Bettina en una entrevista con la organización Fundar en el año de 2018.
A partir de entonces, las comunidades iniciaron una lucha para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual le dio entrada de forma unánime para su análisis.
Sin embargo, en noviembre de 2018, la Primera Sala de la SCJN negó el amparo a la asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Con tres votos a favor y dos en contra, se determinó que sí se realizó una consulta a la población sobre el parque eólico, pese a que el proceso se inició antes de la publicación de la convocatoria.
Los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Hernández Piña votaron a favor del amparo a los pueblos, al considerar que no se respetó el derecho a la consulta.
Actualmente hay 1,915 aerogeneradores en 25 parques eólicos y ni uno de ellos ha sido con la consulta previa libre e informada, denunciaron pobladores.
“Las empresas dicen que traen mucho progreso y muchas ganancias, pero se vive en una pobreza extrema”, dijo Mariano López Gómez, habitante de Juchitán en un video de la organización Cencos. “Ya no queremos que se instale ni un solo aerogenerador más. No queremos que esta energía siga alimentando a las grandes transnacionales”.
HACIA UNA ENERGÍA VERDE SIN VIOLAR DERECHOS
Organizaciones como Greenpeace, El Poder del Consumidor, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Iniciativa Climática de México coincidieron en que es necesario que México transite de una energía fósil a las renovables, pero sin violar los derechos de los pueblos.
Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, reconoció que algunas de las empresas eólicas cometieron los mismos errores de los megaproyectos extractivistas.
«Aquí hablamos de un problema de la lógica de implementación de los proyectos, muchos de los proyectos de energías renovables que se han implementado van siguiendo esta misma lógica de megaproyectos extractivistas, basados en la violación de los derechos humanos y en el despojo. Nosotros creemos que una transición energética que viola los derechos humanos y que afecta ecosistemas tampoco es una solución», dijo esta semana durante una conferencia.
Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, consideró que se debe mejorar el marco de planeación del sector energético para evitar estas irregularidades: «La transición energética sí, pero no a cualquier costo. Se debe mejorar el marco de planeación del sector energético para que garantice la consulta indígena previa, libre e informada. Es el momento adecuado para hacer una revisión y mejoras. Los proyectos de las termoeléctricas tampoco respetaron los derechos de las comunidades».
