[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “Esta coalición que hoy firmamos es a favor de las y de los mexiquenses. Nos comprometemos todos a llevar a cabo una campaña electoral austera, limpia y propositiva” (Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, durante la Firma de Convenio de Coalición Electoral en el Estado de México, el 22 de enero de 2017).
EL HECHO: El Partido Revolucionario Institucional (PRI) asegura, por un lado, que jugará limpio; y por el otro, al parecer, estira los largos dedos de su estructura para coaccionar el voto. Al menos así lo acusa la oposición del Tricolor; y así lo indican algunos hechos. El viernes de la semana pasada, Josefina Vázquez Mota, aspirante blanquiazul a la gubernatura del Estado de México, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que existen suficientes elementos para impugnar la elección en la entidad. “Se está llevando la elección a un terreno que puede terminar en una impugnación y en la petición de nulidad de la elección […]; [observamos] las amenazas y dádivas y esta cooptación del voto que verdaderamente está quebrantando toda la Ley”, dijo. “Cada día aparece una tarjeta nueva en el domicilio de miles y miles de mexiquenses por parte del PRI; una tarjeta que trata, sin duda alguna, de comprar esta voluntad, de comprar el voto”, añadió. Por ello, Acción Nacional presentará una denuncia, según dijo la otrora candidata presidencial (2012). Sin embargo, este tipo de acusaciones no son nuevas. En meses pasados, los gobiernos federal y estatal han sido acusados de usar los programas sociales para beneficiar al PRI en las elecciones intermedias. Empero, el partido no ha dejado de negar las acusaciones en su contra. «La ley nos lo permite, la veda inicia el 2 de abril, el 3 de abril, cuando inicien las campañas. Aún estamos en nuestro derecho, todos los funcionarios públicos de todos los partidos, de poder dar a conocer los programas que tenemos porque son para ustedes, no son para mí, son para la gente», señaló en marzo el actual Gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, tras ser cuestionado. «Voy a hacer oídos sordos a aquellos que se niegan, a aquellos que intentan frenar estos programas de apoyo», remató.
#DichosyHechos dice que la espléndida repartición de apoyos en los últimos meses; la contracción de más deuda estatal y municipal; y los múltiples ejemplos que refieren que el PRI está haciendo uso de todos los recursos disponibles para impulsar el voto tricolor, en uno de los últimos bastiones de hegemonía política priista, indican que el partido no le apuesta a una «campaña electoral austera, limpia y propositiva”. A continuación los datos que lo sostienen.
· El reparto de apoyos sociales en el Edomex: Desde septiembre del año pasado, en el Estado de México han sido entregados millones de pesos en apoyos a partir de diferentes programas sociales, porque dicha entidad tiene “que tener atención prioritaria” -como dijo Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, en octubre de 2016-. Estos intensos repartos han sido interpretados por la oposición priista como una maniobra destinada a coaccionar el voto en las elecciones del próximo 4 de junio. Según el diario Reforma, el 8 de octubre, en el municipio de Huixquilucan, durante la celebración de la Feria de Servicios de la Administración Federal coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los asistentes recibieron una tarjeta con saldo de 2 mil 750 pesos, válida a cambio de una copia de su credencial de elector -Guzmán Ortiz aseveró entonces que aquello era “ajeno a cualquier tipo de motivación electoral”-. El monto total invertido habría sido de unos 16 millones 200 mil pesos. Además, hubo entrega de 6 mil despensas Diconsa, refirió el medio de circulación nacional. El mismo esquema de entrega de monederos electrónicos y despensas se suscitó en los municipios de Naucalpan, San Juan Totoltepec, Nicolás Romero y Valle de Chalco. Reforma documentó al menos 55 eventos de distribución de tarjetas electrónicas, de septiembre a marzo de 2017.
Pero las dádivas no concluyeron ahí. En enero de este año, en un evento en el Parque Ambiental Metropolitano de Toluca, Isis Ávila Muñoz, hija del Gobernador Eruviel Ávila Villegas y presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México, aseveró que en 2017 se entregarían 25 mil tarjetas cargadas con 3 mil pesos: “La Efectiva”. Por esas fechas, el gobierno mexiquense previó un dispendio de 75 millones de pesos. Asimismo, de acuerdo con un recuento hecho por Huffington Post México, en lo que va del año, el gobierno de Eruviel Ávila también ha entregado más de 15 mil 100 apoyos económicos a beneficiarios del programa Prospera, por medio de monederos electrónicos (con 2 mil pesos cada uno) y cheques (por hasta 8 mil 836 pesos). Esto sin contar las 5 mil computadoras entregadas por el mandatario mexiquense, el pasado 17 de marzo, en los municipios de Ecatepec, Temámac y Coacalco, otra vez, a cambio de la credencial de elector, como refirió Reforma. Durante el evento, Ávila Villegas aseguró que su gobierno ya había repartido más de 20 mil computadoras. Más allá de estos ejemplos, la lista se alarga. Están tirando la casa por la ventana.
· Los funcionarios federales que meten mano: Twitter da cuenta de las giras de trabajo que los funcionarios públicos mexicanos hacen. Si uno revisa esta red social, encontrará que Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, realizó una decena de visitas al Estado de México, entre agosto (2016) y marzo (2017), para implementar programas y repartir apoyos. A ella se suman Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, quien ha impulsado el Programa Escuelas al Cien, que implica la inversión de 147 millones para mejorar las condiciones de mil 570 planteles; Mikel Arriola, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en marzo anunció la construcción de un hospital en Atlacomulco y la atención en 34 Unidades Médicas Móviles; Rafael Pacchiano, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien ha entregado apoyos para el programa de empleo temporal; José Narro Robles, Secretario de salud, quien ha participado de las jornadas médicas y de vacunación -como la de febrero-; Angélica Rivera de Peña, quien a través del DIF repartió apoyos en marzo junto con Eruviel Ávila; el mismísimo Presidente de la República, quien no ha parado de visitar el Estado de México -una de sus últimas visitas fue para inaugurar el Auditorio Metropolitano de Tecámac-; y por supuesto, su allegado Francisco Guzmán Ortiz, quien desde octubre del año pasado, se ha presentado en más de 12 ocasiones en el Edomex para presentar eventos a nombre del Ejecutivo federal; y el más mentado y criticado: Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social, quien ha sido señalado, sobre todo por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de haber sido designado con la finalidad de canalizar recursos públicos al Estado de México, en año electoral.
· La deuda del Edomex: La semana pasada, el diario Reforma publicó un artículo que refiere que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre de 2017, tiempo de campaña electoral, el gobierno mexiquense aumentó su deuda en 3 mil 748 millones de pesos, es decir, un 10.2 por ciento más -pasó de 36 mil 836 millones de pesos al cierre de 2016, a 40 mil 585 millones de pesos a finales de marzo de este año-, el incremento más elevado, en este periodo, a nivel federal. Asimismo, el medio citado menciona que, además de la deuda estatal contraída, las obligaciones financieras municipales superaron los 5 mil millones de pesos. Por Ley, todo ese dinero debería ser destinado al pago de obra pública productiva en el estado. Más allá de eso, es ilícito utilizarlo para otros fines -como el gasto corriente, por ejemplo-.
· La supuesta coacción en Nayarit: El Edomex no es la única entidad en la que se sospecha que el partido Tricolor juega sucio. A principios del presente mes, Antonio Echevarría García, candidato a la gubernatura de Nayarit por la coalición PAN-PRD-PT-PRS, hizo referencia a un audio que circula en la Internet en el que, supuestamente, se escucha al actual Gobernador de Nayarit, el priista Roberto Sandoval Castañeda, hablar de una estrategia para “consolidar esos votos” a favor del PRI, por medio del uso “de los programas sociales” -tal y como se escucha en el audio sin autoría-.
· El viejo estigma de OHL: A principios de mayo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2001-2009), y Alfredo Figueroa Ahumada, ex Consejero Electoral (2008-2013) y coordinador del movimiento “Ahora”, acusaron la existencia de un vínculo entre la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y la empresa OHL, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, para financiar algunas campañas políticas priistas. Los sociólogos explicaron que la complicidad entre OHL y un grupo de priistas (Atlacomulo) funciona de la siguiente forma: el gobierno del Edomex amplía el periodo de explotación de las concesiones de infraestructura, a cambio de que OHL, con esos activos, financie ciertas operaciones con ingresos multimillonarios. «Lo que empezamos a advertir fue un conjunto de prácticas, muy cercanas a una compleja red que se va repitiendo a lo largo del tiempo, en donde cada vez que hay un proceso electoral se hace una nueva modificación a la concesión», manifestó Álvarez Icaza.
Según él, «el primer eje es que hay una defraudación en la construcción. «El Circuito Exterior Mexiquense pasó su costo de 6 mil 600 millones a 63 mil 200 millones de pesos, casi nueve veces su costo inicial. Y el Viaducto Bicentenario pasó de 3 mil 900 millones de pesos a 23 mil 400 millones de pesos, o sea, estos dos cuerpos carreteros tiene ya un costo de casi 90 mil millones de pesos”, dijo. El segundo paso o “fraude” es el de financiar las campañas a través de esquemas como «La Efectiva”, indicó. Y “una tercera línea de defraudación tiene que ver con la bolsa de valores, porque se inflan los valores de las acciones de OHL, esencialmente falseando datos financieros», profirió. Finalmente, el cuarto ardid es la bursatilización de las concesiones, donde han sido detectadas irregularidades. «Un buen ejemplo es lo que sucedió el año pasado. En los estados financieros del Saascaem estaban asignados mil 600 millones de pesos en el estado de cuenta de septiembre, que para diciembre, desaparecieron”, concluyó. Icaza y Figueroa afirmaron que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional Electoral, y el Sistema Nacional Anticorrupción.
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¿Verdad o mentira? MENTIRA. Lo expresado por el presidente nacional del PRI queda en entredicho a partir de la información recabada. Dice un dicho popular que «donde hay humo hay calor” -o fuego-. Y el PRI no deja de quemarse. Son muchas las acusaciones en su contra; sus trapos sucios no dejan de brotar; y los hechos indican que, en efecto, “hay gato encerrado”.
