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ENTREVISTA | Julio Scherer Ibarra: La Fiscalía investiga a Calderón por contratos para reclusorios

22/04/2021 - 8:11 pm

El Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, reveló esta tarde que Genaro García Luna y Felipe Calderón están relacionados directamente con la entrega de contratos millonarios para la administración de penales a empresas privadas.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Genaro García Luna, extitular de la Secretaria de Seguridad Pública, y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por otorgar de manera directa contratos por hasta 300 mil millones de pesos para la administración de penales a empresas privadas de algunos de los hombres más ricos del país, dijo este jueves Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

García Luna, quien está detenido en una prisión de Brooklyn, Nueva York, incluso ya tiene una orden de aprehensión por parte de la FGR por este caso, expuso Scherer Ibarra.

“Ante el caso de los reclusorios el doctor Alejandro Gertz ya tenía el auto de consignación, de judicialización, de García Luna por lo que se hizo ahí de los reclusorios, que fue un proceso muy sucio, muy mal hecho”, dijo el Consejero Jurídico en una entrevista en el programa «los Periodistas» que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el canal de SinEmbargo al Aire por YouTube.

Delgado Gómez preguntó si el caso del abuso en los penales privados involucra directamente a Genaro García Luna.

“Sí, Genaro García Luna y Felipe Calderón los otorgaron”, afirmó el funcionario federal.

Al ser interrogado de si piensan ejercer acción penal contra ambos, el funcionario federal dijo que eso lo determinará la Fiscalía General de la República pero, agregó, “son contratos por 300 mil millones de pesos y son por adjudicación directa y se está investigando a otras personas. Yo creo que entre ellos tienen que estar involucrados todos lo que participaron en eso”.

Scherer Ibarra añadió que “critican al Presidente López Obrador por que adjudicó no sé qué cosa, ahí hay 300 mil millones que son de 2009, 300 mil millones de pesos adjudicados directamente a particulares, eso valen esos contratos, y en esa época nadie dijo nada”.

–¿Es decir, no solamente Genaro García Luna, sino directamente Felipe Calderón está implicado en el caso de los reclusorios y tiene una responsabilidad de nivel? – preguntó Delgado.

“Lo estoy diciendo ahora: todos los que participaron en ese hecho están siendo investigados y no dudo que todas las personas que están ahí, si entre esas está Felipe Calderón, están siendo investigadas por ese hecho, no es el único servidor público”, respondió el Consejero Jurídico de la Presidencia de México.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de denunciar el tema ante la FGR, Scherer Ibarra aseguró que la Fiscalía ya inició una investigación de oficio por este asunto, e informó que García Luna ya tiene una orden de aprehensión por este delito.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno logró acuerdos con ocho penales para la reducción del 15 por ciento del costo y abrió procesos contra servidores públicos por los contratos “onerosos” que fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Acuerdo que se alcanzó con las empresas que recibieron los contratos de ocho reclusorios durante el Gobierno de Felipe Calderón, cuando era el señor García Luna Secretario de Seguridad Pública. Ocho contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron las concesiones para administrar estos ocho reclusorios. Ya se llegó a un acuerdo. Van a haber ahorros importantes, considerables”, detalló el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que actualmente se pagan alrededor de 16 mil millones de pesos; sin embargo, ahora con los acuerdos que se pondrán en marcha, el pago será de 15 mil 933 millones, es decir, una reducción de dos mil 390 millones de pesos al año.

En ese sentido, Rosa Icela señaló que con dicha reducción de más de dos mil pesos anuales, al término de la actual administración (de 2021 a 2024), se generará un ahorro de 10 mil 106 millones.

“Otros logros son la reducción del costo al Gobierno de México en 15 por ciento, que las instalaciones serán incorporadas a los bienes de la Nación al concluir el contrato, se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como que se busque siempre con las autoridades el respeto a los derechos humanos”, agregó.

Además, la funcionaria recordó que en estos contratos que se realizaron en administraciones pasadas, se estableció la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio con las empresas y un monto proyectado con actualización e impuestos de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se han erogado en nueve años 85 mil 398 millones de pesos.

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«Los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán de manera mensual en su totalidad con independencia del número de personas privadas de la libertad, es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil, de lo cual representaba un gasto para el pueblo de México equivalente al hospedaje diario de un hotel de cinco estrellas por cada recluso», añadió.

Asimismo, Rosa Icela anunció que actualmente hay procesos abiertos contra servidores públicos de gobiernos pasados por contratos que resultaron dañinos para México.

«Hay procesos penales abiertos para determinar responsabilidad de servidores públicos que han hecho un daño al patrimonio. Este acuerdo se inicia por el Presidente y se instruye a no pagar este año y hasta que se firmen los contratos y determinar cuánto se va a pagar. Están suspendidos enero, marzo y abril, y a partir de ahora vamos con las empresas haciendo los pagos», dijo la funcionaria.

Desde el 12 de febrero, López Obrador anunció que estaban revisando los contratos, con el fin de buscar una reducción del 20 por ciento en el pago.

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