Con la reducción de dos mil 390 millones de pesos al año, el Gobierno estima que para el 2024, se genere un ahorro de 10 mil 106 millones.
Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno federal logró acuerdos con ocho penales para la reducción del 15 por ciento del costo y abrió procesos contra servidores públicos por los contratos «onerosos» que fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
«Acuerdo que se alcanzó con las empresas que recibieron los contratos de ocho reclusorios durante el Gobierno de Felipe Calderón, cuando era el señor García Luna Secretario de Seguridad Pública. Ocho contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron las concesiones para administrar estos ocho reclusorios. Ya se llegó a un acuerdo. Van a haber ahorros importantes, considerables», detalló el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que actualmente se pagan alrededor de 16 mil millones de pesos; sin embargo, ahora con los acuerdos que se pondrán en marcha, el pago será de 15 mil 933 millones, es decir, una reducción de dos mil 390 millones de pesos al año.
Durante el sexenio de @FelipeCalderon se hicieron contratos para la construcción de 8 reclusorios a particulares en los que la operación y seguridad era responsabilidad del gobierno.
Se dialogó con las empresas y se logró un ahorro de 2 mil 390 mdp al año. pic.twitter.com/JDze3flxEz
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 22, 2021
En ese sentido, Rosa Icela señaló que con dicha reducción de más de dos mil pesos anuales, al término de la actual administración (de 2021 a 2024), se generará un ahorro de 10 mil 106 millones.
«Otros logros son la reducción del costo al Gobierno de México en 15 por ciento, que las instalaciones serán incorporadas a los bienes de la Nación al concluir el contrato, se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como que se busque siempre con las autoridades el respeto a los derechos humanos», agregó.
Además, la funcionaria recordó que en estos contratos que se realizaron en administraciones pasadas, se estableció la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio con las empresas y un monto proyectado con actualización e impuestos de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se han erogado en nueve años 85 mil 398 millones de pesos.
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«Los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán de manera mensual en su totalidad con independencia del número de personas privadas de la libertad, es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil, de lo cual representaba un gasto para el pueblo de México equivalente al hospedaje diario de un hotel de cinco estrellas por cada recluso», añadió.
Asimismo, Rosa Icela anunció que actualmente hay procesos abiertos contra servidores públicos de gobiernos pasados por contratos que resultaron dañinos para México.
«Hay procesos penales abiertos para determinar responsabilidad de servidores públicos que han hecho un daño al patrimonio. Este acuerdo se inicia por el Presidente y se instruye a no pagar este año y hasta que se firmen los contratos y determinar cuánto se va a pagar. Están suspendidos enero, marzo y abril, y a partir de ahora vamos con las empresas haciendo los pagos», dijo la funcionaria.
Desde el 12 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dijo que estaban revisando los contratos, con el fin de buscar una reducción del 20 por ciento en el pago.
“Estamos revisando esos contratos, ya les manifesté a la Secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez) y al Consejero Jurídico (Julio Scherer Ibarra), mínimo tiene que haber un descuento del 20 por ciento. O sea, ahí necesitamos ahorrarnos tres mil millones al año, mínimo”, dijo en aquella ocasión.
Previamente, el 13 de enero, el Gobierno federal dio a conocer que se dieron contratos por prisiones privadas por miles de millones en la administración de Felipe Calderón, pagando enormes cifras, pero sin que los edificios de las prisiones les pertenezcan al Gobierno.
Los contratos son con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.
