Hace 35 años se descubrió en México el hasta entonces más sonado, grave y delicado caso de corrupción por parte de un funcionario, además amigo del Presidente de la República. Efectivamente fue en 1982 cuando en la campaña por “la renovación moral” de México que emprendió Miguel de la Madrid Hurtado, se inició la investigación para detener a Arturo Durazo Moreno “El Negro”.
Amigo personal y cercanísimo a José López Portillo, cuyo gobierno recién había concluido, “El Negro” Durazo fue durante la presidencia de éste, de 1976-1982, el Jefe de la Policía del Distrito Federal, desde ahí no sólo robó, se coaligó con criminales y delincuentes, y amasó una enorme fortuna, también fue señalado de otros excesos, incluso de encabezar bandas de ladrones y grupos de sicarios.
Hace 35 años se conoció que “El Negro” Durazo había tenido una fortuna por los 700 millones de pesos, que poseía decenas de propiedades pero dos que resaltaban por sus dimensiones y derroche, una en el Estado de México y “El Partenón” como se le conoció a la mansión que en un predio de 20 mil metros cuadrados se construyó en una bahía de Zihuatanejo, Guerrero.
Sin un sistema nacional anticorrupción, pero empeñado en dar resultados y ejemplos de combate a la misma con la campaña “por la renovación moral de México”, la justicia de Miguel de la Madrid alcanzó al “Negro”, no así a su amigo López Portillo, quien también erigió lo que se conoció como “La Colina del Perro”, otra mansión de épicas dimensiones, y lujos.
“El Negro” Durazo huyó de México, al tiempo que sus tropelías, excesos, abusos y horrores fueron dados a conocer por autoridades y medios independientes de investigación. Dos años después sería capturado en Puerto Rico, y en 1986 trasladado a la República Mexicana donde fue juzgado por acopio de armas, fraude y evasión fiscal. Se fue libre por peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y otros.
La renovación moral de México acabó con el gobierno de Miguel de la Madrid, y otros serían aprehendidos para legitimar una presidencia como la de Carlos Salinas de Gortari. De ahí a la fecha, sin considerar el fiasco que resultó la detención del hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, y acaso contando la detención de la maestra Elba Esther Gordillo, cuando ésta ya se había convertido en un enemigo político del actual sexenio, no han caído peces gordos de la corrupción en México.
35 años después el sistema político y de gobierno mexicano han establecido los elementos y los niveles de impunidad y corrupción en el País para crear otro “Negro” Durazo. Javier Duarte de Ochoa, sabemos ahora, se dedicó a robar el erario, a defraudar al Estado de Veracruz, y a acumular riqueza, los seis años que fue Gobernador de aquella entidad.
De acuerdo a la narración oficial de sus excesos y abusos, sabemos de la adquisición de más de 40 propiedades, el descubrimiento de una bodega de los tesoros, el desvío de más de 3 mil millones de pesos acusado por el actual mandatario veracruzano, y el hurto de unos 675 millones de pesos, acciones ilícitas realizadas de manera sistemática, siendo un gobernador amigo del Presidente de la República, en este caso, Enrique Peña Nieto, quien no hizo su “Colina del Perro”, pero a cuya esposa se le descubrió en una investigación periodística independiente, “La Casa Blanca” en las Lomas de Ciudad de México, y valorada de acuerdo a independientes profesionales, en unos siete millones de dólares.
Las similitudes entre lo que sucede ahora y lo que aconteció hace 35 años son hartas, también comparten la devaluación del peso, y la negociación con los partidos de la oposición para ocultar corrupción y mala administración.
La realidad ante esas semejanzas, es que si Javier Duarte de Ochoa no es capturado, es porque el Gobierno de la República no lo desea. Porque no lo buscan, porque no hay interés de juzgarlo, nada menos se puede concluir de una administración que sí ha tenido la capacidad de aprehender ¡Y en dos ocasiones! A Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Las Fuerzas Armadas han demostrado en el pasado que si quieren, aprehenden. Lo hicieron con el capo sinaloense, y lo hicieron también hace ya algunos años con Benjamín Arellano Félix, el líder mafioso del cártel que lleva sus apellidos y se asienta en Tijuana, Baja California. Por eso resulta increíble que ni en la Procuraduría General de la República, ni en la Comisión Nacional de Seguridad que depende de Gobernación, ni en la Marina ni en el Ejército, hayan tenido la capacidad para aprehender al gobernador acusado de corrupción, que a diferencia de los capos de la droga no cuenta con una estructura criminal y corruptora para emprender la huida y sobrevivir en el intento.
Javier Duarte de Ochoa tiene esposa y tiene hijos, una familia no puede desaparecer sin ser percibida por completo. Una familia que tiene necesidades educativas, alimenticias, de vestido y techo, económicas. Cuando el Ejército Mexicano aprehendió a Benjamín Arellano, lo hizo después de seguir el dinero que el capo mandaba de manera regular a su esposa para la manutención de las hijas. Es decir, si el Gobierno de Enrique Peña Nieto quisiera, ya había detenido a Javier Duarte, si no lo hace, quizá no se deba a la habilidad del regordete ex mandatario para burlar a la justicia, sino a los compromisos que éste estableció con quienes encabezan el gobierno federal en el primer círculo del Presidente.
La otra teoría para justificar la no captura del ex Gobernador de Veracruz, es que quizá, solo quizá, haya sido convertido en el nuevo Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado federal acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruíz Massieu en septiembre de 1994, y que fue desaparecido de la faz de la tierra.
La hipótesis que guste, política, criminal, pero Javier Duarte de Ochoa debe ser detenido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto; no hacerlo es confirmar que en este gobierno como en el de López Portillo, lo que prevaleció fue la corrupción institucional en extremo y la impunidad política propia de un País sin Estado de Derecho.
