El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido este martes ante el pleno del Congreso la necesidad de contar con una empresa pública de energía para rebajar la cuota de mercado y de poder de un «oligopolio mafioso», mientras que su socio de Gobierno, el PSOE, la rechazó por no considerarla una medida efectiva y la ha limitado a «plan a 20 años».
Madrid/Ciudad de México, 22 de febrero (EuropaPress/SinEmbargo).– España, que vive una intenta crisis energética debido a la privatización total del sector, fracasó hoy en crear una empresa pública de electricidad. La propuesta no logró los apoyos necesarios para pasar en el Parlamento. La iniciativa, planteada por uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, fue rechazada por el aliado mayoritario del Ejecutivo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Para rechazar la propuesta, el Obrero Español tuvo que unir sus votos a los de la derecha y la ultraderecha, representados en la legislatura por el Partido Popular (PP), Vox, Ciudadanos o PNV. Así se mandó a la tumba la alternativa para frenar el incesante incremento del precio de la luz.
Los líderes del PSOE han sido acusados de tener las manos atadas por una “mafia oligárquica” que tiene bajo su control el sector energético español. Dirigentes de ese partido español han sido incorporados, con fuertes salarios, a trabajar como consejeros de las energéticas. Las privatizaciones que se iniciaron con Felipe González (socialista) y continuaron con los gobiernos de derecha acabaron con el control estatal, lo que se ha traducido en aumentos históricos de los recibos de electricidad.
La propuesta de Unidas Podemos, de izquierda, pretendía constituir una empresa estatal “en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley» y tenía previsto producir energía eléctrica “mediante la asunción de las plantas hidroeléctricas con concesiones finalizadas y llevará a cabo la creación de nuevas instalaciones de energías renovables”.
En su articulado, dice ElDiario.es, la proposición de ley establecía que la empresa se financiaría mayoritariamente “con los ingresos derivados de la producción y comercialización de energía hidroeléctrica a los que podrán sumarse recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”.
“Si hay algo que no les encaja de nuestra Ley, negociamos durante el trámite parlamentario y lo modificamos”, les ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a los diputados socialistas. “No tenemos ningún problema. Pero impedir que el Congreso siquiera pueda tramitar la creación de una empresa pública de energía es algo que sólo beneficia al oligopolio mafioso y a los que, frente al espejo, ya se están probando el gorro de bisonte”, agregó. Y no lo logró.
Con el voto en contra de los socialistas, agrega Europa Press, no podrá salir adelante esta propuesta legislativa, con la que el grupo confederal aspiraba a crear esa compañía pública asumiendo concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando y promoviendo nuevas instalaciones de energía renovable.
México tiene su empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el Presiente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado que se necesita reforzarla para poner freno a las empresas privadas. Por eso propuso la Reforma Eléctrica, que ahora mismo se discute en el Congreso mexicano. España no logró siquiera la discusión debido al bloqueo de los socialistas del PSOE.
“OLIGOPOLIO MAFIOSO”
La crisis energética en España, país que ha alcanzado récords históricos en el precio mayorista de la luz, abrió el debate sobre el poder de las gigantes eléctricas y el respaldo que le ha dado el poder político a través de la llamada “puerta giratoria”.
El alcance de esta industria privada es tal que ha sumado a sus filas a más de 20 exministros y tres expresidentes del Gobierno español. En México sucede algo similar, pues las empresas han contratado, durante años, a políticos, como al expresidente Felipe Calderón y a su Secretaria de Energía, Georgina Kessel, con remuneraciones anuales de miles de dólares y euros, de acuerdo con un reportaje de Monserrat Antúnez.
En meses pasados, empresas como Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola amenazaron a España con detener la producción de las centrales nucleares e incluso replantear su política de inversiones, como anunció Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. En México, el Presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa que propone limitar la participación de las privadas para “que no pase lo que está sucediendo en España”.
Exfuncionarios encuentran en la “puerta giratoria” —el pasar del Gobierno a la industria privada y viceversa— beneficios que se traducen en pagos anuales mínimos de 63 mil dólares, como en el caso de Luis Téllez con Sempra Energy, y alcanzan los hasta 505 mil euros, según muestra la compensación recibida por Georgina Kessel en 2018 por ser consejera independiente de Iberdrola, de acuerdo con el reportaje de Antúnez para SinEmbargo.
Los años del expresidente Felipe Calderón como consejero de Avangrid, los de la exsecretaria de Energía Georgina Kessel en Iberdrola, de Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, en IEnova y Sempra Energy, así como la gestión de Luis Téllez, exsecretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, también en Sempra Energy, son ejemplo de la connivencia entre el poder político y las gigantes energéticas.
Entrevistado por SinEmbargo, el consultor energético Gonzalo Monroy opina que las críticas desde el Gobierno mexicano a las “puertas giratorias” principalmente buscan “sembrar duda” sobre la participación del sector privado en la industria eléctrica.
Lo que tienen en común las “puertas giratorias” en estos países son los beneficios económicos que han dejado a los políticos. En el caso de España, los expresidentes del Gobierno José María Aznar, Felipe González y Leopoldo Calvo-Sotelo recibieron miles de euros anuales por trabajar con Endesa y Naturgy. Al año, Aznar recibía un salario de 200 mil euros como asesor en Endesa, González ganaba al menos 127 mil euros, de acuerdo con reportes de la empresa española.
En lo que respecta a los exservidores mexicanos, informes financieros de Avangrid muestran que Felipe Calderón recibió una compensación de 465 mil dólares de 2016 a 2018, años en los que participó como consejero independiente. La cifra equivale a nueve millones 617 mil 757 pesos actuales.
Mientras que Kessel Martínez ejerció como consejera independiente de Iberdrola desde 2013, a dos años de dejar su cargo como Secretaria de Energía del Gobierno de Calderón. Datos recopilados de la empresa exhiben que desde esa fecha y hasta 2020 fue remunerada con tres millones 15 mil euros, equivalente a 71 millones 943 mil 632 pesos actuales.
Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón, fue integrante de la junta directiva de la estadounidense Sempra Energy durante cinco meses de 2006, después lo hizo de 2010 a 2015, en ambos periodos ganó un millón 101 mil 209 dólares, como consta en los informes anuales de la empresa y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Otro caso destacado es el del exsecretario priista Ruiz Sacristán, beneficiado por el sector energético privado durante los últimos 13 años y como actual presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración de IEnova, una filial de Sempra Energy. Desde 2012, el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Ernesto Zedillo forma parte del grupo de directivos entre los que, hasta 2020, se han repartido remuneraciones por 85 millones 400
