Amnistía Internacional señaló que el pasado diciembre se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permite «la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía», sin garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34 mil 656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas, apuntó AI. Entre estos casos, continuó sin respuestas el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el sur del país en 2014, y «las investigaciones apenas avanzaron» durante 2017.
México, 22 febrero (EFE).- México experimentó un aumento de la violencia -con más de 40 mil homicidios- durante el pasado año, mientras que en el país continuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos, así como las amenazas, homicidios y ataques contra periodistas y activistas, denunció Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual 2017 presentado hoy en Washington, la organización hizo referencia al «incremento significativo» en el número de homicidios registrados en el país -4 mil 583 entre dolosos y culposos en los once primeros meses del año-, el más alto desde el comienzo del mandato del actual Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«La cifra real podía ser más alta, ya que algunos crímenes no se denunciaban a la Policía, y no todos los que se denunciaban derivaban en medidas oficiales», apuntó.
AI señaló que el pasado diciembre se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permite «la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía», sin garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Respecto a la situación de periodistas y defensores de derechos humanos, «continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios», destacó.
Al menos doce periodistas perdieron la vida, entre ellos Javier Valdez, fundador del diario Riodoce, asesinado en mayo pasado en Sinaloa.
Las autoridades, remarcó la organización, no han obtenido «avances significativos» en las investigaciones sobre estos homicidios, muchos de ellos perpetrados a plena luz del día y en espacios públicos.
La tortura y otros malos tratos «seguían siendo generalizados», como constató un informe de seguimiento del relator especial de la ONU.
Las desapariciones con implicación de agentes estatales y no estatales siguieron siendo una práctica «habitual», con una «impunidad casi absoluta».
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De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34 mil 656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas, apuntó AI.
Entre estos casos, continuó sin respuestas el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el sur del país en 2014, y «las investigaciones apenas avanzaron» durante 2017.
Las ejecuciones extrajudiciales no se investigaron adecuadamente, y por cuarto año consecutivo, «las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares».
Por otra parte, el país latinoamericano recibió entre enero y agosto unas 8 mil 700 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de peticiones de refugio que acabaron concediéndose bajó de 35 por ciento (cifra de 2016) a 12 por ciento.
La mayoría de las solicitudes fueron de personas provenientes de Honduras y Venezuela; en el caso de estas últimas, por primera vez superaron el número de las de Guatemala y El Salvador.
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