No es un secreto que el estado de Guanajuato atraviesa por una complicada situación a causa del deterioro de sus niveles de seguridad, el incremento del delito de homicidio, la aparición de un cartel local que adquirió resonancia a nivel mundial por sus atrocidades y ahora el hallazgo de fosas clandestinas con entierros masivos de personas que aún no han sido cuantificados.

Hasta hace no mucho una provincia tranquila y sosegada, Guanajuato vio como su economía evolucionaba desde una rutinaria actividad agrícola, una asentada industria zapatera y algunos atractivos de interés histórico (la cuna de la independencia), a la revolución de las inversiones extranjeras, sobre todo en el sector automotriz y de las autopartes, al turismo de negocios y de convenciones y a liderar las exportaciones del centro del país.

Ese sueño, conducido por gobiernos de corte empresarial pertenecientes al Partido Acción Nacional, la eterna oposición democrática al hegemónico PRI durante tres cuartas partes del siglo XX, no preveía lo que hoy vemos: el hundimiento de la tranquilidad bajo una lluvia de balas y una economía ilegal que engloba el robo, distribución y venta de combustibles de Pemex, la venta de droga, la extorsión y el robo en diversas modalidades: transporte, negocios y domicilios.

Los gobernadores panistas que construyeron la épica historia de industrialización, crecimiento del PIB y auge exportador, mediante una política de inversión pública y subsidios de todo tipo para potenciar al sector empresarial, nunca se plantearon un desarrollo social equitativo, lo que fue acumulando una desigualdad que en sí misma desdecía las bondades del modelo.

Pese a ello, el éxito aparente le sirvió a esa clase política para incursionar en el escenario nacional e incluso alcanzar la presidencia de la República, con Vicente Fox Quesada, el mismo que hoy intenta regresar a las tablas mediante una curul plurinominal.

Los herederos de esos pioneros del asalto panista al poder tienen que lidiar con las consecuencias de la estrategia sesgada, un rezago social exacerbado y la aparición de una economía del crimen basada en el terror y la violencia homicida.

Lo hacen, sin embargo, desde la más absoluta incompetencia, desde la incomprensión del fenómeno que enfrentan, desde las desinstitucionalización que ha llevado a los municipios a su mayor precariedad histórica y a sus cuerpos de policía a convertirse en cómplices de las bandas por acción u omisión.

La muestra fehaciente de la incapacidad que muestra el panismo treintañero de Guanajuato frente a la crisis que incubaron sus políticas económicas y potenciaron sus omisiones en política social y su creciente desapego de una gobernanza democrática, se observa en su actual mandatario, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el delfín del primer Gobernador panista que logra establecer una jefatura política extra sexenal: Miguel Márquez Márquez.

Esta semana, el Gobernador realizó una serie de eventos con alcaldes para entregarles patrullas y equipamiento de seguridad, aprovechó para dirigir discursos donde aparece una preocupante tendencia belicista, donde se dota a la seguridad de una lógica de confrontación, donde se habla de «abatimientos» y poder de fuego, completamente alejada de los marcos de derecho que nos rigen, sin presunción de inocencia y sin intenciones de presentar infractores ante los jueces, sino de eliminarlos de forma extrajudicial.

No parece el discurso de un joven político miembro de un partido humanista, sino de un empedernido militar o un policía de las cloacas del viejo régimen. Su aplicación en la práctica no podría sino traducirse en una elevación de las confrontaciones, de la violencia y de los muertos, lo que de ninguna manera sacará a Guanajuato de sus problemas, sino todo lo contrario.

Pero no es lo único. Esa lógica guerrista se ve acompañada por otro discurso aún más preocupante: el de la ingenuidad mercadotécnica que pretende hacer ver que los conflictos que asuelan al estado y que enlutan a sus habitantes tienen que ver con un problema «de imagen», que se puede resolver con cambios epidérmicos que no por ello dejan de ser costosos al erario.

Esta misma semana, en uno de esos eventos de equipamiento policial, Sinhue Rodríguez dio a conocer que uno de los cambios realizados en el terreno de la seguridad (ya no se habla de golpe de timón, por cierto) fue el repintar las patrullas de todas las corporaciones policiacas del estado, para cambiar los agresivos colores oscuros por tonos «más amigables», a fin de lograr que los ciudadanos no se sientan atemorizados con la cercanía de un vehículo policial.

Parece muy simple: se hace una encuesta para validar una inversión cuantiosa de «imagen» a fin de renovar el envoltorio sin tener que modificar el contenido. Y a eso se le llama «un cambio en la seguridad». si todo fuera así de fácil no estaríamos donde estamos.

Lo que no se conoce es el monto del contrato para meter al taller de pintura a miles de vehículos en todo el estado, ni como fue asignado. Así se gasta el dinero de la seguridad, así nos quieren vender espejos. Así es como las cosas han llegado a dónde están en Guanajuato luego de 30 años de gobiernos monocromáticos.

La crisis de seguridad, para este gobierno, es un problema de hojalatería y pintura. Lo peor es que, además del contrato, se la creen.

Arnoldo Cuellar

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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