Para cumplir con la Ley de Transición Energética, el Gobierno federal apuesta a priorizar la modernización de 60 centrales hidroeléctricas de la CFE por encima de la inversión privada de proyectos eólicos y solares. Estudios previos alertan que si bien es necesario renovarlas (una data de 1880 y otra de 1898), no son suficientes para cumplir con la transición energética y, además, implican emisiones de metano, desplazamientos de comunidades, así como falta de consulta indígena y de Manifestación de Impacto Ambiental.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Frente al río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, un hombre encabezaba un ritual con incienso, flores y sonido de cuernos. En totonaco, pedía a su Señor que no dejara entrar a la hidroeléctrica de la empresa Deselec 1-Comexhidro que planea abastecer de energía a WalMart, Waldo’s, Vips, Suburbia, Colchas México e Ileana Jinich Mekler.
«Van a envenenar nuestros ríos y nuestros manantiales», dijo el integrante del Consejo Tiyat Tlali, conformado por las comunidades totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, que interpusieron desde 2016 un juicio de amparo contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) por la falta de consulta libre, previa e informada, ausencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por la violación a su derecho al agua y al territorio, donde pescan y cultivan milpa. «¿Por qué te tratan de esta manera? Los que te contaminan son ignorantes. No nos sentimos bien, nos sentimos tristes. No buscamos la muerte, la guerra; buscamos la vida», aseguró llorando. Una mujer, en otro ritual con vela e incienso, cuestionó al río para qué lo quieren si ahí donde nació es donde manda. «Aquí te tienes que quedar porque tú le das vida a la tierra. Ellos no son dueños de ti. Agua, de ti es que vivimos», le dijo. Las escenas son parte del documental «Los hijos del agua» de la Fundación Luciérnaga y Alba Films.
En una piedra de la región, con letras rojas, exigen: «Fuera Walmart de los pueblos indígenas». En una pared de ladrillos blancos, agregan: «Sembremos la hermosura y no la destrucción de la tierra. Fuera empresa Comexhidro». El 19 octubre de 2019, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla negó que hubiera vulneración de los derechos del pueblo Tutunaku, por lo que las comunidades apoyadas por Fundar se inconformaron legalmente con la decisión, ya que disminuirá la calidad del agua y biodiversidad, y generará gases de efecto invernadero. El proceso jurídico sigue en curso.
El Gobierno federal, que el año pasado canceló las subastas eléctricas para energías eólicas y solares, ha anunciado la idea de modernizar y potenciar 60 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cumplir con la Ley de Transición Energética. Algunas datan desde 1880 y 1898. Para su rehabilitación durante 2021 cuenta con mil 698 millones de pesos, de acuerdo con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado tanto en su II Informe de Gobierno como en conferencias matutinas que el objetivo es dar prioridad a la CFE porque con la Reforma Energética se dio preferencia a la inversión privada de eólicas y solares. Este jueves dijo durante su conferencia matutina que si él no «protege» a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma «política privatizadora en la industria eléctrica», ¿cómo va a garantizar que no aumente el precio de la luz?, cuestionó. «Si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro», afirmó. En tanto, el titular Manuel Bartlett ha señalado a la intermitencia de estas energías renovables como una de las causas del apagón del 28 de diciembre que afectó a más de 10 millones de usuarios a nivel nacional.
«Hablan de cambiar las turbinas viejas –algunas de varias décadas– por nuevas. Si la medida se lleva acabo, incrementará la eficiencia de generación de electricidad entre 30 a 50 por ciento. Pero todavía tenemos una mayor generación con fósiles; es limitado el beneficio», dijo Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México. «No debemos de esperar que el potencial de incremento de generación hidráulica vaya a subir más allá de un 10 por ciento de esta generación, porque la infraestructura ya está construida y es de menor capacidad. En el mejor de los casos, nos aportaría el 5 por ciento del total de emisiones que México tiene que reducir para cumplir sus metas del Acuerdo de París, es decir, no solucionará el problema de cumplir con la meta de transición energética».
El Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL) de la Secretaría de Energía, actualizado hasta 2016, revela que hay 101 presas de generación actual tanto de CFE como de privados, entre grandes (mayores a 30 MW) y pequeñas (menores a 30 MW) de capacidad instalada.
Del total, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de la Secretaría de Medio Ambiente identificó 54 presas grandes a 50 años de operación, siendo la más antigua y sin rehabilitación la Central Portezuelos I en Atlixco, Puebla de 1898; La Laguna, en Tecojotal, Hidalgo, construida en 1903 y Umécuaro, Michoacán, en 1904, operadas actualmente por CFE; así como la Generadora Fénix con la Central Necaxa, en Puebla, construida en 1905. De estas, 43 tienen una capacidad instalada menor a 30 MW, entre las que destaca la derivadora Echeverría en Puebla construida en 1880.
Durante el México prehispánico, colonial y hasta finales del siglo XIX, uno de los elementos principales en el manejo del agua para las actividades agrícolas y ganaderas fue la presa construida de ramas, tierra y piedra. En 2018, el consumo de energía eléctrica fue de 317,278 GWh, de la cual el 10.2 por ciento fue producida vía hidroeléctrica, 3.9 por ciento eoloeléctrica y el 8.2 por ciento con otras fuentes como la solar, documenta el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 de la Secretaría de Energía.
En contraste, el 51 por ciento se produjo con tecnología de ciclo combinado, 13.2 por ciento térmica convencional (vapor), 9.2 por ciento carboeléctrica y 4.3 por ciento con nucleoeléctrica, energías contaminantes. En ese sentido, la generación bruta por fuentes limpias fue del 23.2 por ciento, por lo tanto, no se alcanzó la meta establecida en la Ley de Transición Energética del 25 por ciento en 2018 y el 35 por ciento en 2024.
Pero los retos identificados para un plan de hidroeléctricas pequeñas y grandes, reconoce el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), son los efectos medioambientales adversos, rechazo social a proyectos por parte de algunos sectores, y usos y costumbres en el manejo del agua.
«No es con energías fósiles operadas por la CFE, sino con proyectos de energía renovable eólica y solar, más baratas, como México puede construir la ruta de desarrollo energético, económico y de descarbonización de sus emisiones para cumplir con el Acuerdo a París», expuso Adrián Fernández de la Iniciativa Climática de México. «Si permitimos que entren más plantas eólicas y solares para cubrir la demanda de electricidad futura, estaremos poniendo un tope en las emisiones de dióxido de carbono del sector de electricidad. Pero si seguimos incorporando más plantas de carbón o quemando más combustóleo en las termoeléctricas o –como se está planteando– que las únicas plantas que se van a construir en este sexenio son de gas, todo eso, seguirá incrementando emisiones».
HIDROELÉCTRICAS EMITEN METANO
Desde 2009, cuando el Gobierno federal planeaba instalar la central hidroeléctrica «La Parota» en Acapulco, Guerrero, la Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) e International Rivers alertaron en un informe que los proyectos hidroeléctricos generan la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades indígenas o campesinas; y, como también sucede en proyectos eólicos y solares, se registra la falta de participación pública y acceso a la información a través de consultas libre, previa e informada y de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), esenciales para identificar, analizar y reducir o eliminar los posibles daños ambientales y violaciones a los derechos a la salud, a la vivienda e indemnización adecuada.
Asimismo, la crisis climática podría impactar la seguridad y productividad de las represas por cambios drásticos en precipitaciones y sequías. De agosto a diciembre de 2020, la sequía desde moderada hasta extraordinaria creció 179 por ciento en el territorio nacional, particularmente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango y Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El 2019 y 2020 fueron dos años consecutivos con lluvias por debajo del promedio, y el potencial hidroeléctrico de México está en función del almacenamiento de las presas dependiendo de la precipitación y los escurrimientos en las distintas regiones del país.
«Mediante el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales podrían evitarse impactos ambientales y el empeoramiento de la calidad de vida de la población, promoviendo un verdadero desarrollo en la región», expuso el documento “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” (2009), basado en estudios de caso latinoamericanos incluyendo el mexicano.
Los impactos ambientales más frecuentes registrados por grandes represas en América Latina han sido el empeoramiento de la calidad de las aguas que aumenta enfermedades transmitidas por agua e insectos; impactos a la biodiversidad como especies de peces migratorios; aumento en la emisión de gases de efecto invernadero (sobre todo metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono, reveló la Universidad de Washington en 2016) por la descomposición de materia orgánica inundada por la obra; y/o efectos sísmicos que las grandes represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del embalse.
En el caso de La Parota, documentó el estudio de AIDA, hubo fallas en los procesos de consulta pública a comunidades indígenas y campesinas afectadas (cerca de 25 mil personas serían desplazadas por la inundación de sus tierras) de Guerrero, así como graves huecos en el estudio de impacto ambiental que ignoraron los posibles riesgos sísmicos que el proyecto podría causar. La MIA se presentó en 2004 ante la Secretaría de Medio Ambiente, que la autorizó de manera condicionada incluyendo la creación de un Área Natural Protegida y la proyección e implementación de programas de rescate y reubicación de fauna en riesgo, así como programas de reforestación, y manejo y monitoreo ambiental.
La represa que tendría una capacidad de 900 MW se ubicaría en la cuenca del río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco e involucraba también los municipios de San Marcos, Juan R. Escudero, Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y Teconoapa en Guerrero. Según la MIA, la zona de construcción de la represa afectaría a 24 localidades con una población de más de 3 mil habitantes; y se inundarían o afectarían 39 áreas de propiedad colectiva y una de propiedad privada. El proyecto preveía la inundación de 14 mil 213 hectáreas de selva baja y media caducifolia, y zonas de pequeña agricultura y ganadería, por lo cual provocaría la desaparición de especies endémicas o en peligro de extinción como la rana papagayo, una especie de salamandra endémica, y las licania arbórea y lianas, así como daños a cultivos de maíz, frijol, calabaza, jamaica, coco, plátano, tamarindo, limón.
Tras presión social y acciones legales, el Gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) suspendió el proyecto, y el de López Obrador lo canceló en 2019. El exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo Manzur, evocó que la lucha contra el proyecto ha dejado un saldo de al menos seis asesinados en más de 16 años y detenidos políticos.
