‘Huachicoleo’ para principiantes
El combate al robo de combustible ha acaparado los reflectores en fechas recientes, desde el cierre de ductos de Pemex, hasta el más reciente incidente por el incendio de una toma clandestina, pasando por el combio a la distribución en pipas y la contratación de choferes para manejas estas unidades. Sin embargo, el tema del huachicoleo es más complejo, por lo que en Milenio, el periodista Carlos Marín, da una breve reseña de sobre este problema y escribe que: “para improvisar tomas clandestinas en ductos y poliductos basta horadarlos y colocar un grifo para extraer el combustible con la misma facilidad con que se toma el agua de una llave de jardín […]. La instalación es relativamente rápida, lo que da lugar a que las válvulas funcionen bien para su apertura y cierre, o mal si quedan fugas que se vuelven incontrolables para los delincuentes. Con ese procedimiento, tan solo en 2018 Pemex registró 12 mil 581 tomas clandestinas, las más cuantiosas: mil 815 en Puebla, mil 726 en Hidalgo, mil 547 en Guanajuato, mil 268 en el Estado de México, mil 263 en Jalisco, mil 80 en Tamaulipas y muchas menos, pero en casi todas las entidades federativas […]. Para el saqueo se perforan por igual ductos […] y poliductos […]. El diámetro aproximado de la tubería va de 10 a 40 pulgadas […] de diámetro y los tendidos pueden ser de una línea o, en los derechos de vía, cinco en paralelo. Están casi siempre bajo tierra, pero sobre la superficie en hondonadas y cañadas. Los huachicoleros disponen para popotear de casi 40 mil kilómetros de tubería […] […]. Sin contar los ductos que maneja Cenagas (tiene seguridad privada), la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex tiene a su cargo más de 50 mil kilómetros (contados los de gas). En poco más de tres años, incluido lo que lleva el gobierno actual, los criminales han puesto 32 mil 604 tomas clandestinas, de las cuales, en el mismo lapso, es ínfimo y ridículo el número de las que se han ‘reparado’ […]: ¡70! (seis en 2016, 38 en 2017, 23 en 2018 y tres en el enero que corre, según el reporte de ayer del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza). Si tal es la dimensión del problema, el de la empresa es mayor: cuando se detectan bajas de presión (solo aproximaciones a lo largo de kilómetros) y se manda localizar y ‘reparar’ el saqueo, el personal de planta cumple, sí, pero solo sus funciones precisas y turnos específicos. De ahí la instrucción ya denunciada de que no se diera parte al Ministerio Público y mejor enviar a los satanizados empleados de confianza… que son proporcionalmente unos cuantos, mal equipados y peor pagados”.
La tragedia de Tlahuelilpan representa una oportunidad para la nueva administración de mostrar su intención de acabar con la impunidad y corrupción, que hacen posibles este tipo de lamentables sucesos. Por ello en el Excélsior, el analista y catedrático, Leo Zuckermann, escribe que: “López Obrador heredó una crisis del Estado de derecho que explica, en buena medida, la corrupción, inseguridad y crecimiento económico mediocre. En este país, la triste realidad es que la ley es indicativa, no obligatoria. Los que deciden violarla, que son muchos y de todas las clases sociales, tienen una bajísima probabilidad de que los castiguen. En el desenlace final de la tragedia de Tlahuelilpan, el Presidente tiene la gran oportunidad de demostrar que va en serio con su promesa de cambiar este país para bien. 90 muertos y decenas de heridos y desaparecidos no pueden quedar impunes. Tlahuelilpan 2019 no puede acabar como la Guardería ABC de Hermosillo en 2009 […]. Lo que nunca cambió fue la total impunidad. De los 19 funcionarios que en algún momento fueron mencionados como posibles responsables de los hechos, ni uno solo fue procesado judicialmente. Nadie pisó la cárcel. Todos exonerados. Una vergüenza nacional […]. En el caso de la Guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar, hoy Presidente de la Suprema Corte de Justicia, investigó las posibles violaciones graves a los derechos humanos por el incendio. En su proyecto de sentencia, responsabilizó a […] funcionarios federales, estatales y municipales de menor jerarquía. Por primera vez en la historia, un ministro del máximo tribunal del país propuso responsabilizar de violaciones graves a los derechos humanos a funcionarios de primer nivel […]. Con su decisión, la Suprema Corte envió el ominoso mensaje de que en México no había consecuencias frente a la muerte de 49 niños. No puede ocurrir lo mismo diez años después. Para empezar, el nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz, debe investigar, procesar y encarcelar a todos los responsables directos de la muerte de 90 personas. Si es cierto, como afirman algunos lopezobradoristas, que detrás de esto hay un intento de sabotear y desestabilizar al gobierno de AMLO, pues que las autoridades judiciales encuentren y presenten las pruebas y a los presuntos responsables. Luego está la responsabilidad política. Ahí entra el Presidente López Obrador, quien debería evaluar seriamente la actuación de los funcionarios de Pemex, del Ejército y la Policía Federal. Por definición, cuando hay tantos muertos, alguien hizo mal su chamba, ya sea por comisión u omisión […]. Ni jurídica ni políticamente, Tlahuelilpan puede quedar impune. Si de verdad queremos un Estado de derecho, debe haber consecuencias por la muerte de 90 personas en un extraño y delirante carnaval de huachicoleo. De lo contrario, si no pasa nada, tal y como sucedió hace una década, se demostrará el gatopardismo del gobierno de AMLO: cambiar todo para que todo siga igual”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que ante la tragedia de Tlahuelilpan hubo serenidad y prudencia. Sin embargo, muchos critican que el mandatario ha caído en la tentación de de justificar al pueblo asegurando que delinquen a causa de la pobreza. Uno de ellos es el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, quien en su columna en Milenio escribe que el Presidente “le dio la cara a la tragedia, explicó la conducta del Ejército al replegarse frente a la multitud incontrolable que recogía gasolina, y dejó ver, en un caso dramático, lo que quiere decir su estrategia de ‘no apagar fuego con fuego’: no confrontar bajo ninguna circunstancia la fuerza del Estado con la ciudadanía. Sobre todo, le habló a la gente involucrada en la tragedia, solicitando de ella la información del fenómeno tal como se da a ras de tierra, reconociendo, con claridad pedagógica, lo que al gobierno y a la sociedad le falta por saber para actuar con eficacia. Dijo: ‘Yo pido a la gente de Hidalgo, inclusive a los que participaron, que nos ayuden y que den su versión, no solo de lo que sucedió el día de ayer, sino el porqué de esta actitud. Estoy seguro de que nos van a ayudar y vamos a poder reconstruir lo que sucede realmente. Es importante saber cómo se da esta práctica en lo comunitario, quién lleva a cabo la perforación del ducto, quién o quiénes, cuándo se sabe si hay una fuga, si se prepara, quién convoca, quién llama, cómo acude tanta gente, por qué los recipientes? ¿Qué se hace con ese combustible? ¿Se utiliza para consumo de los que lo recogen o se vende? ¿Cómo se vende? ¿Quiénes compran?’. Creo que la postura del Presidente en esto es impecable. Difiero solo en un aspecto: su vieja propensión a explicar la conducta criminal por la pobreza […]. La pobreza puede explicar que alguien delinca por privación, como el Jean Valjean de Victor Hugo, pero la aparente verdad sociológica de esta explicación tiene un sesgo clasista y hace poca justicia a la calidad humana que puede hallarse en la pobreza. La pobreza no es una fatalidad criminal y los pobres no son candidatos naturales, ‘obligados’ al delito.
En contraste en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “después de un análisis serio de riesgos, el equipo de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el jefe del Ejecutivo no debe recorrer los poblados de estados del centro del país que se distinguen por la ordeña ilícita de combustibles, el famoso huachicoleo. Nos adelantan que el mandatario recorrerá entre hoy y el jueves plazas públicas en cabeceras municipales de Hidalgo y Estado de México para presentar un programa de bienestar para 80 municipios afectados por el robo de hidrocarburos. Sin embargo, nos aseguran, la logística de AMLO ha determinado que el Presidente no debe caminar por las comunidades donde el robo de combustible es una constante”.
Entre Villanueva y Lydia Cacho
La decisión adoptada ayer en Puebla, con la designación como gobernador interino de Guillermo Pacheco Pulido, ha levantado críticas sobre todo por sus presuntos nexos con el narco, y el caso de la detención arvitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho. Ante ello en el Excélsior, el periodista Jorge Fernández Menéndez, escribe que esta designación “es el fruto de una mala operación política que dañará, casi en forma inevitable, la gobernabilidad del estado, pero, sobre todo, la dinámica de la elección estatal de julio próximo. Luego de la muerte de Martha Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle, lo último que necesitaba Puebla era la imposición de un Gobernador interino de parte de Morena, aliada en este caso con algunos personajes del PRI. Pero, además, es una decisión que deja expuestas varias aristas que serán difíciles de explicar para los propios impulsores de su designación, decidida entre la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la Presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky. Había ya un acuerdo, en principio, de que se quedaría en el interinato Jesús Rodríguez Almeida, actual gobernador en funciones, un funcionario serio, con buenas relaciones con panistas y perredistas, pero también con sectores de Morena e incluso con priistas. Era una solución muy transitable para todos porque pasaba por la designación de un gobernador ‘neutro’ que no generaría suspicacias en un escenario político que estuvo tan polarizado en los comicios de julio pasado, mismas que llegaron al clímax con la muerte de la Gobernadora y el ex Gobernador. Pero en unas pocas horas algo cambió y se decidió impulsar a Pacheco Pulido […]. Pacheco Pulido fue propuesto por el ex Gobernador Manuel Bartlett, actualmente director general de la Comisión Federal de Electricidad, con el respaldo del excandidato Miguel Barbosa. Fue un político cercano a Manuel cuando éste fue gobernador y ocupó entonces la alcaldía de Puebla. Más tarde fue Presidente de Tribunal de Justicia del estado y cercano colaborador del cuestionado ex Gobernador Mario Marín. En esa relación ha sido protagonista de varios eventos por lo menos discutibles. En el proceso que se le siguió al entonces Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Pacheco Pulido fue señalado por uno de los testigos protegidos que sirvieron para condenar a Villanueva Madrid, como un operador del crimen organizado en Puebla, a donde llegaba droga introducida por Quintana Roo, con el beneplácito del entonces alcalde, y desde la capital poblana era distribuida hacia la Unión Americana. La acusación nunca trascendió legalmente, pero fue pública. También se vio directamente involucrado en el caso de la periodista Lydia Cacho, cuando fue detenida ilegalmente en Cancún, en diciembre de 2005, para ser trasladada por tierra, mil 500 kilómetros, hasta Puebla, trayecto en el cual fue sometida a todo tipo de apremios ilegales. Pacheco Pulido fue quien ordenó la detención de la comunicadora. Lydia Cacho reprobó que Pacheco Pulido fuera contemplado como uno de los candidatos a gobernador interino, ya que el ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia tuvo en sus manos su expediente y ordenó que la entonces jueza Rosa Celia Pérez le dictara un auto de formal prisión por la publicación del libro Los Demonios del Edén, para complacer, dijo Cacho, al empresario Kamel Nacif y el exgobernador Mario Marín Torres […]. Mario Villanueva, Mario Marín y el caso Lydia Cacho son demasiados costos que carga el nuevo gobernador interino y traslada al gobierno federal. Más aún cuando no necesitaba ejercer de esa manera el peso de la mayoría en un estado que tendrá elecciones en cinco meses y donde hoy tiene mayoría electoral. Y donde el robo de combustibles, el eje político en estas semanas del Presidente López Obrador, tiene uno de los índices más altos del país”.
También en torno a la designación del Gobernador interino de Puebla en Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “la elección de Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino de Puebla no solo representa un revés para la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien cabildeó primero a favor de Jesús Ramírez Almeida y después de Gerardo Islas Maldonado, sino también el regreso en grande del ex mandatario Mario Marín Torres. PUBLICIDAD En la Comisión de Gobernación del Congreso fue el diputado local y dirigente del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, quien inclinó la balanza a favor del gallo del Góber Precioso”.
Por otra parte en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “la explicación de que un priista sea el gobernador interino de Puebla no hay que buscarla en Santa Clara, sino en… ¡San Lázaro! La llegada de Guillermo Pacheco a la titularidad del Ejecutivo poblano causó sorpresa no tanto por él, que tiene buen cartel, sino porque el PRI es la tercera fuerza política en la entidad que disputaron palmo a palmo Morena y el PAN. Lo que se dice es que los priistas negociaron a nivel federal con los morenistas votar en la Cámara de Diputados en favor de la creación de la Guardia Nacional… a cambio de quedarse con el interinato en la gubernatura poblana. Eso explica que a pesar de sólo contar con cuatro de los 41 diputados locales, el PRI ahora ocupa la Casa Puebla”.
Siniestro
Por otro lado en el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “Ricardo Anaya reapareció. Fue parte de la deliberación sobre la votación del fiscal general de la República. Dio la indicación para que se votara en contra de Alejandro Gertz Manero en los momentos de deliberación interna, en la reunión previa del Senado, que fue durísima, pues la mayoría de los senadores votaría a favor. Inconforme, Anaya amenazó, vía Damián Zepeda, para que quienes votaran por Gertz fueran sancionados. Así retoma Anaya la estrategia fallida de presionar y buscar culpables. Lo lamentable para el panista es que al final Gertz es el primer fiscal general. El joven maravilla ya inició su plan de reinserción a la vida pública, en medio de un PAN fragmentado y polarizado, sin rumbo ni líder. Además, hay a quienes no se les olvidan las acusaciones en su contra, de lavado de dinero, por ejemplo”.
