Inmobiliaria Moka, una de las compañías que posee terrenos en la ahora zona devastada en Tajamar, tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab. Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Roberto Madrazo Pintado.
Por Ivette Lira y Daniela Barragán
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le aprobó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la destrucción del Manglar Tajamar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que gobierna el priista Roberto Borge Angulo.
Entre las 22 empresas que pretenden edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.
El Malecón Tajamar, ubicado en la cabecera de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, se colocó en el ojo público luego de que el 90 por ciento de sus terrenos fueran devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral, sepultando, incluso vivos, a los animales nativos y destruyendo la flora del área.
Pero, ¿quiénes son los empresarios que adquirieron esos lotes con el consentimiento de las autoridades federales y locales?
ELLOS SON LOS DUEÑOS DE TAJAMAR
SinEmbargo tuvo acceso a la lista de las empresas y en el caso de Desarrolladora El Arca encontró que esta compañía privada, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares, enfrentó un caso similar en enero de 2012, cuando el Ayuntamiento Solidaridad emitió una multa a esta empresa por 1 millón 424 mil 250 pesos, debido a la devastación de dos hectáreas de un manglar ubicado en ese municipio.
De acuerdo con la información del diario Por Esto!, la causa de la multa no fue la de rellenar el manglar sino por el uso de maquinaria pesada. Sin embargo, después de pagar la sanción, el Ayuntamiento de Solidaridad y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedieron a quitar los sellos de clausura.
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José Martín Domene Zambrano es uno de los empresarios que buscan edificar dentro del Manglar Tajamar, el lugar en el que han sepultado animales vivos y ha dejado a muchos otros sin hábitat.
Domene es cuñado del ex Gobernador de Nuevo León y actual Diputado, el priista Benjamín Clariond Reyes Retana. Además, el empresario regiomontano ha sido señalado como uno de los principales promotores del grupo Amigos de Fox, que en 2000 promovió y recaudó dinero para apoyar la candidatura del panista Vicente Fox Quesada en el norte del país.
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De acuerdo con la lista difundida, Inmobiliaria Moka tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab. Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado.
William, junto con su hermano Paul, son dueños de la empresa Hidrosina, que maneja una red de 82 estaciones de gasolina distribuidas en 16 estados del país, ha firmado con la Semarnat convenios en pro del medio ambiente.
Información del articulista Carlos Fernández Vega publicada en La Jornada en 2005, señala que el ex banquero Carlos cabal Peniche transfirió 17 millones de pesos a través de Hidrosina y otras 13 empresas para financiar la campaña de Roberto Madrazo para Gobernador de Tabasco en 1994.
Los hermanos Karam Kassib también han sido señalados como coinversionistas en negocios con la familia Hank, según una investigación de la revista Proceso basada en los documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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Los dos representantes de la firma Ciscolang, Francisco Córdova Lira y Juan Rafael Lang Uriarte, fueron dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC). Ambos, también tienen un terreno en Tajamar donde proyectan construir departamentos de lujo.
En el caso de Francisco Córdova Lira, quien también fue presidente del Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia y de Grupo Xcaret, en 2014 fue designado Cónsul de Australia en Cancún, mención que le valió felicitaciones personales por parte del Gobernador Roberto Borge.
En los últimos días, a través de su cuenta de Twitter, el empresario ha comentado que la compra del terreno se hizo de manera legal, por lo que corresponde a Fonatur hacerse cargo de los daños.
Agregó que él participó en “un desarrollo autorizado”, que no participó en en el diseño del proyecto y que cumplió con los trámites y los permisos solicitados. Actualmente se encuentra a la espera de la liberación de la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por la Semarnat para el proyecto Parque Maya en Cancún, que también se construirá en una zona de manglares.
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Jaguar Ingenieros Constructores, es una de las ganadores del primer paquete de licitaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), para trabajos de tercería, drenaje, pavimentación y señalamiento y recibió para esto 885 millones 647 mil pesos.
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La empresa Fondo Comercial Mexicano es representada por Simón Galante Zaga. De acuerdo con la revista Forbes, tiene en sus manos una fibra hotelera a través de la cual tiene 34 hoteles, entre los que destacan los Fiesta Inn, Real Inn y los Camino Real.
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GR Inmuebles tiene como representantes a Gabriel Eugenio Garza Rangel y a Guillermo Garza Rangel, ambos provenientes de la acaudalada familia Garza Sada, fundadora de la Cervecería Cuahutémoc y fundadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
ORGANIZACIONES PIDEN SE REVOQUE EL PERMISO
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en conjunto con cerca de treinta organizaciones y especialistas en ecología firmaron un escrito en el que solicitan «a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental otorgada al proyecto promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido al incumplimiento de las condicionantes impuestas en dicha autorización y frenar el daño ambiental que se está ocasionando y que ha sido constatado ya por la propia Semarnat y la Profepa», señaló en un comunicado.
En entrevista para SinEmbargo, Alejandra Serrano, coordinadora de la Oficina Regional Sureste de Cemda, puntualizó: «no estamos reconociendo la legalidad del permiso (…). Hay un evidente incumplimiento del mismo y por ello Semarnat tiene que hacer la revocación inmediata para evitar que se haga un mayor impacto al ecosistema»
Asimismo destaca que entre las condicionantes que la Semarnat exigió en dicha autorización se encuentra el rescate de fauna, lo cual no fue llevado a cabo adecuadamente por Fonatur, prueba de ello es que durante la remoción del manglar la madrugada del pasado 16 de enero murieron diversas especies, algunas de ellas en categorías de riesgo, y muchas otras perdieron su hábitat natural.
«Fonatur señala que hizo recuperación de fauna, sin embargo sólo hace falta ver las fotografías en las redes para evidenciar que no se llevó a cabo. Una de las condicionantes del permiso era precisamente que se hiciera el rescate de fauna. Fonatur no cumplió con esa condicionante y se debe hacer la revocación inmediata del permiso», dijo
De darse cumplimiento a la Ley, la experta señala que de acuerdo con el Código Penal tendría que llevarse a cabo una sanción penal y por la Ley de Responsabilidad Ambiental «se tendría que restaurar el ecosistema y en la medida de lo posible dejarlo en las condiciones en las que se encontraba, lo cual implicaría un trabajo de reforestación del manglar.
«El encargado de realizar estos trabajos de recuperación del ecosistema sería Fonatur a solicitud de la Profepa y la Profepa tendría que verificar que esto sucediera. Fonatur y a quien le halla vendido los predios, pero finalmente quien es el permisionario es Fonatur», explica Serrano.
Los firmantes también exigen a la Profepa la realización de un peritaje en el terreno, actuar de manera urgente para sancionar a los responsables en cuanto sean acreditadas las irregularidades antes mencionadas y, «de ser el caso, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos ambientales y en contra la gestión ambiental. De tal manera que de acreditarse la afectación a la fauna y su ecosistema, se dé cumplimiento efectivo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental».
