Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto que la intervención federal tiene «graves riesgos» por la sospecha de filtración del crimen organizado en las autoridades municipales y el observar este problema desde una óptica represiva.
Aunque reconoció la urgencia de arrebatar al crimen organizado los espacios territoriales que ya controla, Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, expuso que la medida podría ir en detrimento del municipio por ser “el anillo más débil de la administración del poder estatal”.
En el segundo día de audiencias públicas para analizar las iniciativas en materia de seguridad y justicia del Presidente Enrique Peña Nieto, el representante de la ONU recomendó reformar leyes secundarias y no la Constitución, para establecer las reglas que permitan combatir la corrupción sistémica y sus mecanismos en los municipios.
“Se tendría que ver a esta propuesta y discutir seguramente la que podría la ley secundaría, a través de una óptica, que no es la óptica represiva, que no es la óptica de la reducción de la autonomía del municipio, sino que es exactamente lo opuesto”, afirmó el representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
En el mismo sentido, José Reveles, representante de la sociedad civil, indicó que la propuesta del Presidente Peña para intervenir los municipios cuando exista la sospecha de infiltración del crimen organizado es una decisión de control político a nivel nacional, que podría caer en el encarcelamiento masivo de presidentes municipales sin pruebas concretas, como en el llamado “michoacanazo” de 2009.
“Estamos frente al autoritarismo en todo su apogeo. Este decreto recomienda la urgencia de poner en práctica esa anulación de poderes locales en Guerrero, en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, de inmediato, para que los gobernadores asuman el mando de las policías municipales ya, feudos sin deberes”, afirmó.
Las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado analizan las iniciativas del Presidente Peña que forman parte de su decálogo para combatir la violencia y la inseguridad.
Entre sus propuestas esta la desaparición de las policías municipales y crear corporaciones policiacas estatales, así como la posibilidad de desaparecer las funciones de la autoridad municipal cuando sea infiltrada por el crimen organizado.
Para justificar la medida el Gobierno de Peña Nieto aseguró que la mayoría de las policías municipales están cooptadas por la delincuencia organizada; hay 600 municipios que no tienen una corporación policial propia; el 86 por ciento cuentan con menos de 100 elementos; y en alrededor de mil 100 municipios hay un promedio de 12 elementos de policía.
Según el texto enviado al Congreso, las policías municipales tienen un bajo nivel educativo: más del 60 por ciento están conformados por analfabetas, por elementos con educación básica o máximo secundaria, con bajísimas remuneraciones que no alcanzan para sostener a una familia y sí son un incentivo para la corrupción.
Sin embargo, estos datos no fueron argumento suficientes para José Reveles, también periodista especializado en temas de narcotráfico, quien recalcó que el tema de la seguridad en México se ha convertido en un negocio redituable vía la corrupción.
Reveles recordó que los presupuestos federales han ido en incremento constante año con año, sin que se haya reducido la violencia e inseguridad en estados y municipios por igual.
También destacó que el sexenio de Vicente Fox terminó con un presupuesto de 16 mil millones de pesos destinados a seguridad, el de Felipe Calderón concluyó con 120 mil millones, mientras que la administración de Enrique Peña Nieto ronda ya los 200 mil millones de pesos, 13 veces más del gasto anual.
“Esta propuesta de coyuntura está destinada al fracaso nuevamente. Si se aprueba, redundará en la erogación de más altos presupuestos, se crearán nuevas instancias, se harán sesudos análisis y estudios sólo para confirmar en los hechos cotidianos que será inviable e imposible dominar y controlar al país desde las instancias federales y estatales”, dijo el periodista.
PROPUESTAS DE LA ONU
Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recordó que la situación en México es muy grave.
Sostuvo que datos oficiales demuestran que 70 funcionarios municipales fueron asesinados en los últimos ocho años y 25 alcaldes han sido víctimas de homicidios desde 2006. Por lo que es urgente que el Estado mexicano garantice la seguridad de los ciudadanos en el nivel más cercano con la sociedad que es el municipio.
Sin embargo, consideró que la intervención debe contar con ciertas reglas que permitan que la medida tenga un carácter preventivo a nivel de la “junta municipal”, a fin de que la infiltración, se reduzca a limitar el proceso de la toma de decisión por parte de los presidentes municipales.
El funcionario de la ONU precisó que la infiltración no debe basarse en sospechas, sino en indicios concretos, unívocos y relevantes que puedan atestiguar la existencia de relaciones directas o indirectas entre administradores públicos y el crimen organizado.
“La disolución de las autoridades municipales debería apuntar a ser una medida preventiva y posiblemente de carácter administrativo y no penal, cuyo objetivo es restablecer las condiciones para que las instituciones puedan cumplir con sus funciones y así proteger, fortalecer los principios democráticos de representación y los principios de la buena administración”, dijo.
En segundo término, planteó que la medida debe “respaldar y fortalecer la corresponsabilidad entre los diferentes niveles de la administración del poder del Estado, frente a las amenazas representadas por el crimen organizado”.
Además debe responder a un criterio de urgencia, para garantizar la recuperación del territorio y al mismo tiempo fomentar el desarrollo ‘eventual’ de las investigaciones y de persecución penal solo de las personas físicas que han cometido actos criminales, sin atentar contra las instituciones.
En cuarto lugar afirmó que la medida siempre tiene que ser temporal y buscar y garantizar la realización de elecciones locales lo antes posible.
“No es una punición de la ciudadanía; al contrario, la medida es una medida garantista que permite a los ciudadanos recuperar el voto que han expresado y de eliminar las sospechas que los que han sido elegidos, no estén representando o no estén operando para implementar y para defender sus intereses”, recalcó Antonio Luigi Mazzitelli ante los senadores de las comisiones citadas.
LA MEDIDA NO ES AUTORITARIA: SEGOB
En respuesta a la crítica de los especialistas, David Arellano, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación rechazó que sea autoritaria la medida propuesta por el Presidente Peña para intervenir municipios.
“Se trata de un mecanismo complementario, es un mecanismo administrativo, no es una solución per se, es un instrumento que creemos suma a devolverle a los pobladores de un municipio la confianza de sus instituciones y a permitir que las instituciones funcionen”, afirmó.
Indicó que la intervención es necesaria porque algunos estudios sugieren que casi tres cuartas partes de los municipios en México podrían ser vulnerables ante la infiltración del crimen organizado.
Aclaró que no pretende disolver el municipio, sino asumir las funciones del municipio durante un tiempo determinado, a fin de devolver la autoridad a otras autoridades que la población misma haya elegido en elecciones libres.
“Se trata de una medida de carácter excepcional, no es una medida de uso cotidiano, es una herramienta que se pretende utilizar cuando se dan ciertos supuestos de infiltración de la delincuencia en el ayuntamiento y el municipio”, afirmó.
Explicó que “este mecanismo administrativo va de forma paralela con la investigación en materia penal”. Es decir, que a la par de la intervención las autoridades realizarían al mismo tiempo la investigación en materia penal sobre los sujetos que pudieran estar involucrados en una conducta delictiva.
Por otra parte, Tomás Zerón de Lucio, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que 13 municipios de Guerrero estaban intervenidos por el crimen organizado.
“Trece municipios que el Gobierno federal, a través del Ejército, tuvo que tomar el control porque no teníamos confianza en las autoridades municipales de seguridad”, dijo.
Recalcó que la situación era alarmante porque estaban dadas todas las condiciones para la infiltración del crimen organizado, quien se convirtió en la autoridad efectiva en esos ayuntamientos.
“Es tan alarmante la situación que prevalecía primero por los salarios, segundo porque estaban coartados por el crimen organizado de una manera tal que el crimen decía quién iba a ser el jefe el crimen decidía que operativos se iban a realizar.
Las audiencias públicas continuarán este jueves en el Senado de la República en donde se analizará el sistema de competencias en materia penal y contará con la presencia del representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos así como de académicos y especialistas en el tema.
