La desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado se dio en el contexto de la militarización de la seguridad durante el Gobierno del panista Felipe Calderón, y desde entonces sigue en la impunidad.
Por Jaime Armendáriz
Ciudad de México, 21 de diciembre (Raíchali).- El 29 de diciembre del 2009, tres integrantes de la familia Alvarado Espinoza, del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, fueron desaparecidas por elementos del Ejército. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad contra el Estado Mexicano en 2018, luego de un largo camino de los propios familiares de las víctimas y las organizaciones acompañantes, pero a dos años de la sentencia, la autoridad ha incumplido con la reparación del daño y hasta ha retrocedido en adoptar algunas medidas para evitar la repetición de ese tipo de actos.
La desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado se dio en el contexto de la militarización de la seguridad durante el Gobierno del panista Felipe Calderón, y desde entonces sigue en la impunidad. Los daños se han extendido a la familia, pues en la búsqueda de justicia se vio obligada a desplazarse ante el hostigamiento recibido desde la propia autoridad.
La sentencia de la Corte Interamericana se le notificó al Gobierno de México desde diciembre del 2018, y en este mes, al cumplirse dos años del trámite jurídico, no se tienen avances y de manera preocupante hasta hay retroceso, estableció el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), la organización que ha acompañado el caso y que lo llevó a las instancias internacionales.
Para la organización, esa sentencia era una oportunidad para brindar una reparación integral a las familias y para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad.
Sin embargo, lejos de eso, el propio gobierno emitió el 11 de mayo el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la par se dio la reforma a la Ley General de Víctimas, en la cual se desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que no solo serviría para terminar de indemnizar a las víctimas del caso sino a muchas más.
“La excesiva burocracia, la falta de una coordinación efectiva entre dependencias, la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la rotación de funcionarios y funcionarias involucrados en el cumplimiento de la sentencia y la pandemia de COVID 19 también han sido factores determinantes para no poder avanzar de manera sustantiva en el caso”, condenó el Cedehm.
Ante esa situación, se le pidió a la CIDH realizar una audiencia de seguimiento en la cual se reitere al Estado mexicano la obligación de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales.
En febrero de 2010, Andrés Manuel López Obrador se entrevistó con una delegación de familiares. “En esa ocasión, les externó todo su apoyo. Hoy, a dos años de la sentencia y a 11 años de la desaparición de las tres víctimas, las familias le piden congruencia”, recalcó la organización.
