La masacre de Acteal cumple 18 años y no hay un solo culpable tras las rejas. Sobrevivientes y familiares de víctimas afirman que el Gobierno mexicano desea comprarlos con una «solución amistosa»; ellos insisten en conocer la verdad, que les brinden justicia y que les garanticen la no repetición de hechos como este.
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– A 18 años de distancia, el Estado mexicano sigue negando su participación en la masacre de Acteal en Chiapas, mientras que los sobrevivientes y familiares de las víctimas, todos ellos de origen tzotzil, aseguran que si el Gobierno federal hubiese brindado justicia en 1997 y garantizado la no repetición, otras violaciones a derechos humanos, como las documentadas en el caso Ayotzinapa, se hubieran evitado.
En la última comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo el pasado 20 de octubre, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el asesinato de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños (uno no había cumplido el año)– en Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó, se trató de un conflicto intracomunitario. Y concluyó con una «solución amistosa» que consistía en indemnizar a las familias de las víctimas.
Además argumentó que la propia Comisión Interamericana, en su informe de 1998, reconoció que no contaba con evidencia que relacionara directamente a cuerpos paramilitares con el Estado, sino que dijo que se trató de grupos de civiles armados que tuvieron conflictos relacionados con tierras y entre comunidades.
Durante esa audiencia realizada en Washington, Estados Unidos, Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó la implicación gubernamental en la masacre, aunque reconoció que «el Estado fue incapaz de prevenir estos hechos y de responder adecuadamente después de ellos».
Por su parte, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, «Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal», rechazaron la propuesta de forma inmediata y exigieron verdad y justicia al caso.
«La sangre de nuestros hermanos la quieren cambiar por apoyos, lo quiere olvidar, lo quiere cambiar», dijo Diego Pérez Jiménez, uno de los representantes de los sobrevivientes.
«La masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias», expresaron integrantes de Las Abejas.
Por su parte la CIDH cuestionó tanto a Campa como a Ruiz sobre «en qué se basó la Procuraduría General de la República (PGR) para concluir que la masacre de Acteal no fue perpetrada por paramilitares. Si el Estado dijo que no se preservó el lugar de la masacre de Acteal, entonces cómo pueden sacar conclusiones confiables».
En el informe de la CIDH 146/10, los inconformes testificaron lo siguiente: «El 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, 45 indígenas tzotziles (cuatro de ellos mujeres embarazadas y 18 niños y niñas) fueron ejecutados por fuerzas paramilitares que habrían actuado con la aquiescencia de las autoridades mexicanas, en aplicación de una política estatal de lucha contra la insurgencia. En la oportunidad, también habrían resultado heridas 26 personas».
«Desde el 18 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar que actuaba en la zona habría realizado reuniones para acordar un ataque contra personas que habrían sido identificadas como presuntos seguidores del EZLN [Ejército Zapatista de Liberación Nacional] que habitaban en la zona y contra los miembros de la Sociedad de Las Abejas», denunciaron los hombres que pidieron a la Comisión intervenir.
SIN CULPABLES
A pesar que el caso sigue adelante en el organismo internacional, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a todos las personas involucradas, además de eliminar la sentencia que tenían. En 2009 el máximo tribunal liberó a 20. Y luego, con el pasó de los años todos los demás.
En 2013 los 86 acusados por la matanza habían sido liberados porque la SCJN determinó que no se cumplió el debido proceso, no había pruebas en su contra, además que hubo con inconsistencias en las acusaciones.
«La sociedad civil de Las Abejas aclaramos que los paramilitares se están reactivando porque los que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen en las comunidades de Chenalhó. En especial el ex Presidente municipal Jacinto Arias Cruz, de la colonia Puebla que ya se encuentra libre y todavía organiza a sus cómplices», fue la postura de los familiares.
En 2006, el Gobierno federal a cargo del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, creó la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal, la cual responsabilizó por primera vez al ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, su antecesor.
En un informe de 126 páginas se argumentó que que tanto Zedillo como su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz y el ex Procurador Jorge Madrazo Cuéllar fueron responsables de los homicidios.
En septiembre de 2009, abogados de los familiares de 10 víctimas presentaron en la Corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos, una demanda cuya base fue el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal. Sin embargo, Felipe Calderón envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos argumentando que la «corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas del Gobierno de México».
En septiembre de 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos accedió a la petición del Gobierno mexicano y le otorgó inmunidad al ex mandatario Zedillo. Un juez desestimó la demanda frente a la inmunidad del ex Presidente. Los demandantes se acogieron a la figura del amparo; pero en febrero de 2014, una corte federal rechazó la apelación. El argumento fue que Zedillo, como ex Jefe de Estado, es inmune.
Por otra parte, en cuando a la transparencia del caso, a la fecha el expediente siguen clasificados. La muerte de los 45 indígenas sigue siendo un misterio y ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ni el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAI) detallan la masacre.
En agosto de 2014, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) -hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)- ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores entregar la versión pública del documento que remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de la masacre de Acteal.
El IFAI resolvió que si bien los documentos refieren los hechos acontecidos, se trata en sí de las consideraciones planteadas por la SRE, para argumentar que las actuaciones de la justicia nacional no son susceptibles de ser revisadas por la CIDH.
Por otra parte, se advirtió que en el rubro que se identificó como «Consideraciones y estrategias del Estado Mexicano», se contienen los elementos argumentativos e información aportada por la Cancillería y que actualmente valora la CIDH y cuya difusión puede afectar el desarrollo del procedimiento establecido por ese organismo.
Consideró pertinente la clasificación de la información únicamente de los datos relacionados con este apartado, en razón de que su difusión pudiera afectar la impartición de justicia o una posible negociación entre las partes, no obstante, el plazo de reserva se redujo a dos años y no de 12, como lo planteó la SRE.
También se determinó que debe resguardarse la confidencialidad de los datos personales de las víctimas –estado civil, dirección, ideología u opinión política–, y de las personas involucradas en los procesos penales del caso como el nombre, edad o estado civil.
