El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe quedarse con los brazos cruzados. Fue prácticamente “asaltado” en sus atribuciones por los legisladores que desdibujaron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los derechos de las audiencias en la reforma publicada el 31 de octubre. Defender su autonomía constitucional es para evitar, justo, lo que sucedió: la imposición de intereses particulares y la nulificación de los contrapesos en un Estado democrático.

A través de una carta pública y en la plataforma change.org, circula desde la semana pasada una petición para que el Senado y el IFT presenten juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se restauren los derechos de las audiencias. En el caso del Instituto, se le pide defienda, a través de una controversia constitucional, sus facultades.

Recuérdese que con base en el artículo 28 de la Constitución, el Instituto tiene entre sus atribuciones “la regulación, promoción y supervisión” de los “servicios de radiodifusión y telecomunicaciones… garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.” Y es en el artículo sexto que se encuentra el mandato para que en la ley se establezcan los derechos de las audiencias, “así como los mecanismos de protección”. Con la reforma, esa protección, a cargo del IFT, queda diluida casi en su totalidad.

También se le pide al IFT no abrogar los Lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, publicados el 21 de diciembre de 2016, “pues de hacerlo quedarían sin materia las controversias constitucionales promovidas por los poderes legislativo y ejecutivo”. Estos lineamientos fueron suspendidos en dos ocasiones por el IFT, mientras se resolvían estas controversias. El plazo de la última suspensión terminó el 15 de noviembre, por lo que, supuestamente, ya entraron en vigor.

Ayer, en su colaboración en El Universal, Irene Levy, presidenta de Observatel y académica de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la reforma a la ley pretende abrogar los lineamientos referidos a través de un transitorio que dice “se abrogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto”. Los lineamientos, precisa, sólo son parcialmente incompatibles con la reforma, “pero el transitorio pretende eliminarlos por completo”.

Doble gol, una trampa regulatoria que tampoco debe ignorar o subestimar el pleno del IFT, ya que se sienta al mismo tiempo un precedente para que el Congreso de la Unión abrogue, cuando le plazca, las disposiciones regulatorias de los órganos constitucionales autónomos “como si existiera una relación de jerarquía de mayor a menor entre la ley y la regulación de estos órganos, destruyendo así su autonomía regulatoria”. Por eso, dice Irene Levy, el IFT debe interponer una controversia constitucional “al menos contra el transitorio por invadir sus facultades, demostrando así que le importa su autonomía y el estado de derecho”.

La petición es promovida por las organizaciones Artículo 19, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación (CONEICC, que agrupa a la mayoría de las licenciaturas en comunicación que se imparten en Universidades públicas y privadas de todo el país), la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), Comunicación Comunitaria, A.C., la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) y el Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel).

A esta petición se han sumado medios universitarios, como Radio UdeG y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y personas como Clara Jusidman, de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos; Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE); Clara Luz Álvarez, excomisionada de la Cofetel y académica de la Universidad Panamericana; Miguel Concha Malo, también reconocido promotor de los derechos humanos y presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”; Beatríz Solís, profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Aleida Calleja, maestra en derechos humanos y Coordinadora de Advocacy OBSERVACOM, y el actor Daniel Giménez Cacho, entre otras.

Cuando se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, también se le pidió al IFT que no permitiera la invasión de sus facultades en la regulación del sector (en temas, justo, como la tarifa cero, la adquisición o fusión de empresas sin su autorización y la regulación de contenidos) y presentara una controversia constitucional. No lo hizo. Por esos días, uno de los comisionados del Instituto se justificó al afirmar que estaban muy ocupados y que este juicio sería un distractor. Respuesta lamentable por la enorme expectativa que había generado la creación, después de décadas de espera, de un órgano autónomo fuerte, que acabara con los excesos de las empresas que dominan la industria y de algunos grupos políticos en el Congreso.

La lectura política de aquella decisión es que no fue por exceso de trabajo, sino que el pleno del IFT estaba dispuesto a someterse a las dichas fuerzas políticas y económicas, aunque estuviese en riesgo su autonomía y el interés general en la radiodifusión y las telecomunicaciones. ¿Se repetirá la historia? Muchos esperamos que no porque entonces habría otro gran retroceso en la reforma de telecomunicaciones.

FORO SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS

Este jueves 23 de noviembre, se presentará un estudio de Observacom sobre concentración de medios de comunicación y telecomunicaciones en América Latina, elaborado por los destacados investigadores Guillermo Mastrini y Martín Becerra, de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. La presentación estará a cargo del mismo doctor Mastrini y comentarán la obra Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy de Observacom, bajo la moderación de Jorge Bravo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

La actividad se hace en el marco del “Foro Libertad de expresión y derechos a la información en México y América Latina”, al que convoca Observacom, la AMDA y el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la FCPyS de la UNAM.

Otra de las mesas estará dedicada a la situación de los derechos de las audiencias en México y América Latina, en la que participarán Adriana Solórzano, presidenta de AMDA y académica de la UNAM, Guillermo Mastrini; Beatriz Solís Leree, académica y defensora de las audiencias del Sistema Público de radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y quien esto escribe. La cita es en el Auditorio Pablo González Casanova, de la FCPyS de la UNAM, a partir de las 9:00 horas.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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