Los pobladores de La Sierrita de Galeana permitieron a la minera canadiense Excellon Resources, entrar a su comunidad. Firmaron un contrato de arrendamiento de mil 100 hectáreas en 2008, pero tres años después, la empresa decidió ocupar, sin ninguna autorización, más espacio del que se le había otorgado. Ahí surgió el conflicto que hasta al día de hoy sigue sin arreglo. Sin embargo, la balanza se ha inclinado a favor de la minera, que a pesar de librar durante cuatro años un proceso legal con los ejidatarios, ha seguido operando con toda normalidad y sin pagar ni un solo peso de renta a los dueños del espacio que explota.
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Luego de cuatro años de espera, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto de Torreón, Coahuila, decretó que la minera canadiense Excellon Resources deberá desocupar las mil 100 hectáreas que son propiedad de la comunidad de La Sierrita de Galeana, Durango, pero antes, los ejidatarios le deberán pagar 5 millones 612 mil 038 pesos, ya que la empresa comprobó, con sus propios testigos, que una protesta de los pobladores afectó su productividad.
Ante tal resolución que condiciona la devolución de sus tierras, al pago de esa cantidad, los ejidatarios presentarán un amparo el día de hoy, para buscar una nueva sentencia que pueda reivindicar el goce de sus derechos humanos, comentó en entrevista, Juan Antonio López Cruz, abogado y Coordinador del Área de Justicia Trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), quien explicó que las tierras arrendadas se mantendrán embargadas hasta que Excellon Reosurces reciba el pago establecido, con lo que el Tribunal sólo reconoció su derecho a la tierra.
La resolución que ordena la magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón a este conflicto se da luego de cuatro años en que la comunidad ha resistido y se ha organizado en la defensa de su territorio, mientras que la empresa en ningún momento ha dejado de funcionar y lo ha hecho sin pagar 1 millón 200 mil pesos por la renta de las tierras en las que opera.
En 2008, ejidatarios de La Sierrita de Galeana, ubicada en Tlahualilo, Durango, firmó un contrato temporal con la empresa Excellon, en el que se estableció la renta de mil 100 hectáreas. En ese contrato se cuidó que la empresa se comprometiera a cumplir cláusulas sociales, medioambientales y económicas para la comunidad y sus habitantes.
Tres años después, Excellon comenzó a ocupar tierras en las que no tenía ninguna autorización. Ahí comenzó el conflicto. A finales de 2012, la Asamblea General de Ejidatarios presentó una demanda ante el Tribunal Agrario para anular el contrato, la restitución de sus tierras y resarcimiento de daños.
Durante todo este proceso, Prodesc ha documentado que los ejidatarios han sido víctimas de amenazas, intimidación y engaños por parte del gobierno estatal en contubernio con la Embajada de Canadá.
El pago de estos 5 millones 600 mil pesos a la empresa minera obedece a una sentencia que se dicta en contra de los ejidatarios al demostrar que un paro que se realizó en la mina afectó las actividades de la empresa. De acuerdo con el abogado, el Tribunal explicó que se aportaron varias pruebas, pero en realidad fueron testigos que la misma Excellon presentó.
“Y por esa razón, dictaron que se les pagaran más de 5 millones de pesos. Además hay una violación directa al ejido porque viola directamente lo que dicta el Artículo 27 Constitucional, que señala que las tierras son inalienables e inembargables. Cuando se le pague, ordenará la devolución: devuélvanse las tierras prestadas, previo pago a la empresa minera”, comentó Pérez Cruz.
Explicó que cuando la Magistrada determinó que las tierras serían devueltas, previo pago del ejido a la minera, se condiciona la entrega y es considerado como un embargo. Por lo tanto, si el ejido no paga, entonces no le devuelven las tierras.
ES INCONSTITUCIONAL
Aunque no se diga textual, dijo, se están embargando las tierras del ejido.
“Fueron cuatro años de juicio en los que la empresa estuvo explotando la tierra. Cuatro años en los que no pagó renta y en los que se le ha negado a la comunidad recibir el dinero que les corresponde. La comunidad no podían molestar o perturbar la actividad de las minas, pero jamás obligaron a esta a pagar la renta. Así fueron cuatro años”, agregó el abogado.
El ejido presentará el amparo el día de hoy, solicitando a los tribunales colegiados, que sean ellos quienes dicten una nueva sentencia que reivindique el goce de sus derechos a las y los ejidatarios de La Sierrita.
Excellon no solo ocupó tierras en las que no tenía permiso, sino que además tampoco cumplió cláusulas del contrato en las que se establecía la creación de un fondo social y apoyo en actividades productivas del ejido, una planta tratadora de agua y preferencia a ejidatarios para su contratación en la mina.
Además, durante 2013, denunció Prodesc, los ejidatarios de La Sierrita “sufrieron amenazas, hostigamientos y violencia” por parte de la empresa minera Excellon Resources, de algunos integrantes de la comunidad de Bermejillo y de integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada.
“Recibimos amenazas por teléfono, intentos de sacarnos de la carretera, llegaba la policía estatal y paseaba a compañeros de la comunidad. A uno o dos los golpeaban”, dijo Daniel Pacheco.
En noviembre de ese año, detuvieron a Héctor Pacheco, familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad. Antes también detuvieron a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, y Ricardo Calderón.
Después de tanto, el abogado contó a SinEmbargo, que entre la gente de La Sierrita tiene mucho enojo y frustración luego de escuchar el veredicto del Tribunal. Dice que el sentir es de que en México no hay un real acceso a la justicia.
“Es coraje el que tienen por esta decisión, porque ellos han cumplido con todo lo que les ha establecido el gobierno y las empresas. Buscaron el diálogo como una vía de solución, la negociación, permitieron la entrada de una empresa minera a su tierra, territorio. No se han opuesto a la inversión extranjera. Cuando ya no tuvieron la misma respuesta de la empresa, se fueron a los tribunales para que fueran ellos los que reivindicaran el goce de sus derechos, pero esta sentencia es todo lo contrario”, comentó.
Mientras tanto, continuó, para nuestras leyes y tribunales el contrato sigue vigente.
Los ejidatarios deben permitir la operación y Excellon debería pagar la renta, “pero no lo hacen, y por lo visto no hay alguna autoridad que los obligue”, señaló.
