La Paz, 21 nov (EFE).- El fortalecimiento institucional y la asignación de mayores presupuestos figuran entre los principales asuntos que debe atender Bolivia para combatir con mayor eficacia la discriminación contra las mujeres.

Estos temas aparecen recurrentemente en las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado boliviano, que se sometió a escrutinio de esa entidad en julio pasado.

Los aspectos más importantes del documento fueron difundidos esta semana en La Paz en un encuentro de periodistas con representantes de las Naciones Unidas, promovido por la Comunidad de Derechos Humanos (CDH) y la Fundación para el Periodismo.

La secretaria técnica de la CDH, Mónica Bayá, señaló a los medios que en las recomendaciones hay ejes «que son transversales» y que han sido enfatizados en las áreas examinadas.

Estos ejes son el «fortalecimiento de la institucionalidad del Estado», sobre todo de las entidades responsables de determinadas políticas o servicios para las mujeres, y «la necesidad de dotar de mayores recursos financieros, humanos y técnicos» para aplicar las normas de protección a los derechos de las mujeres, dijo Bayá.

Indicó que el comité resaltó la disminución de la extrema pobreza gracias a las políticas gubernamentales que permitieron mejorar los ingresos del país y que de ese avance surgió la recomendación de que esas mejoras económicas «se reflejen en las políticas de género para las mujeres».

La CDH es parte de una coalición de 135 organizaciones de la sociedad civil que presentó un informe «alternativo» al documento oficial entregado por el Gobierno al CEDAW.

Según Bayá, el Comité destacó los logros bolivianos en la participación política de las mujeres, pero a la vez indicó que «a partir de medidas especiales y acciones afirmativas» se podría obtener avances similares en otras áreas.

Otros aspectos pendientes son la cobertura de servicios, en particular en las áreas rurales, y la necesidad de crear un mecanismo de «rendición de cuentas» para garantizar que se asignen presupuestos y personal suficiente, y lograr así el cumplimiento de las normas vigentes para las mujeres.

El CEDAW planteó que para articular todas las políticas en favor de las mujeres y elaborar presupuestos «con enfoques de género» se cree un «ministerio de asuntos de la mujer» o una instancia similar que tenga esas facultades, según el documento de recomendaciones.

Un tema ineludible en Bolivia es la violencia de género, al ser éste el país latinoamericano con mayores tasas de violencia machista y el segundo en violencia sexual después de Haití, según datos de ONU Mujeres.

Al respecto, el Comité lamentó la prevalencia de la violencia de género «física, sexual, psicológica y económica», el bajo número de imputación y condenas a los culpables en estos casos y «la falta de una estrategia» para prevenirla.

«El Comité recomienda al Estado que elabore con carácter prioritario y dentro de un plazo específico una estrategia para prevenir la violencia contra la mujer», señala el documento.

La carencia de una estrategia en este sentido también fue abordada en un foro sobre la aplicación de la normativa sobre los derechos de las mujeres realizado esta semana en La Paz por iniciativa de Alianza por la Solidaridad con el apoyo de la cooperación española y la Unión Europea.

En ese evento, el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Francisco Sancho, afirmó que la violencia contra las mujeres «es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas en el mundo» y que «sin estrategia de género corre peligro todo el desarrollo».

Además, las expertas del CEDAW recomendaron que los casos de violencia de género «bajo ninguna circunstancia» se remitan a procedimientos alternativos de «arreglo de controversias, sino que sean juzgados por tribunales de justicia.

También pidieron tener un solo registro de cifras sobre violencia intrafamiliar y difundirlas periódicamente, entre otros aspectos.

Bayá destacó que las recomendaciones del Comité permiten al país «generar una agenda de coincidencias» que señalará el «norte común» que deben seguir «todas las instituciones del Estado, la sociedad civil» y la cooperación internacional.

La representante en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Ana Angarita, señaló a los medios que las propuestas del Comité «son una hoja de ruta para la eliminación de la discriminación hacia las mujeres».

Bolivia debe presentar en 2017 información sobre las medidas y avances relacionados con las recomendaciones hechas este año y entregar en 2019 un nuevo informe.