Pasados 44 años de la muerte de Franco, su tumba en el Valle de los Caídos es motivo de polémica en la democracia española porque es una monumento estatal, él no murió en la contienda y en la misma basílica están los restos de miles de combatientes republicanos, los perdedores de la guerra, llevados allí sin el consentimiento de sus familias.
Madrid, 21 oct (EFE).- El dictador español Francisco Franco (1892-1975) será exhumado y trasladado fuera del Valle de los Caídos el próximo jueves 24 de octubre, según informó este lunes el Gobierno español.
Ese mismo día, sus restos serán reinhumados en un panteón de un cementerio de las afueras de Madrid, donde fue enterrada su esposa, Carmen Polo.
Según un comunicado gubernamental, la operación se llevará a cabo en condiciones «de dignidad y respeto» y contará con la presencia de la familia del dictador.
A las 10:30 del jueves se procederá a sacar los restos de la tumba, situada a los pies del altar mayor de la basílica de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, el monumento más simbólico del régimen militar que implantó tras ganar la Guerra Civil española (1936-1939).
El Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, decidió trasladarlo basado en una reforma de 2018 de la ley de memoria histórica y avalado por el Tribunal Supremo, que rechazó un recurso de los familiares más próximos de Franco, sus nietos.
En el Valle de los Caídos también tiene sepultura también cerca de 34 mil personas que fueron víctimas de ambos bandos de la guerra.
Pasados 44 años de la muerte de Franco, su tumba en el Valle de los Caídos es motivo de polémica en la democracia española porque es una monumento estatal, él no murió en la contienda y en la misma basílica están los restos de miles de combatientes republicanos, los perdedores de la guerra, llevados allí sin el consentimiento de sus familias.
Tanto la exhumación como la reinhumación se efectuarán en la intimidad, en presencia de sus allegados. Durante el traslado y entierro estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su condición de notaria mayor del Reino de España.
El Ejecutivo argumenta que ha defendido desde el principio del procedimiento que «los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la ley de memoria histórica».
Igualmente, destaca que la sentencia «firme y unánime» del Tribunal Supremo del pasado 30 de septiembre «puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos».
Sánchez señaló, tras conocerse el fallo judicial, que de «esta manera se cerraba simbólicamente el círculo de la democracia española», concluye el comunicado.
