Colectivos en defensa del agua documentan que la Conagua ha otorgado más de 500 mil concesiones de 1992 a mayo de 2019 que han sido, aseguran, en violación de vedas, de límites de disponibilidad, de derechos de núcleos agrarios y de pueblos indígenas y de terceros, y sin ningún sistema efectivo de control sobre la contaminación.
Para uso industrial y agroindustrial, de las más de 5 mil dadas en el periodo referido, un 30.87 por ciento ha ido para empresas como GEO, ARA, Bachoco, Sukarne, Danone, Femsa, Heineken, Lala, Cemex, Apasco, entre otras, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– De los 5 mil 769 títulos de concesiones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dado para uso industrial y agroindustrial de 1992 a mayo de 2019, el 30.87 por ciento (1,781) ha sido para las empresas Geo, Ara, ICA, Homex (sector inmobiliario), Bacocho, Sukarne (granjas), Danone, Nestlé (embotelladoras), FEMSA, Pepsi, AGA (refresqueras), AB InBev, Heineken (cerveceras), Lala, Nestlé (lecheras), Cemex, Apasco, Cruz Azul, Moctezuma (cementeras), y Pfizer, Bayer (farmacéuticas), de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
«Las autoridades de la Conagua, desde la dirección general, subdirecciones, gerentes, subgerentes y personal subordinado negarán que se estén privatizando las aguas nacionales del país. Dirán que se están concesionando y que la rectoría del Gobierno está presente a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992), pero no dicen que esos títulos de concesión son por 10 años, 25 años y hasta 50 años, y muchos de ellos prorrogados. Los demás, que son la mayoría de la población del país, se quedan sin el suficiente abastecimiento de agua potable; se vuelve escasa, se tandea, recorren kilómetros para acarrearla o está contaminada por las empresas nacionales y extranjeras», dijo Ángel Martínez de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua.
La Conagua reportó hace unas semanas que el 66.6 por ciento del territorio mexicano está afectado por algún grado de sequía, principalmente en seis municipios de Oaxaca y Veracruz al registrar los niveles más altos, ya que entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2019 hubo un 19.3 por ciento menos de lluvia que lo habitual durante el mismo periodo. Además, los niveles de las 206 principales presas de México son 16 por ciento menores que el almacenamiento promedio para estas fechas.
De 1992 al 31 de mayo de 2019, van 554 mil 091 títulos de concesiones a aguas superficiales y subterráneas para uso agrícola, doméstico, servicios, industrial, público-urbano, generación de energía eléctrica, comercio, conservación ecológica y otros, considerando permisos de descarga, permisos en zonas federales y permisos de extracción de materiales, documenta la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua con datos del REPDA de la Conagua.
Elena Burns de Agua para Todos afirmó que esas más de 500 mil concesiones a aguas superficiales y subterráneas han sido «en violación de vedas, de límites de disponibilidad, derechos humanos, derechos de núcleos agrarios, derechos de pueblos indígenas y de terceros, y sin ningún sistema efectivo de control sobre la contaminación».
La especialista explicó que la Ley de Aguas Nacionales (1992) sirvió para poner las aguas nacionales «bajo el control de ‘mercados del agua’ como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN, 1994)».
«Por lo tanto, hoy en día, el agua en México es de quien tuvo los contactos más cercanos con la Conagua y de quien tiene el pozo más profundo y la bomba más potente», sentenció Burns.
Ángel Martínez, de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, dijo que en los artículos 21 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales la Conagua no consideran el impacto socioambiental que ocurrirá con las concesiones otorgadas ni tampoco el de realizar consultas en las poblaciones afectadas.
«La Ley de Aguas Nacionales es tan elástica con respecto a la contaminación que es irrisorio», afirmó Martínez. «Lo que pagan de derechos es mínimo y pese a la gran producción que sacan no le rinden cuentas a la Conagua».
El colectivo Agua para Todos alertó en una conferencia de la semana pasada que la plataforma Conagua en Línea «deja vulnerables» a los pueblos porque permite que cualquier empresa obtenga concesiones a sus ríos, manantiales o a las aguas subterráneas de las cuales dependen, «sin su conocimiento o consentimiento», de lo cual responsabilizaron a Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua y a Víctor Alcocer Yamanaka, Subdirector General Técnico.
INICIATIVAS PARA LEY DE AGUAS 2020
La coordinadora nacional Agua para Todos impulsa una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas (reformada en 2012) que presentará ante el Congreso con el 150 por ciento de las firmas requeridas.
Plantea un esquema para lograr el acceso equitativo y sustentable mediante concesiones a corto plazo (actualmente hasta 50 años o más), fuertemente condicionadas, y si el concesionado no cumple esa legislación, perdería el acceso al recurso natural, con el fin de combatir «la mercantilización, el acaparamiento, la especulación, la sobreexplotación y la contaminación impune de las aguas nacionales».
Los costos por la contaminación del agua en México ascienden a 57 millones de pesos, lo que equivale a un 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el estudio “Tratamiento de aguas residuales” de la Oficina de Información Científica del Congreso de la Unión.
Por su parte, CESPEDES del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –con aliados como Bachoco, Grupo Modelo, Cemex y Femsa mencionados como beneficiados de concesiones de agua– impulsa otra iniciativa para reformar la Ley General de Aguas. Esta propone concesiones a largo plazo, número de concesiones ilimitadas y reemplazar vedas por «reservas» para aumentar la disponibilidad de oferta de agua.
«Alguien puede solicitar una concesión, pero como las transferencias no están prohibidas sino fomentadas por la Ley, después la compra una empresa. Ojalá que simplemente un particular llegara, le dan su concesión y tuviera acceso al agua. No es así. Hay una captura política de la mayor parte de las empresas poderosas que lo mismo tienen inversiones en energía, minería, e infraestructura urbana (grandes desarrolladoras inmobiliarios)», afirmó Miguel Ángel Montoya, consultor legislativo que partició en la redacción de la reforma al artículo 4 constitucional sobre la Ley General de Aguas en 2012.
