«Los flujos financieros ilícitos han aumentado», reconoció Nieto, por lo que el combate a los 19 grupos delincuenciales identificados por el Gobierno mexicano consiste en capturar a los sicarios o líderes, desmantelar sus estructuras financieras, combatir la corrupción política y judicial, además de disminuir con programas sociales su base de apoyo.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, que es un diagnóstico sobre las políticas de combate al lavado de dinero y el combate al terrorismo. Dijo que se trata de un compromiso internacional, con base en las convenciones de Palermo, Viena y Mérida, que buscaron mitigar estas operaciones ilícitas relacionadas con la corrupción.
Nieto Castillo recordó que la primer evaluación de riesgos se realizó en 2016, con lo que la presentación de este lunes destacó la continuidad de la labor.
Las amenazas identificadas por el Gobierno mexicano sobre estas políticas de combate a la delincuencia financiera están relacionadas con las organizaciones delincuenciales que recorren el país, de las que ocho crecieron durante la administración anterior, expresó Nieto.
«Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto, de ellas, dos de naturaleza supranacional, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. Durante la última administración federal vimos, desafortunadamente, el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: el Cártel de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México; los Viagra, en Michoacán; el Cártel del Noreste en Tamaulipas; el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos en el estado de guerrero, entre otros», puntualizó el titular de la UIF.
La estrategia en contra de estos grupos delictivos, dijo, se realiza en cinco ejes que consisten en: el combate a los sicarios o líderes, a sus estructuras financieras, a la corrupción política, a la corrupción judicial y a la base social que los apoya.
Las organizaciones delictivas han modificado sus estructuras de actividades delictivas, dijo, como en el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima que ha pasado del robo de hidrocarburos al secuestro y la extorsión.
Los recursos ilícitos generados en México fueron considerados la segunda amenaza para el combate a la delincuencia. «Los flujos financieros ilícitos han aumentado», reconoció Nieto, por lo que se trabaja en un índice para poder evaluar la cantidad de recursos ilegales. Entre 2016 y 2018 las ganancias de los grupos delictivos ascendieron a 1 billón de pesos, con base en la información del Consejo de la Judicatura Federal y de la Fiscalía General de la República.
La corrupción es la tercer amenaza, con lo que reconoció que México continúa como una de las naciones con mayores índices al respecto. Sin embargo, destacó que la percepción ciudadana de la corrupción ha disminuido hasta el 44 por ciento de la población.
La impunidad y la falta de certeza jurídica son una de las vulnerabilidades del sistema financiero nacional, destacó Nieto Castillo, con datos como la cantidad de denuncias presentadas por la UIF que en 2018 fueron 84 y un año después fueron el doble, sin embargo, la Judicatura Federal emitió sólo seis condenas en 2018, que para 2019 se convirtieron en 84.
«Creo que se trata de buenas noticias el incremento en el número de sentencias condenatorias que ha sido reportado», se congratuló el funcionario mexicano.
El dato de las vistas administrativas sumaron 91 en 2019 y en lo que va de 2020 ya suman 57. Los montos de recursos bloqueados por la UIF ascienden a 5 mil 678 millones de pesos y 344 millones de dólares; además 3 mil 627 personas se han agregado a la lista de gente bloqueada y se han congelado 25 mil 337 cuentas.
La economía informal es considerada una «barrera protectora» del lavado de dinero, por lo que se busca la inclusión financiera, pues en 2018 el 56.7 por ciento de los mexicanos vivían en la economía informal, representando el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) destacó que el uso del efectivo es otra amenaza para el combate al lavado de dinero, por lo que la inclusión financiera resulta central. Destacó que en 2012 el número de cuentas bancarias por adultos cubría al 36 por ciento de la población, pero para 2018 el dato se elevó al 47 por ciento. Con estos datos, también han crecido el número de operaciones digitales de recursos.
Sin embargo, México está rezagado a nivel internacional, destacó, pues países como Perú, Colombia, Argentina o Chile tiene un número mayor de cuentas por cada mil habitantes adultos.
Nieto Castillo hizo hincapié en que el uso de criptomonedas en el país no está regulado ni permitido para uso común, además destacó que el país tiene un sistema sólido de protección contra el lavado de dinero para las empresas fintech.