El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene aún muchos puntos a los que el Gobierno Federal no le ha dado importancia.

Por ejemplo, ayer, se reveló que los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no solo dejaron seis ejecutados extrajudicialmente y 43 normalistas desaparecidos forzadamente, sino además 40 heridos; 80 víctimas de persecución y atentados y más de 30 personas que sufrieron ataques contra su vida.

Por si fuera poco, al menos 700 familiares directos de las víctimas han tenido que enfrentar las consecuencias del dolor y el miedo (y las consecuencias del trato recibido en estos meses).

El 11 de septiembre pasado, José Torero Cullen, uno de los integrantes del GIEI, dijo en entrevista con SinEmbargo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha minimizado el informe y se ha concentrado en darle una respuesta, nada satisfactoria a la conclusión de que los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Torero Cullen destacó que aunque el informe detalla muchas otras irregularidades que dan al traste con la «verdad histórica» oficial, la administración federal no tiene interés en revisar, punto por punto la investigación que científicamente realizaron los especialistas de la CIDH.

Lo de ayer refuerza lo que Torero ha venido diciendo a los medios de comunicación nacionales y extranjeros en torno al desdén que las autoridades federales han dado al informe. Si hay casi 800 personas que han sido agraviadas por este hecho, el caso toma aun mayor relevancia y exige que las instituciones encargadas de procurar justicia no sigan eludiendo su responsabilidad y tratando de desviar la atención de la opinión pública en un solo asunto del caso.

Ayotzinapa fue un grave problema desde su origen. Pero justo la falta de interés, compromiso, responsabilidad, y el terror a la crítica y el escándalo internacional provocaron que, día con día se fuera contaminando más y más.

Hoy ya no hay retorno. Hoy, al Gobierno federal ya no se le cree. Hoy, o las autoridades actúan y asumen sus errores, o nunca, a ninguno de los integrantes de este gobierno, se les perdonarán sus omisiones.

Redacción/SinEmbargo

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