El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, detalló que el empleo de facturas falsas implica la pérdida de hasta 500 mil millones de pesos para el erario.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno federal utilizará desde la figura de testigos protegidos hasta la intervención en telecomunicaciones para combatir la compra y venta de facturas falsas.
“Para poder llegar a las cabezas de las organizaciones criminales de facturas se busca, precisamente, los beneficios que da el Estado en la excepción del régimen de delincuencia organizada. Esto es criterio de oportunidad, es decir, usar la figura de los testigos protegidos para ir a las cabezas”, señaló a medios el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
En este sentido, detalló que cualquier persona involucrada en el ilícito puede ser un testigo protegido.
“En el caso de los factureros, los testigos protegidos podrían ser aquellos prestanombres o testaferros, que digan quién los puso y quién los contrató y quién es el beneficiario final”, ejemplificó durante el Conservatorio: “México, integración económica mundial y política comercial del gobierno de la 4T y su impacto en la hacienda pública en el Senado de la República”.
Romero Aranda detalló que el empleo de facturas falsas implica la pérdida de hasta 500 mil millones de pesos para el erario.
Por lo que, aseguró, se emplearán todas las medidas que la ley contiene, como el uso de personas infiltradas o la intervención telefónica, a fin de combatir este delito.
“Estos es un criterio de oportunidad que es precisamente los testigos protegidos para ir a las cabezas, es la intervención telefónica con autorización judicial, también los infiltrados, y todo esto da lugar a la prisión preventiva oficiosa, son los temas que se están discutiendo y que con estas herramientas podemos dar frente a la batalla contra los factureros”, añadió.
El Procurador indicó que si la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación es aprobada en el Congreso de la Unión, quienes cometan evasión fiscal podrán ser objeto de prisión preventiva oficiosa.
Por otro lado, Romero Aranda dijo que la propuesta cuenta con filtros de seguridad, a fin de evitar que quienes incurran en este hecho puedan solicitar amparos.
“Primero está el SAT, luego la procuraduría fiscal, luego la fiscalías y después el juez de control. Entonces, sí todos los actos están emitidos conforme a derecho, podrán presentar amparo, pero de eso a que procedan…”, apuntó.
El pasado 14 de agosto, las comisiones de Justicia y Hacienda del Senado de la República aprobaron el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación.
La iniciativa será discutida en el Pleno del Senado, luego que los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la aprobaran en comisiones.
La reforma busca sanciones de cinco a ocho años de prisión preventiva oficiosa para quien compre y venda facturas falsas; además, cataloga a este delito como un atentado a la seguridad nacional.
