Será investigado el ex director del Cereso Mil de Valle de Santiago, asimismo, los guardias de seguridad penitenciaria Miguel Ángel Cano Cabrera y Cirilo Sandoval Gómez, el sub Director jurídico del penal por la violación del derecho a la integridad y seguridad, en contra del reo Juan Baldomero Piedra.
Por Tere Segura
Guanajuato, 21 de junio (Zona Franca).- El Gobierno de Guanajuato inició una investigación en contra de varios servidores públicos del Cereso de Alta Seguridad de Valle de Santiago por haber torturado a un reo. Entre los investigados se encuentra el ex director Fabián Rodríguez Arroyo.
La investigación se inició por recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad y de luego de la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, tras la queja que presentó Juan Baldomero Piedra Botello, quien fue detenido junto con César Giovanni Leyva Manríquez, en el 2012, por intentar secuestrar a un comerciante del “mercado negro” en León en el 2012.
Además del ex director del Cereso Mil de Valle de Santiago, también serán objeto de investigación los guardias de seguridad penitenciaria Miguel Ángel Cano Cabrera y Cirilo Sandoval Gómez, así como del sub Director jurídico del penal por la violación del derecho a la integridad y seguridad, en contra del reo Juan Baldomero Piedra.
Así lo dio a conocer la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana, Sophía Huett López, quien precisó que las recomendaciones fueron dirigidas al Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, quien las aceptó y dio la instrucción de iniciar los procedimientos correspondientes para deslindar o fincar las responsabilidades por el caso de tortura.
En rueda de prensa a la que se convocó la tarde de este jueves, Huett precisó que el expediente de queja que abrió la PDHE quedó asentado bajo el número de expediente 64/17-B, que en su resolución del 20 de diciembre del 2017, “el inicio del procedimiento administrativo correspondiente en cuanto a violación al derecho a la integridad y seguridad de las personas, contra dos guardias de seguridad penitenciaria”.
En el caso del auto de juicio de amparo, 201/207-8, la sentencia emitida por el Poder Judicial, el pasado 12 de junio refiere el inició de una investigación interna y dar vista al Ministerio Público.
“El pasado 12 de junio el Secretario de Seguridad Pública instruyó al Director del Sistema Penitenciario dar vista a la unidad de Asuntos Internos y Procedimientos de la comisaría de general de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a fin de iniciar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades del actuar del Director Centro Estatal de Reinserción Social de Valle Santiago, del Jefe de seguridad, de los guardias de seguridad penitenciaria que tenían bajo su resguardo al quejoso, así como al subdirector jurídico” precisó.
Huett López dijo que también se instruyó una investigación para que todos servidores públicos tanto de índole operativa y administrativa, incluso aquellos que hoy tengan carácter de ex servidores públicos, respondan ante las omisiones o actos de negligencia con la que se hubiera actuado, y se dé vista al órgano interno de control de la SSP.
LOS HECHOS
La comisionada de Seguridad, narró los hechos que derivaron la queja del reo, pues este aseguró haber sido víctima de tortura y tratos inhumanos por parte de los servidores antes mencionados.
Entre los actos destacan que el reo fue despojado de sus vestimentas, colgado de los pies y golpeado, hechos que a su decir se llevaron en el área clínica, lo que fue negado por las autoridades. En este caso no hubo testigos.
El reo también refirió que el 7 de febrero del 2017 habría sido esposado en una cama, despojado de sus prendas y golpeado.
En marzo, el reo dijo haber sido golpeado provocando lesiones en la ceja y cráneo y una fractura en la mandíbula, agresiones que también fueron negadas, pero las autoridades tampoco pudieron explicar documentalmente el origen de las mismas.
Al no tener elementos de prueba por parte de los involucrados la PDHE aplicó “el artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos que estipula que la falta de rendición de un informe o documentación que apoye, hará que se tengan por cierto los hechos, materia de la queja o denuncia salvo prueba de lo contrario”.
ACATAN SENTENCIA JUDICIAL
Al reconocer que la tortura es un acto grave, Sophía Huett apuntó que el Gobierno del estado acata la sentencia judicial y se compromete a que las autoridades penitenciarias se abstendrán de realizar conductas que atente contra la integridad personal del quejoso y a supervisar la actuación de los custodios que estén a su cargo.
Además de dar cumplimiento a todas las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien participó; hacer público el contenido de la sentencia, en un diario estatal.
“El Gobierno de Guanajuato a través de todas sus instancias realizará máximo esfuerzo posible por proteger derecho a la integridad personal y rechazar cualquier tipo de tortura. Los trato crueles inhumanos son prácticas no toleradas en el sistema penitenciario del estado”.
