«Los cárteles del narcotráfico son drogas y armas, y los cárteles de la corrupción es dinero público», dijo a Univisión Luis Pérez de Acha, un abogado fiscalista mexicano que forma parte del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. El caso de Javier Duarte es el más escandaloso de una lista conformada por 11 ex gobernadores mexicanos que han sido investigados, acusados o detenidos en los últimos cuatro años por desviar al menos 13 mil 400 millones de dólares de fondos públicos, según cálculos de la Auditoría Superior de la Federación.
Para hacerlo, los mandatarios y sus colaboradores no solo utilizaron redes inmobiliarias y de bancos en México. La efectividad de sus operaciones no se explicaría, según expertos, sin el montaje de estructuras corporativas en Estados Unidos para mover y lavar el dinero, al estilo de los cárteles de la droga.
Por Peniley Ramírez, Gerardo Reyes, Juan Cooper y Sergio Rincón, de Univisión Investiga para SinEmbargo
Ciudad de México/Miami, 21 de junio (UnivisiónInvestiga).- La mansión estilo mediterráneo de cinco cuartos y seis baños, con embarcadero propio, cancha de fútbol y baloncesto, amplios salones y piscina está ubicada en Cocoplum, uno de los barrios más exclusivos del sur de Florida. Fue vendida de contado en agosto de 2014 por 7.6 millones de dólares. Los compradores adquirieron la propiedad a través de una compañía de papel registrada en Delaware, que impide conocer quiénes son sus socios.
Pero en el anonimato de la operación quedó un cabo suelto que apunta a que la propiedad tiene nexos con el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte: una fuente confidencial confirmó a Univisión que la empresa que manejó la propiedad y pagó los impuestos fue el despacho mexicano de abogados Contreras y Janeiro, del que era socio en ese momento José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado mexicano.
Janeiro es señalado por las autoridades de México como el principal operador financiero de Duarte, el ex Gobernador de Veracruz. Fuentes oficiales confirmaron a Univisión que la PGR investiga los fondos con los que se pagó la casa en Cocoplum como parte del proceso penal contra Duarte, quien pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Duarte está actualmente detenido y afronta múltiples cargos de corrupción.
Su caso es el más escandaloso de una lista conformada por 11 ex gobernadores mexicanos que han sido investigados, acusados o detenidos en los últimos cuatro años por desviar al menos 13 mil 400 millones de dólares de fondos públicos, según cálculos de la Auditoría Superior de la Federación. Para hacerlo, los mandatarios y sus colaboradores no solo utilizaron redes inmobiliarias y de bancos en México. La efectividad de sus operaciones no se explicaría, según expertos, sin el montaje de estructuras corporativas en Estados Unidos para mover y lavar el dinero, al estilo de los cárteles de la droga.
«Son grupos delincuenciales operando en el mismo sentido, con diferente materia prima. Los cárteles del narcotráfico son drogas, armas y los cárteles de la corrupción es dinero público», dijo a Univisión Luis Pérez de Acha, un abogado fiscalista mexicano que forma parte del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
La incursión del círculo cercano a Javier Duarte en Miami ilustra también el modo más común que han usado los gobernadores para sacar el dinero de las cuentas públicas: a través de compañías de papel y transferencias entre varios países.
En el sur de Florida, según confirmaron fuentes oficiales en México a Univisión, Duarte operó a través del despacho de Janeiro, pero también de Moisés Mansur, un empresario que fue su amigo cercano desde la juventud y que ahora es acusado en México de ser su principal prestanombres, como informó el medio Animal Político.
En 2011 Mansur se convirtió en socio de Rusnam Investments, una compañía que compró al menos 10 propiedades de bajo costo en Miami para revenderlas, meses más tarde. Tan solo esta operación significó dos millones de dólares en ganancias, de acuerdo con un análisis realizado por Univisión.
Los otros socios eran José Zury Mansur, hermano de Moisés y el empresario financiero mexicano Iñaki Negrete. Univisión confirmó que también en Rusnam estuvo registrado como miembro Alfonso Ortega, un abogado que se convirtió en el principal delator del caso Duarte ante las autoridades mexicanas. Su participación en operaciones en Florida era desconocida hasta ahora.
Ni el despacho ni los empresarios contestaron llamadas ni mensajes de Univisión. A través de una persona que se identificó como asesor de comunicaciones, Negrete mostró interés en hablar con los reporteros de Univisión, pero después de que se le comunicó que uno de los temas de la entrevista sería la casona de Cocoplum, el asesor no respondió.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
La venta de la propiedad se hizo a través de la agente inmobiliaria Anamaría Velásquez. Univisión le preguntó por primera vez por la propiedad en el invierno pasado. Velásquez prometió que respondería más tarde, lo que nunca hizo.
Velásquez es cuñada de Ximena Peñuela, otra agente de bienes raíces local. Al comienzo del Gobierno de Javier Duarte, entre 2010 y 2016, Peñuela era pareja sentimental de Jaime Porres, otro de los amigos de infancia del ex Gobernador de Veracruz. Ella dijo vía telefónica que no recordaba las transacciones y luego no volvió a tomar llamadas de Univisión. En un correo electrónico, Porres negó tener algún vínculo con la residencia de Cocoplum.
Aunque en los documentos públicos disponibles de la mansión y las casas de bajo costo no tienen dueños en común, Univisión fue contactada por el mismo relacionista público, cuando preguntó a los involucrados por ambos negocios inmobiliarios.
La casa de Cocoplum fue mencionada por el diario Reforma en México durante el otoño pasado como parte de las indagatorias contra Duarte. Desde entonces, las autoridades mexicanas han investigado el origen del dinero con el que se adquirió y los movimientos bancarios en México y Estados Unidos que fueron necesarios para liquidarla de contado.
Los métodos de sacar dinero de México eran a veces rudimentarios, según explicó a Univisión en Xalapa, capital del estado de Veracruz, Hilario Barcelata, actual presidente del Instituto de Pensiones estatal y quien fue un duro crítico de Duarte durante su sexenio.
«Se utilizaba dinero público en efectivo y se transportaba incluso de manera muy informal, en cajas, en maletas».
Las investigaciones del caso sugieren que algunas de estas maletas con efectivo ingresaron vía terrestre a Estados Unidos.
Una fuente cercana a la familia Duarte, quien conoció la casa de Cocoplum, dijo a Univisión que Duarte confió a Mansur sus negocios más delicados. Su relación era tan cercana que el empresario, quien radicaba en la Ciudad de México, tenía disponible permanentemente una habitación en la casa oficial de Gobierno en Xalapa.
«Él (Duarte) solía presumir que nunca lo agarrarían porque no tenía nada a su nombre», dijo esta fuente.
Como parte de las indagatorias contra el ex Gobernador, las autoridades mexicanas también han seguido la pista del dinero hacia otras propiedades, adquiridas por medio de amigos y familiares cercanos de Duarte en Texas. La mansión de Cocoplum en Miami sería la más lujosa de todas las que supuestamente pertenecen a Duarte a través de terceros en Estados Unidos.
INCAUTACIONES MILLONARIAS
En los últimos meses distintos actores políticos en México han sostenido reuniones con representantes de Estados Unidos en las que han planteado el papel que juega el país en el entramado de desvío de fondos públicos mexicanos. La petición, del lado mexicano, ha sido plantear como urgencia que las autoridades estadounidenses asuman una actitud más activa en el combate a estos desvíos en su territorio.
Para los expertos la facilidad con la que los funcionarios compraron propiedades en este país refleja que tanto en el sistema bancario como en la industria inmobiliaria, no hay interés en establecer el verdadero origen de los fondos como lo exige las leyes contra el lavado de dinero.
ADEMÁS
Luis Pérez de Acha integra un comité que ha participado en algunas de estas conversaciones.
«Estamos haciendo un trabajo de empuje desde otros países convenciendo al Gobierno de Estados Unidos que combata las redes de corrupción que existen en México, a través del Departamento de Justicia y de sus tribunales. No es un trabajo fácil, pero lo pueden hacer», amplió el abogado fiscalista, quien integra el comité que vigila la implementación de un ambicioso sistema que buscará integrar a las instituciones que combaten actualmente la corrupción en México.
Uno de los casos de análisis ha sido precisamente el de Duarte, quien fue detenido en abril pasado en Guatemala, a donde huyó antes de terminar su Gobierno. Ahora enfrenta un proceso de extradición a México.
La investigación del Gobierno mexicano indica que el ex Gobernador instrumentó una red de lavado de dinero que pasaba por México, Estados Unidos y Europa, donde supuestamente también adquirió propiedades a través de prestanombres. Las adquisiciones en el extranjero, sin embargo, no formaron parte de la solicitud de extradición, según reportó el portal Animal Político.
Funcionarios mexicanos consultados por Univisión aseguraron que la investigación del caso Duarte trajo a la mesa bilateral un tema pendiente sobre quién deben recibir las ganancias de las propiedades adquiridas en Estados Unidos, que son incautadas luego de las investigaciones por lavado de dinero en México.
Uno de los casos emblemáticos en los que México hasta ahora no ha recibido dinero producto de venta de propiedades incautadas, es el relacionado con el ex Gobernador del partido conservador Acción Nacional (PAN) Luis Armando Reynoso, quien gobernó entre 2004 y 2010 el pequeño estado de Aguascalientes, en el centro del país.
En 2014, las autoridades de Texas incautaron varias casas y terrenos en San Antonio por un valor de 6.2 millones de dólares como parte de una demanda civil radicada por el Gobierno federal tras establecerse que fueron adquiridas con dinero de origen ilegal. En este tipo de procesos judiciales no hay un acusado. Estados Unidos solo persigue la propiedad y hace exhortos públicos para quienes quieran refutar la confiscación porque se consideran propietarios legítimos.
Meses más tarde, un joven de Aguascalientes presentó una moción ante la Corte Federal en San Antonio a través de sus abogados en la que se declaraba dueño del terreno, las casas y el centro comercial, adquiridas mientras Reynoso era gobernador.
El joven era Luis Armando Reynoso López, hijo del ex mandatario. Reynoso López nunca tuvo un puesto público en Aguascalientes pero según varias fuentes en el estado, entrevistadas para esta investigación, gozaba de una gran influencia sobre su padre.
El hijo del ex Gobernador se volvió conocido en México luego de que protagonizó una exótica fiesta de cumpleaños, en una hacienda de su familia en las afueras de la ciudad de Aguascalientes. Entre los detalles extravagantes, el evento contó con la presentación de un niño DJ de 9 años y el montaje de un enorme árbol artificial, que según vecinos del lugar tardó un mes en ser instalado. Del árbol colgaron un Mini Cooper, regalo de cumpleaños del festejado.
TRIANGULACIÓN DE FONDOS
La supuesta participación de Reynoso y su hijo es descrita en detalle en una demanda de incautación a la que Univisión tuvo acceso. Describe uno de los modos más recurrentes en que el dinero desviado del Gobierno llega a propiedades y negocios en territorio estadounidense.
Según el documento, «Reynoso y su hijo conspiraron entre ellos y con otros para desviar dinero ilegalmente del estado mexicano de Aguascalientes a través de instituciones financieras en México a cuentas bancarias que establecieron en Estados Unidos».
El dinero fue ingresado a cuentas en México mediante depósitos en efectivo, dijo en entrevista Rodolfo Franco, un periodista local de Aguascalientes que denunció a Reynoso. «Un banco recibe en un solo día 200 millones de pesos en efectivo, provenientes de la cuenta de Aguascalientes del gobernador a otra cuenta que tenía en Altamira, en Tamaulipas», explicó Franco.
Los documentos que forman parte de la investigación mexicana muestran reiterados depósitos en efectivo en una cuenta que pertenecía al hijo de Reynoso en el banco mexicano Banorte.
De estas cuentas se realizaron millonarias transferencias a Texas en 2009, durante el último año de Gobierno de Reynoso, de acuerdo con un detallado seguimiento bancario que realizaron los investigadores texanos.
«Los pagos de los bienes raíces en ocasiones involucraron numerosas transferencias y transacciones usando diferentes bancos y muchas cuentas bancarias, abiertas con el objetivo específico de esconder la identidad de los dueños y con un intento específico de esconder la naturaleza y la fuente de los fondos», afirma el acta.
En mayo de 2009, el hijo de Reynoso abrió dos cuentas bancarias en el BBVA Compass Bank en San Antonio. La dirección de una de esas cuentas es la casa en Aguascalientes donde ha vivido durante años su familia. Posteriormente, el joven abrió una cuenta más en Mc Allen, Texas, con el Inter National Bank, como reportó también este año el diario San Antonio Express News.
Un año antes había sido creada la compañía Administración, Comercio y Representación Mercantil, con sede en Cancún, una playa en el Caribe mexicano. De acuerdo con registros mercantiles de ese estado, obtenidos por Univisión, los socios eran dos personas que no tienen historial público como empresarios y no habían sido hasta ahora vinculados con el caso.
La investigación en Estados Unidos determinó que en solo tres semanas se transfirieron entre Aguascalientes, Cancún y Texas, 2.5 millones de dólares.
Para ello se utilizó también a Logística y Asesoría Comercial, otra compañía que tenía la misma dirección en Cancún y que según los investigadores fue registrada para mover el dinero ilegal. Los socios de esta tercera empresa eran otros dos empresarios que carecen de historiales públicos. Las transferencias se realizaron usando como contraparte a otro banco mexicano.
«Al momento en que hicieron sus depósitos en Estados Unidos, compraron casas o pusieron negocios en Estados Unidos con ese dinero, lavaron dinero. Y esto le dio competencia a las autoridades de Estados Unidos para actuar en su contra», dijo sobre este modo de operación Pérez de Acha, quien se ha especializado como abogado en movimientos financieros de lavado.
Además de los casos de Aguascalientes y Veracruz, en los últimos años, otros ex gobernadores mexicanos han sido también investigados en Estados Unidos por haber estructurado esquemas similares para adquirir propiedades en territorio estadounidense. Los ex mandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge, de Coahuila, Humberto Moreira o de Chihuahua, César Duarte, tienen pendiente investigaciones que también indagan la ruta del dinero a ambos lados del río Bravo.
