Redim recordó que José Octavio, el presunto feminicida de la niña Valeria, fue «asesinado», y que las autoridades del Estado de méxico -donde se concentra una cuarta parte de los homicidios de niñas y adolescentes que registró el país entre 2013 y 2015- «van construyendo los casos de acuerdo con la presión mediática», basándose en la «mentira».
ADEMÁS
México, 21 jun (EFE).- Integrantes de la organización Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) se manifestaron hoy en la Ciudad de México para clamar contra la «institucionalización» de la violencia machista poniendo como ejemplo el caso de Valeria, una niña de 11 años violada y asesinada en el Estado de México.
La concentración se realizó en el Ángel de la Independencia capitalino, y la protesta se replicó en una decena de ciudades de todo el país, entre ellas San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y Monterrey, en Nuevo León.
Los manifestantes portaron una pancarta en la que se leía «rechazamos la violencia machista en la que se ignora la palabra y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes».
Estuvo muy presente el caso de Valeria, quien desapareció el pasado 8 de junio en Nezahualcóyotl después de subir a un transporte público, y cuyo cadáver fue hallado al día siguiente con huellas de haber sido violada.
El director ejecutivo de REDIM, Juan Martín Pérez, afirmó a los medios que los padres de la niña denunciaron la desaparición de forma «inmediata».
Sin embargo, las autoridades del Estado de México se negaron a abrir la investigación en ese momento porque, por norma general, se dejan pasar «48 o 72 horas» por si la víctima «se ha ido con el novio» o se ha fugado de casa «enojada».
«La autoridad tuvo omisiones, negó el acceso a la justicia, y por eso exigimos que sean retiradas de sus cargos, investigadas y sancionadas», en su caso, demandó Pérez, quien luego precisó que su exigencia va contra los elementos del Ministerio Público.
Una persona, identificada como José Octavio, fue detenida y procesada por el crimen, pero la semana pasada fue encontrada muerta en su celda, presuntamente porque se había suicidado.
No obstante, Pérez señaló que José Octavio fue «asesinado», y que las autoridades del estado -donde se concentraron una cuarta parte de los homicidios de niñas y adolescentes que registró el país entre 2013 y 2015- «van construyendo los casos de acuerdo con la presión mediática», basándose en la «mentira».
Otro de los casos esgrimidos por la organización para evidenciar las «fallas» del Estado mexicano en cuanto a la protección de los menores es el que involucra a Mireya Agraz, quien supuestamente envenenó a sus tres hijos antes de suicidarse.
Pérez afirmó que el caso, ocurrido a principios de este mes en la capital, tuvo un «desenlace fatal» porque «no se pensó nunca en los niños, se pensó en el conflicto de los adultos», dado que Agraz y el padre de los niños mantenían una batalla legal por la custodia de estos.
Los niños -argumentó- «debían estar bajo resguardo de las instituciones y eso no se hizo».
«Que sus muertes no sean en vano, que terminen siendo aprendizaje institucional», señaló el director de REDIM.
