La tarde del 23 de enero de 2018, en los alrededores de una estación de Metrobús de la Ciudad de México, el joven de entonces 17 años fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, acusándolo de robo.
México, 21 de mayo (EFE).- Un juez mexicano concedió un amparo a Marco Antonio Sánchez Flores y a su familia al considerar que las autoridades policiales son responsables de la desaparición forzada de este joven, un caso que acaparó portadas en enero de 2018.
«De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y el Estado de México», informó este martes la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en un boletín.
Entre ellas -continuó la ONG- son responsables los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero, agregó el comunicado.
La tarde del 23 de enero de 2018, en los alrededores de una estación de Metrobús de la Ciudad de México, el joven de entonces 17 años fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, acusándolo de robo.
Según lo narrado en ese momento por testigos, los policías esposaron a Marco Antonio y lo subieron a una patrulla diciendo que lo llevarían al Ministerio Público 40, ubicado en Azcapotzalco, cerca del lugar de los hechos.
Casi una semana después de que el joven fuera introducido a un vehículo policial, apareció a varios kilómetros luego de ser visto en cámaras de seguridad actuando de manera errática y lesionado.
«Golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado; la oportuna respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud», recordó Redim.
No obstante, las autoridades policiales siempre negaron que el arresto -que aseguraron fue temporal- se llevara a cabo de manera violenta.
«La administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro adolescente problemático», denunció la Redim, quien ha acompañado a la familia del muchacho durante el caso.
El juez dictaminó que las autoridades policiales, ministeriales y judiciales eran responsables de la violación de derechos humanos, tal como «precisa la sentencia de Amparo en Revisión de Tribunal Colegiado», por lo que «impone reparación integral del daño por violación grave de derechos humanos», sostuvo.
De esta manera, y pese a la «negación sistemática» del Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, se acordó «otorgarle a él y su familia la protección de la justicia federal» al determinar que «el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos».
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización.
