México se ha visto desbordado por el creciente flujo de migrantes en los últimos meses, muchos de los cuales han llegado en caravana o se han unido a esos grupos formados sobre todo por familias centroamericanas con niños. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en que la principal estrategia para controlar la migración es el desarrollo de los países de origen y acaba de participar en un plan para mejorar la calidad de vida auspiciado por una agencia de la ONU que en lo que va del año incrementó las detenciones y devoluciones de migrantes hasta un 150 por ciento, con lo que las estaciones migratorias están rebasadas.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México reconoce que las instalaciones actuales no son las adecuadas para enfrentar el flujo de migrantes que llega al país por lo que el gobierno estudia reducir las estaciones migratorias, que son centros de detención de facto, y construir albergues donde los migrantes no tengan restringidos sus movimientos.
Así lo indicó Tonatiuh Guillén, responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), en una entrevista con The Associated Press en la que adelantó que el primer proyecto de este tipo se construirá en Chiapas, casi en la frontera con Guatemala.
“Estamos por consolidar el terreno que será de 15 hectáreas en Tapachula”, dijo Guillén. “Si todo sale bien en el segundo semestre empezaríamos el diseño y ojalá la construcción de la nueva infraestructura con características de albergue y no de seguridad, de convivencia, y no de control”.
México se ha visto desbordado por el creciente flujo de migrantes en los últimos meses, muchos de los cuales han llegado en caravana o se han unido a esos grupos formados sobre todo por familias centroamericanas con niños.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en que la principal estrategia para controlar la migración es el desarrollo de los países de origen y acaba de participar en un plan para mejorar la calidad de vida auspiciado por una agencia de la ONU que en lo que va del año incrementó las detenciones y devoluciones de migrantes hasta un 150 por ciento, con lo que las estaciones migratorias están rebasadas.
El responsable de migración no ofreció muchos detalles del nuevo enfoque, que todavía está en desarrollo, pero adelantó que la idea es reducir al mínimo los centros de detención -actualmente más de 50- para destinarlos a los migrantes que van a ser retornados a sus países y que se alojen allí por espacios cortos.
El resto de las personas, las que aspiren a refugio o tengan tarjetas de visitante o trabajador regional -dos permisos que ahora se están ampliando y que permiten el libre movimiento por los estados del sur de México-, estarían en los nuevos albergues.
“Esta propuesta nos habla de una crisis en el sistema de la gestión migratoria en México y principalmente en el INM”, dijo Abbdel Camargo, investigador del colegio Frontera Sur que, no obstante, afirmó que habría que esperar a tener detalles de la misma antes de valorarla porque si es para quienes tienen ciertos permisos podrían convertirse en centros de reclutamiento de trabajadores en lugar de lugares de apoyo humanitario para familias.
A su juicio, la idea supondría formalizar lo que ya se intentó al sacar a migrantes de la estación de Tapachula y llevarlos a lugares alternativos como el improvisado en la feria de esa ciudad que acabó también colapsado y sin las condiciones adecuadas.
“Es urgente que este gobierno empiece a pasar de los dichos a los hechos”, enfatizó Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, una organización no gubernamental que junto con otros dos colectivos presentó este año en el Senado un informe en el que denunció las condiciones de detención de algunas estaciones migratorias y pidió mecanismos alternativos.
Saiz dijo que una consecuencia positiva del documento es que días después se cerraron cinco estaciones migratorias pequeñas en algunas de las cuales se habían denunciado serios abusos por parte de funcionarios. De hecho, Guillén reconoció que poco más de 600 trabajadores han salido del INM por diversos motivos: “conducta inadecuada, señales de corrupción, otros por (mal) desempeño, otros por no aprobar los controles de confianza”.
Pero pese a ese pequeño éxito, la investigadora se mostró desconfiada. “Hay muchos comentarios de que buscan alternativas pero las estaciones están llenas, los operativos masivos continúan, se separan familias y hasta una menor perdió la vida”, dijo Saiz en referencia a una niña guatemalteca de 10 años que murió la semana pasada aparentemente al caerse de una litera en la estación de Ciudad de México y cuya muerte está bajo investigación.
El gobierno ha negado que esté separando familias pero reconoció que está desbordado.
“El Instituto no tiene una infraestructura para familias”, admitió Guillén. “Las estaciones tienen un modelo muy severo de control y desde la perspectiva de los niños es completamente inapropiado”. Sin embargo, el gobierno decidió instalarlos allí precisamente para que estuvieran con sus familiares, agregó el funcionario.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado recientemente condiciones de hacinamiento y falta de registros en Tapachula, donde ha habido reiteradas fugas.
El cambio de estrategia, consideró Guillén, busca que “dinámicas migratorias tan rudas, tan crudas no las tengamos ya, que sea otro modelo de atención y de relación entre el sur de México y los tres países del norte de Centroamérica”.
Pero las propuestas como la construcción de albergues tardarán tiempo en concretarse y el próximo proceso electoral en Estados Unidos podría alentar el miedo a medidas más drásticas de Washington y el crecimiento de los flujos hacia el norte.
“Este es un periodo de transición”, señaló Guillén. “Yo espero que estos flujos sean una etapa, una circunstancia, una coyuntura y que logremos suavizar el número y mejorar el tratamiento (a los migrantes) de forma rápida”.
