Con los más de 401 mil millones de pesos que el Gobierno federal condonó a particulares entre 2007 y 2018, México pudo haber creado 26 millones de empleos con ingresos de cinco salarios mínimos mensuales (15 mil 402 pesos) o reducir su deuda pública neta al cierre de 2018, en casi cuatro puntos porcentuales.
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Las condonaciones fiscales del Gobierno federal durante el periodo 2007-2018 hubieran alcanzado, por ejemplo, para construir tres refinerías como la de Dos Bocas en Tabasco, reducir un 20 por ciento la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), o bien para erigir seis aeropuertos como el de Santa Lucía en el Estado de México.
En 2007, el Gobierno federal emitió las reglas para la condonación total o parcial de créditos fiscales a nivel federal. Desde entonces y hasta abril de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó condonaciones por más de 401 mil millones de pesos.
La condonación de créditos fiscales (o impuestos e ingresos por derechos) implica que el Gobierno federal cede a su derecho de cobro y que el contribuyente, sea una persona física o moral, queda exento de su adeudo de manera definitiva.
Las implicaciones del monto condonado no son menores. Los 401 mil millones de pesos podrían haberse traducido en bienes y servicios de seguridad social (salud, educación, vivienda y pensiones) o de seguridad pública, e inclusive en un colchón para reducir la deuda pública nacional.
Con ese dinero, el Gobierno federal hubiera cubierto 114 veces el déficit estatal de elementos de la policía preventiva, con el máximo nivel salarial para policías estatales en México (16.4 mil pesos mensuales). En la actualidad, la cantidad de policías estatales es 50 por ciento inferior al mínimo necesario (1.8 policías por cada 1000 habitantes) para satisfacer las demandas sociales de seguridad pública, de acuerdo con datos (2018) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Asimismo, 401 mil millones cubrirían el 84 por ciento del costo mínimo (480 mil millones de pesos) del proyecto del Tren Maya, o el 25 por ciento de su costo máximo (1.6 billones de pesos) según los estimados del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La información del SAT indica que la mayor parte del monto condonado (238 mil 971 mdp) se acumuló durante el sexenio (2013-2018) del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, en que el Gobierno federal inauguró las reglas de condonación, la proporción no fue menor (161 mil 931 mdp).
Sólo entre enero y abril de este año, las cifras oficiales indican que hubo al menos 189.4 millones de pesos en condonaciones fiscales a nivel federal. No obstante, ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un decreto para evitar las condonaciones, salvo en el caso de algunas personas (como los artistas plásticos) y algunos casos (como catástrofes) que podrían ameritar exenciones.
“Se van a terminar las condonaciones de impuestos y ya estamos terminando la investigación de cómo se condonaron impuestos por miles de millones de pesos en el periodo neoliberal”, adelantó AMLO la semana pasada en que tildó de “injusto” que, mientras el “pueblo raso” paga impuestos, un “grupo selecto y privilegiado” de contribuyentes dejara de pagarlos.
El problema de las condonaciones en México es que han sido una práctica «formulada, diseñada e implementada de manera discrecional y sin los controles que garanticen que este tipo de beneficios no sean otorgados a favor de quienes poseen mayores adeudos o de quienes ya han sido favorecidas en el pasado”, de acuerdo con la investigación “Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos” (2017) del centro de análisis e investigación Fundar.
La titular del SAT Margarita Ríos-Farjat refirió ayer que el 54 por ciento del monto total de las condonaciones fiscales entre 2007 y 2018 estuvo concentrado en 108 contribuyentes del sector privado. En total, esas 108 personas físicas y/o morales dejaron de pagar 213 mil millones de pesos (en valor actual).
Dicha cantidad es equiparable, por ejemplo, a la creación de 14 millones de trabajos con ingresos de cinco salarios mínimos mensuales (15 mil 402 mil pesos) o a los fondos mínimos para la construcción de 478 hospitales con capacidad de 120 camas, o 231 sanatorios con 250 camas.
LAS CANCELACIONES
De acuerdo con el SAT y el Código Fiscal de la Federación (CFF), un crédito fiscal puede ser cancelado cuando existe una “imposibilidad práctica de cobro” –ya sea porque el deudor es insolvente, porque no puede ser localizado o no tiene bienes embargables o falleció sin bienes objeto de embargo– y cuando el cobro es “incosteable” por el costo de recuperación del adeudo.
La diferencia principal entre condonaciones y cancelaciones radica en que contrario a las primeras, las segundas no son definitivas. Es decir que, si en un determinado momento el Gobierno le cancela un adeudo a un contribuyente por la razón que sea, cuando el deudor tenga la posibilidad de saldar su deuda, el Gobierno podrá exigirle el pago.
Entre 2007 y 2019, el Gobierno federal aplicó cancelaciones por 794.2 mil millones de pesos, según las cifras oficiales y los datos de Fundar. Esta cantidad, que podría o no ser recuperada por el Gobierno en turno, también tiene un amplio potencial para cambiar la realidad nacional.
Así como los 400 mil millones en condonaciones equivalen al 3.8 por ciento de la deuda pública neta de México (10.5 billones de pesos) al cierre de 2018, los casi 800 mil millones equivalen a 7.6 puntos porcentuales de dicha deuda.
Con esta cantidad no sólo podría pagarse la deuda o dos años de su costo financiero actual (438.5 mil mdp anuales), sino también incrementar 38 veces el presupuesto ejercido por el Gobierno federal (20.9 mil mdp) en materia de inversión física ferroviaria a nivel nacional, entre enero y abril de 2018.
También podría servir para reducir en un 40 por ciento la deuda de Pemex, que junto con el 20 por ciento de las condonaciones, librarían a la empresa productiva del Estado de la mayor parte (60 por ciento) de su deuda actual, que es superior a los dos billones de pesos.
Inclusive, con un colchón de 794.2 mil millones de pesos, la actual administración podría pagar el costo anual de 10.4 millones de estudiantes de educación superior, o de 15.5 millones de alumnos de bachillerato, o quizá mejorar 552 mil 672 escuelas a nivel nacional.
La mayor parte de estas cancelaciones ocurrió durante los sexenios de Calderón Hinojosa (480 mil mdp) y de Peña Nieto (314.3 mil mdp). Sin embargo en lo que va de 2019, el SAT ha registrado al menos 15.5 millones de pesos en cancelaciones.
