Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Desde diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de México desapareció la Secretaría de Transporte para dar paso a una estructura compuesta por siete dependencias que quedan a un mismo nivel. Con esto, la administración del Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas complicó aún más el acceso ciudadano a la información pública, dijeron expertos en transparencia a SinEmbargo.
El Edomex marcha por el camino opuesto a las mejores prácticas internacionales, que abogan por la creación de ventanillas únicas de información y no por la escisión de las dependencias, coincidieron.
La Secretaría de Transporte ya no llegó completa a 2015. Ahora, en su lugar, aparecieron la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría de Comunicaciones, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, y la Junta de Caminos del Estado de México.
Para el académico Manuel Guerrero Martínez de la Universidad Iberoamericana, este hecho explica las bajas calificaciones del Estado de México en materia de transparencia, ya que «le da la vuelta al ciudadano, complicándole aún más el acceso a la información».
De acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, elaborado por el Centro de Investigación y Análisis Fundar, las leyes de transparencia en el Estado de México arrojan una calificación de 5.1, no muy lejos del peor calificado: Hidalgo, con 4.5 puntos.
Y son varios rubros del Índice en los que el Estado de México tiene una calificación de cero. Por ejemplo, en la documentación de todo acto que derive del ejercicio de las facultades, publicar proactivamente la información de interés público, y sobre todo en estos casos, no establece explícitamente cuáles dependencias tienen asignadas qué tareas de clasificación de información.
El 17 de diciembre de 2014, la administración de Eruviel Ávila Villegas publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, periódico oficial de la entidad, una serie de nuevas disposiciones aprobadas por la legislatura local con las que se crean la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, que es ahora la encargada del ordenamiento territorial, de coordinar y evaluar las acciones y programas del sector. También, la Secretaría de Movilidad, como la encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar y evaluar proyectos y programas para el desarrollo integral del mismo sector.
Además, de la Secretaría de Comunicaciones se desprendieron la Junta de Caminos, el Sistema de Autopistas y Aeropuertos, y el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico.
En ambos documentos se establece que los cambios obedecen a una transición a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados “de valor a la ciudadanía”, y para pugnar por una estabilidad de las instituciones que “han demostrado su eficacia”.
«La ley tiene que amparar los cambios que posibilitaron al Gobierno a determinar que se pasaría de una a seis secretarías. Se tiene que saber si los recursos de la ciudadanía se están aplicando en lo que deben utilizarse y en caso de que no, se tiene que cuestionar al Gobierno local y eso es procurando en el derecho a la información y en que está obligado a darla», precisó González Casanova.
Y es que, ahora, el acceso a la información se ha vuelto un laberinto incluso para los mismos empleados estatales. Por ejemplo: trabajadores de la Unidad de Información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano dijeron a SinEmbargo que no estaban enterados de la fragmentación de la Secretaría en otras siete.
A su vez, empleados de la Dirección General de la nueva Secretaría de Movilidad aseguraron que desde enero se realizó el cambio en los nombres de las dependencias, pero desconocían cómo había impactado,. este movimiento estructural en el la administración, al portal de acceso a la información, Saimex.
El Saimex es el sitio web desde el cual cualquier ciudadano puede consultar información que requiera. Para hacer la solicitud en línea, ahora debe conocer previamente a cuál de las siete dependencias debe dirigir una petición que antes caía en una sola oficina: la extinta Secretaría de Transporte.
Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), dijo que los documentos anteriores, de cualquier administración, deben estar y ser resguardados por la dependencia que quede a cargo, y aunque el gobierno del Estado de México no tenga una Ley General de Archivos, tendrá que homologar su legislación a los estatutos de la nueva Ley de Transparencia aprobada el 4 de mayo pasado.
«Esa información debe existir. El cartón no se pierde en la mudanza. El servidor público debe resguardar aquella información que genera y que da cuenta en su toma de decisiones […]. Sería lamentable que un gobierno aproveche un cambio en su estructura para aplazar o dilatar el acceso a la información», concluyó.
OHL, OPACIDAD Y ESCÁNDALO
Este cambio se da en el contexto del escándalo de presunta corrupción para inflar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario en el Edomex. Audios difundidos anónimamente involucraron a Apolinar Mena Vargas, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones que debió presentar su renuncia.
Y en un hecho inédito, el propio Gobernador Eruviel Ávila anunció que el funcionario había sido sancionado pero nunca dijo por qué. De acuerdo con la Ley de Servidores Públicos hay violaciones que se pagan con prisión, por ejemplo; o con la inhabilitación para ejercer, durante cierto periodo, un cargo público. Mena Vargas presentó su renuncia, se fue por su voluntad, se le aplicó una multa de 189 mil pesos pero, hasta la fecha, los ciudadanos no saben si fue justa o se quedó corta: esa información no fue difundida.
Sobre esto, Enrique González Casanova dijo a SinEmbargo que el caso OHL resalta por su opacidad. Detrás de la renuncia de Mena Vargas, agregó, está la multa de 189 mil pesos que se le impuso, pero no se especifican las razones.
«Es necesario que el Edomex sea enteramente transparente. Porque si ha actuado bien, tiene que demostrar que ha lo ha realizado conforme a derecho. Si no es el caso, tiene que haber sanciones», expresó el experto en transparencia.
LOS RETOS PARA LA CIUDADANÍA
El doctor Guerrero Martínez consideró la decisión de dividir una Secretaría en siete partes deja a los mexiquenses más desprotegidos. «Para los ciudadanos se torna más complejo el acceso a la información. Cuando las dependencias o los gobiernos intentan dar la vuelta a esto, van a contracorriente de las mejores prácticas internacionales […]. Habrá quienes tengan mayor conocimiento de las reglas del acceso a la información, por ejemplo, periodistas, abogados, grupos corporativos o empresariales, que quizá ya tienen mejor experiencia en lidiar con este tipo de decisiones. Sin embargo, el ciudadano de a pie la tendrá más difícil».
Dado que ciertas dependencias no cuentan con portal de Internet y sus tareas son similares entre sí, ahora los ciudadanos del Estado de México que quieran obtener información tendrán que analizar, por su cuenta, a qué órgano deberán dirigirse. No se especifica a qué dependencia se podrá solicitar información sobre administraciones anteriores, por ejemplo. La Secretaría de Transportes quedó extinta y se partió en siete. No se sabe a dónde se fue toda la información que antes estaba en un sólo sitio. Se desconoce a dónde se fueron, por ejemplo, los archivos que corresponden a la administración de Enrique Peña Nieto.
González Casanova, académico del Tec de Monterrey, dijo que la tarea que tiene el gobierno de Eruviel Ávila es la de informar adecuadamente sobre las tareas exactas de cada dependencia para no complicar el proceso de solicitud de información. Y si los ciudadanos no comprenden cómo tener acceso a las dependencias, deben ser redirigidos.
“Si se hace una solicitud de información que tiene que ver con el Ejecutivo, por ley tienen que responder. Esa oficina tiene que canalizarlo, no el ciudadano. En este caso, todas esas secretarías nuevas forman parte del Poder Ejecutivo y tienen esa obligación. No son aisladas. El Edomex tiene la obligación de precisar la razón de ser de cada una de las secretarias, partiendo de la idea de que las hicieron de forma correcta”, agregó.
El académico dijo que los documentos de las administraciones anteriores no debe desaparecer con el cambio de nombre, de estructuras o tareas. Señaló que las autoridades tienen que dar cuenta de qué dependencia es la encargada de resguardar la información de la Secretaría de Transportes, y que no se puede «desvanecer en el aire lo que en su momento ejerció otra Secretaría con otro nombre y funciones».
