El Partido Verde Ecologista de México es impulsor de tres iniciativas que, de acuerdo con grupos civiles, especialistas y legisladores de oposición, atentan en contra del medio ambiente: las leyes de Biodiversidad, la de Desarrollo Forestal Sustentable, y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente.
Los opositores critican que un partido que se dice ecologista use la bandera de le protección al medio ambiente para favorecer a intereses económicos y políticos, y de la espalda a los ciudadanos y pueblos originarios.
«El Partido Verde ha sido una de las cosas más dañinas que hemos tenido en México. Ha sido un verdadero atentado contra el ambiente de este país. Es un partido que al impulsar leyes, en realidad está tratando de acelerar beneficios empresariales de sus cuates», señaló Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- A dos semanas de finalizar el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, organizaciones de la sociedad civil urgieron a que las iniciativas de leyes generales de Biodiversidad y de Desarrollo Forestal Sustentable sean sometidas a consulta. Además, la Alianza contra el Fracking se pronunció en contra del proyecto de reforma a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA).
Las tres legislaciones tienen puntos en común: son dañinas para el medio ambiente y son impulsadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a decir de especialistas y organizaciones que acusan que el instituto político de «verde» sólo tiene el nombre, pues busca únicamente favorecer intereses particulares, mientras da la espalda al cuidado de los recursos naturales.
Las iniciativas de Ley de Biodiversidad y Forestal han sido criticadas reiteradamente por la academia y por la sociedad al considerarlas violatorias de derechos humanos de comunidades indígenas y dañinas para el media ambiente en México.
Y la reforma a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA), según alertó la Alianza Mexicana contra el Fracking, permitirá asegurar que personas cercanas a los intereses de los partidos promoventes –Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN)– puedan ocupar puestos clave durante el siguiente sexenio.
Por otro lado, si bien la minuta de la Ley Forestal atendió al llamado de la sociedad civil en el sentido de continuar que los ecosistemas continúen bajo al cuidado y aprovechamiento de las comunidades rurales, omitió incluir temas de fortalecimiento del mercado de la madera y productos forestales con un cambio en el enfoque de abordar la ilegalidad.
La reforma a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA) incorpora el artículo 27 Bis que le da la facultad al Presidente de la República de designar a los cinco vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la Agencia, con lo que, alertan, se le da poder al Gobierno en turno desde las más altas esferas, para evitar vigilancia a las empresas y se les siga permitiendo contaminar el país. Pues, los cargos tienen una duración de 7 años, así que Peña Nieto estaría decidiendo quienes estarían al frente durante la siguiente administración.
Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking, afirmó que el hecho de que las tres iniciativas hayan sido impulsadas por el PVEM, «reafirma» que la fracción parlamentaria «está muy lejos de buscar proteger una visión sustentable del manejo de los recursos naturales».
Y dijo que «el Partido Verde ha sido una de las cosas más dañinas que hemos tenido en México. Ha sido un verdadero atentado contra el ambiente de este país. Es un partido que al impulsar leyes, en realidad está tratando de acelerar beneficios empresariales de sus cuates».
«De verde sólo tiene el nombre», ironizó. Desde hace años el PVEM fue excluido de las reuniones de la red mundial Global Verde, constituida por 79 partidos ecologistas.
Por su parte, el doctor Octavio Klimek Alcaraz, analista ambiental, condenó que «una causa noble como es el cuidado del medio ambiente y la protección de la biodiversidad en México ha sido usada por un grupo político que no tiene nada que ver con la conservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente».
Y afirmó que «muchos de sus legisladores tienen orígenes con representantes de intereses de grupos de interés económico. Ese partido representa intereses de actores económicos y eso se observa en el tipo de iniciativas que presentan».
Un ejemplo claro es la Senadora Ninfa Salinas Sada, quien impulsa la Ley de Biodiversidad y es hija de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Ella junto a sus hermanos Hugo y Benjamín fueron –desde abril de 2017– son vicepresidentes del conglomerado que tiene participa en proyectos de generación de energía a través de Grupo Dragón, del cual es presidenta y socia fundadora.
Gustavo Sánchez Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, coincidió con Campero y Klimek en que el Partido Verde se ha caracterizado por impulsar leyes que obedecen a intereses privados y que resultan en violaciones a los derechos humanos, por lo que consideró importante que se realice una revisión desde las entrañas de la fracción parlamentaria.
«Me parece que tiene que haber una profunda revisión al interior de ese partido y de las prácticas parlamentarias que están impulsando […]. Nos preocupa lo que están promoviendo en el poder legislativo: leyes que no son sometidas a consulta, que son violatorias de derechos humanos y que parecieran obedecer a intereses de algunos grupos y no a la representación de la ciudadanía, como debería de ser».
LEY FORESTAL
Formalmente, el ordenamiento «regulará y fomentará el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos».
El proyecto abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de febrero de 2003. La Diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, del PVEM, presentó la iniciativa el 20 de septiembre de 2016.
Hace un año, con modificaciones mínimas, la propuesta fue aprobada por los diputados y turnada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), de Estudios Legislativos Primera y a la de Desarrollo Rural.
En septiembre pasado, mientras la población capitalina apoyaba a los damnificados por el terremoto ocurrido el día 19, la Comarnat aprobó un dictamen que aunque incluyó algunas propuestas de las organizaciones civiles, mantenía retrocesos importantes.
El martes pasado, el Senado de la República aprobó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a la que le fueron aplicados cambios que atienden algunas de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades forestales. Aunque, la consulta a los pueblos fue un asunto que quedó en el aire.
Legisladores de los partidos del Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución Democrática (PRD) e independientes criticaron la ausencia de una consulta amplia con los sectores involucrados, principalmente los dueños originarios de los bosques.
Los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Angélica de la Peña se pronunciaron en contra de la figura de «transmisión de autorizaciones» del Artículo porque podría abrir la puerta a que terceros exploten los recursos forestales.
«La falta de la consulta a las comunidades demuestra que las instituciones mexicanas se encuentran aún muy rezagadas con respecto al reconocimiento de los derechos de sus poblaciones. Se requiere una revisión transversal del proceso legislativo, las normas, políticas públicas y actos de autoridades mexicanas para que se reconozca el derecho de las comunidades a decidir sobre sus propios territorios”, criticó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Hace año y medio que la fracción parlamentaria del PVEM presentó la iniciativa deLey, desde entonces diversas organizaciones de la sociedad civil habían insistido en que el proyecto permite el saqueo y la privatización de recursos naturales, además, de que arrebataba el cuidado y conservación de los ecosistemas de las manos de las comunidades.
Si bien la minuta de la Ley Forestal atendió al llamado de la sociedad civil en el sentido de continuar que los ecosistemas continúen bajo al cuidado y aprovechamiento de las comunidades rurales, omitió incluir temas de fortalecimiento del mercado de la madera y productos forestales con un cambio en el enfoque de abordar la ilegalidad.
Ahora está de nuevo, ya con modificaciones, en la Cámara de Diputados.
LA REFORMA A LA LEY DE ASEA
La Reforma Energética incluyó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos (ASEA), que formalmente debe de garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector hidrocarburos.
«Nuestra visión es ser la agencia que lleve al sector hidrocarburos de México a ser el más limpio y seguro del mundo», destaca en su sitio web.
Campero, de la Alianza contra el Fracking, recordó que tradicionalmente, México ha extraído gas y petróleo a lo largo de muchos años y los temas ambientales antes de la Reforma Energética iban a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con dicha reforma «decidieron quitarle esa competencia a la Semarnat y crear la ASEA, con ello, se crearon nuevos problemas porque define las reglamentaciones ambientales, da permisos, además de vigilar y sancionar».
La reforma a la ASEA incorpora el artículo 27 Bis que le da la facultad al Presidente de la República de designar a los cinco vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la Agencia, con lo que, alertan los grupos opositores, se le da poder al Gobierno en turno desde las más altas esferas, para evitar vigilancia a las empresas y se les siga permitiendo contaminar el país. Pues, los cargos tienen una duración de 7 años, así que Peña Nieto estaría decidiendo quienes estarían al frente durante la siguiente administración.
«Esto se hace bajo un argumento falso de autonomía, pero no hay autonomía cuando se está designando desde el Presidente y no se está garantizando que no exista conflicto de interés», recriminó Campero.
Por si fuera poco, la reforma a la Ley de la Agencia –promovida por el PVEM con el apoyo del PRI y del PAN– plantea otros puntos que ponen en alerta a las organizaciones:
Uno es que los requisitos para poder ser elegidos para el cargo de vocales resultan insuficientes para evitar que intereses empresariales pasen a integrar este Órgano de Gobierno.
«Las empresas de hidrocarburos tienen mucho poder político y económico. Una iniciativa como esta reforma reforzaría ese poder política. Si la siguiente administración quisiera tener una perspectiva de mayor atención y vigilancia al tema de la contaminación que generan los hidrocarburos se vería obstaculizada por esta modificación», advirtió la también consultora en Food Water Watch.
Explicó también que «esos conflictos de interés pueden definir la política ambiental de manejo de hidrocarburos que traerá consecuencias que de por sí hemos visto. Los lineamientos como están ahora permiten mucho a las empresas».
Y otro, que los cambios a esta Agencia se dan a tan solo quince días de que se finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso y sin una consulta amplia y representativa de la misma.
«Esta reforma se acepta darle poder al Gobierno en turno para que no se vigile a las empresas y se les siga permitiendo contaminar este país», insitió.
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LEY DE BIODIVERSIDA, EN PAUSA
Por otro lado, la Ley General de Biodiversidad, promovida por la Senadora Ninfa Salinas ha sido criticada también por organizaciones civiles, académicos y partidos políticos de oposición.
La Ley General de Biodiversidad (LGB) es señalada de suponer un riesgo para las áreas naturales protegidas (ANP), toda vez que el artículo transitorio tercero del proyecto de dicha Ley deroga el Titulo II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el cual regula el tema de esa zonas, con lo que deja en la ambigüedad lo que sucedería con el Reglamento de la LGEEPA en materia.
Además, la LGB omite la prohibición de la importación de marfil y del aprovechamiento extractivo de tortugas marinas.
La Ley de Biodiversidad, en palabras de David Ruiz, maestro en Ciencias Bioquímicas y miembro de la Red Nacional Indígena (RNI), valida la extracción de los recursos naturales, la desposesión del conocimiento para que terceros se acrediten la propiedad, es decir, la LGB contribuye con la biopiratería y las industrias que podrían verse beneficiadas son la cosmética, la farmacéutica, la minera, entre otras.
El 22 de marzo pasado, sin quórum, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PVEM que pertenecen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales discutieron el dictamen, no obstante, la iniciativa se encuentra detenida, situación que fue aplaudida por las organizaciones.
Sanchez Valle «Lo que vemos en común [entre las leyes Forestal y de Biodiversidad] es un proceso muy opaco de discusión y aprobación, muy poco incluyente y por supuesto, discriminatorio de pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Esto retrata de cuerpo entero la crisis que se vive en el poder legislativo y el agotamiento de este modelo de democracia representativa que debe evolucionar de manera urgente a una democracia participativa», agregó.
Ambas leyes, dijo además, buscan favorecer intereses de empresarios y políticos, mientras se le da la espalda al bienestar de los mexicanos.
«Puede haber intereses políticos de demostrar que algún partido es el salvador de la naturaleza, sin que necesariamente sea así. Las leyes podrían estar obedeciendo a intereses comerciales que buscan la apertura de los territorios indígenas y comunitarios campesinos para actividades de aprovechamiento comercial de los recursos naturales, sin tener criterios de sustentabilidad y de respeto a los derechos de la gente que habita en esos territorios», criticó.
