Finalmente el Presidente de la República asistió a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), después de un titubeo que llevó a que se anunciara su ausencia. No haber ido hubiera sido un despropósito, pues la cumbre mundial fue convocada a instancias de México, junto con Guatemala y Colombia debido al fuerte impacto que la política internacional de control de drogas, aplicada en nuestro hemisferio sobre todo por la coerción de los Estados Unidos, ha tenido sobre nuestras sociedades y nuestros Estados.

La necesidad de adelantar una reunión, que en condiciones normales hubiera tenido lugar en 2019, la impuso el baño de sangre y el deterioro estatal provocado por la guerra contra las drogas, sobre todo en los países productores y de tránsito de sustancias dirigidas a satisfacer la demanda de los consumidores del gran mercado norteamericano.

En Colombia, como en Guatemala y en México, la prohibición aplicada obligatoriamente con base en la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema de justicia penal ha generado una auténtica tragedia social, acrecentada en nuestro país por la obtusa política de Felipe Calderón, mientras ni la disponibilidad de drogas ni la demanda se han reducido ­–tan solo se han modificado– y los daños a la salud de la población usuaria de sustancias se han agravado debido al control de la oferta por los delincuentes sin escrúpulos para establecer controles de calidad y por la estigmatización social que la clandestinidad y el prejuicio les impone. Miles de campesinos sin posibilidades de producir otros cultivos de precio razonable en el mercado han sido convertidos en criminales por unas leyes absurdas que prohíben sus siembras y viven a la merced de las bandas criminales que, sin embargo, son su mejor opción de financiamiento y unos compradores seguros de su producción en condiciones que ningún otro producto les daría.

Tanto en los países esencialmente productores y de tránsito, como en los países esencialmente consumidores, los usuarios de sustancias son también convertidos en delincuentes por su mero consumo y llenan las cárceles por delitos no violentos, sin otra víctima que, en todo caso, ellos mismos. El encarcelamiento como tratamiento es una muy mala opción terapéutica, como ha escrito el neuropsiquiatra Jesús Ramírez–Bermúdez, mientras que la violencia que deja un reguero de muertos es un problema de salud pública mucho mayor que el generado por cualquier consumo, como ha establecido el informe recientemente publicado por la revista médica británica The Lancet.

Por eso, tanto en el proceso de discusión previo a la UNGASS 2016 como en buena parte de las intervenciones de los representantes de muchos países en las sesiones que hoy concluyen, se ha reflejado la necesidad de dar un giro en la estrategia de control de sustancias potencialmente riesgosas pero que satisfacen las necesidades cognitivas y emocionales de amplios grupos humanos. Si algo ha demostrado el proceso de debate en la ONU es que el antiguo consenso férreo en torno al prohibicionismo se ha terminado. Incluso el país que hasta ahora había mantenido la posición más dura en su política de drogas, los Estados Unidos, ha modificado sustancialmente su posición y avanza en proceso de regulación y en estrategias sanitarias distintas al prohibicionismo puro y duro. En el bando en retirada quedan, empero, los países musulmanes, los asiáticos y, sobre todo, Rusia y China.

El Presidente Peña Nieto llegó a la ONU con un discurso que sitúa correctamente a México del lado de los países que buscan el abandono del paradigma imperante desde hace un siglo en la política de drogas. Con claridad, planteó que ha llegado la hora de avanzar en la construcción de un sistema de control de drogas no basado centralmente en la prohibición y que ponga en el centro a las personas y sus derechos, en lugar de enfocarse en la persecución de las sustancias. El marco declarativo fue impecable y le permitió mantener el liderazgo de la diplomacia mexicana en el asunto. La respuesta de la asamblea a la intervención de Peña mostró el grave error que hubiera significado su ausencia del foro.

Sin embargo, el discurso presidencial careció de autocrítica alguna. En un tono más propio de un informe a la nación que de un posicionamiento internacional, Peña dedicó varios minutos al elogio de la política de su gobierno en el combate a las drogas de una manera que no resiste una evaluación rigurosa, sobre todo a la luz de la evidencia de las actuaciones de las fuerzas armadas y las policías civiles en la guerra contra el narcotráfico, con violaciones generalizadas a los derechos humanos documentadas, con una violencia que no cede y se recrudece por oleadas en diferentes ciudades y regiones del país y con magros resultados en la limitación del flujo de sustancias tanto en nuestro país como hacia el vecino del norte, pues México es hoy el principal proveedor de heroína y metanfetaminas de los Estados Unidos, el mercado de cocaína se mantiene estable y el de mariguana ha caído precisamente por el proceso de regulación que avanza en diferentes estados de la Unión Americana.

Más allá del autoelogio, el discurso de Peña se quedó corto, muy corto, a la hora de aterrizar sus alternativas de política, un planteamiento hecho como si no existiera el fallo de la Suprema Corte de noviembre pasado. Si realmente, como con acierto insistió en su intervención, la política de drogas no debe criminalizar a los usuarios, limitar la reforma a una modificación de los umbrales de la tabla de posesión para el consumo personal de la Ley General de Salud sólo para mariguana y sin eliminar completamente el delito de posesión simple, es un avance marginal, que solo alcanzaría relevancia si se refleja en una excarcelación significativa de quienes hoy están en prisión por posesión de pequeñas cantidades de mariguana. Tampoco sería para echar las campanas al vuelo una reforma que solo permitiera la importación de derivados farmacéuticos del cannabis, sin producción nacional para atraer a la legalidad a miles de campesinos hoy sometidos por el crimen organizado.

Pero la mayor debilidad de lo planteado por el Presidente de la República en Nueva York es que no parece dispuesto a atacar el mayor de los males generados por la prohibición: el mercado negro que ha permitido el fortalecimiento de las bandas de delincuentes que con los recursos del tráfico han podido comprar armas y reclutar ejércitos con los cuales se han convertido en depredadores mafiosos capaces de disputar al Estado el control de territorios y el gobierno de sus habitantes. La regulación estatal de las sustancias hoy prohibidas, empezando por la mariguana, es la clave para debilitar a las organizaciones criminales y enfrentarlas con mayor eficacia.

Hoy presentará el gobierno las concreciones de lo dicho por Peña en la ONU. Habrá que leer con cuidado la letra pequeña, pero tengo para mi que se quedarán muy cortas frente a la tragedia que ha vivido el país durante la última década, sobre todo cuando las opciones están sobre la mesa. La iniciativa de Ley General para el control del Cannabis que ha presentado Roberto Gil Zuarth en el Senado, y que comienza a concitar apoyos de legisladores de diversos partidos, incluye todo lo planteado por Peña y va más allá, pues pone en el foco la cuestión del mercado negro y plantea una descriminalización plena. También la iniciativa de los senadores del PRD avanza más que lo esbozado por el Presidente. A partir de hoy, la discusión estará en la cancha del legislativo.

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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