El feminicidio de Fátima, ocurrido apenas una semana después del de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años descuartizada por su pareja en la misma ciudad, despertaron una movilización nacional, que incluye un paro el 9 de marzo para exigir al Gobierno acciones para frenar los feminicidios.
México, 21 feb (EFE).- El brutal asesinato de la niña de siete años en la Ciudad de México registró este viernes un nuevo capítulo con la orden de arresto por parte de un Juez de los dos presuntos responsables, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México se vio empujado a prometer más medidas para frenar la ola de violencia hacia la mujer, reforzando la Alerta de Violencia de Género.
Desde que fueron detenidos el miércoles en la noche en el vecino Estado de México, los dos acusados del asesinato de la menor estaban acusados por cohecho, debido a que ofrecieron dinero a los policías para que los dejaran huir.
Se disponía de 48 horas para presentar más pruebas. Y finalmente estas se lograron y los detenidos fueron este viernes presentados ante un Juez acusados de feminicidio y secuestro agravado.
El traslado hacia la Ciudad de México de este viernes fue en medio de un fuerte convoy de seguridad conformado por decenas de policías. La mujer permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla y el hombre en el Reclusorio Oriente, donde afrontarán juicios por secuestro agravado y feminicidio por el crimen de la pequeña Fátima.
«Se buscó la máxima pena, por eso son los dos, secuestro agravado tiene una pena mayor inclusive, que es parte de lo que estamos revisando en el Código Penal. Entonces, por eso son los dos delitos», explicó este viernes Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, en rueda de prensa.
La mandataria rechazó revelar si hay protección para la tía del presunto feminicida, Irma Reyes, quien ha expresado miedo tras ganar notoriedad pública por ser la principal informante del paradero de la pareja, que tiene tres hijos ahora a cargo de la abuela paterna.
También negó detallar el avance de la investigación que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México abrió para determinar si hubo negligencia en la denuncia y búsqueda de la niña, en la que estarían involucrados hasta 12 funcionarios.
El feminicidio de Fátima, cuyo cuerpo apareció con signos de agresiones sexuales en una bolsa de basura al sur de la capital, ocurrió apenas una semana después del de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años descuartizada por su pareja en la misma ciudad.
Estos casos despertaron una movilización nacional, que incluye un paro el 9 de marzo para exigir al Gobierno acciones para frenar los feminicidios, asesinatos motivados por violencia machista que alcanzaron mil 6 víctimas el año pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
“En el caso de Ingrid y en el caso de Fátima los responsables están detenidos, pero hay otros casos donde aún no se ha alcanzado la justicia», admitió Sheinbaum al anunciar que fortalecerán la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada desde noviembre pasado.
ALERTA DE GÉNERO
Con la alerta de género en la Ciudad de México activada desde noviembre pasado, hay ya 18 estados, de los 32 en el país, con este tipo de medida.
Aunque es un logro de la sociedad civil porque visibiliza la violencia machista, esta alerta de género es un mecanismo que necesita rendición de cuentas y un plan estratégico, explicó a Efe Ana Yeli Pérez, Directora de Justicia Pro Persona, asociación civil que ha impulsado esta medida en Ciudad de México.
«Los casos que se han visibilizado en las últimas semanas justamente evidencian las incapacidades del Estado. Por ejemplo, en el caso de Fátima, desde las políticas que se tienen en las escuelas para dejar o no salir a un niño», dijo Pérez, quien también pertenece al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Con 68 víctimas, Ciudad de México cerró el año pasado como el cuarto estado con más feminicidios, según el Sesnsp, que también registró ahí 128 homicidios dolosos contra mujeres, un delito que no contempla la violencia de género.
Además del feminicidio, dicha alerta de género debe contemplar la desaparición, pues muchos de los crímenes contra las niñas y mujeres ocurren por redes de trata de personas que trasladan a las víctimas de un estado a otro en tan solo unas horas, detalló Pérez.
«El llamado también en la implementación de este mecanismo, a la Ciudad de México, es que se haga este plan estratégico con indicadores de seguimiento, de evaluación, que permitan analizar realmente los impactos de estas acciones», exhortó.
BÚSQUEDA Y PREVENCIÓN
El caso de Fátima, quien desapareció el 11 de febrero en la Alcaldía de Xochimilco y apareció el 15 de febrero en la de Tlalpan, ambas en el sur de la capital, también revela fallas en los lineamientos de búsqueda, indicó a Efe María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidio de México.
«El caso de Fátima es una muestra, no se siguen los protocolos de búsqueda inmediata. En México no se buscan a las víctimas. No siguen protocolos y una desaparición es el preámbulo a un feminicidio«, argumentó la activista.
La investigadora citó como factores positivos de la alerta la inversión en la capacitación de funcionarios y casos locales como la Fiscalía del norteño estado de Sonora, donde en muchos crímenes se consiguen sentencias en menos 10 días.
Aun así, consideró que no hay una coordinación entre los gobiernos estatales y el federal y denunció que la alerta no ha funcionado para prevenir crímenes, pues la violencia contra las mujeres sigue al alza.
