El 18 de octubre de 2016, el segundo piso de la México-Puebla fue inaugurado por el Presidente Peña Nieto y el aún Gobernador Rafael Moreno Valle sin que se definiera el costo del peaje del viaducto elevado. El proyecto «estrella» de los gobiernos federal y estatal fue entregado por OHL y Pinfra con sobrecosto de 500 millones de pesos y un retraso de tres meses.
El segundo piso fue construido sin desagüe. Para junio y septiembre del año pasado, la ASF observó que existían filtraciones de aguas pluviales “al interior de las trabes prefabricadas; presencia de manchas y humedades en cabezales, trabes, losas y prelosas; la desconexión de ramales de tuberías de PVC, carencia de marcos y tapas en los registros, filtración de agua y humedad en los registros hidráulicos ubicados al interior de las trabes; lo que podría causar corrosión en los elementos de concreto armado”.
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Por Esteban de Jesús López y David Arroyo
Puebla/Ciudad de México, 21 de febrero (PeriódicoCentral/SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó decenas de irregularidades en la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, que costó 10 mil 500 millones de pesos.
El órgano fiscalizador descubrió que los materiales de la magna obra, edificada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Rafael Moreno Valle, son deficientes, que hubo un retraso en su construcción, que las concesionarias OHL y Pinfra incrementaron cuotas sin permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, además, se les otorgó un mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por flujo vehicular.
De acuerdo con la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF determinó 27 observaciones, de esa cantidad 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe, sin embargo de las 18 restantes se generaron 2 recomendaciones, 9 solicitudes de aclaración y 8 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
El 18 de octubre de 2016, el segundo piso de la México-Puebla fue inaugurado por Peña Nieto y el aún Gobernador Moreno Valle sin que se definiera el costo del peaje del viaducto elevado. El proyecto estrella de los gobiernos federal y estatal fue entregado por OHL y Pinfra con sobrecosto de 500 millones de pesos y un retraso de tres meses.
La ASF detectó una trampa que implementó la Secretaría de Infraestructura y Transportes, colocando señalamientos viales que prohibían a los transportistas de carga circular por el bajo puente de la México-Puebla, con el objetivo de obligarlos a pasar por el paso elevado y por ende pagar cuota, lo cual viola el derecho de los ciudadanos al libre tránsito.
Una de las observaciones más relevantes de la ASF es que el gobierno morenovallista autorizó a OHL y Pinfra la aplicación de cuotas no diferenciadas y el incremento de las mismas sin consultar previamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La dependencia federal indicó que no se aplica una tarifa diferenciada para los usuarios que descienden en las salidas ubicadas en el Bulevar Hermanos Serdán y el Distribuidor Santa Ana, por lo que deben de pagar la misma tarifa, de 55 pesos , que se cobra para el viaje completo de 15.3 kilómetros.
También observó que el gobierno morenovallista le regaló a las concesionarias, OHL y Pinfra un mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por el flujo vehicular bajo el concepto de incentivos, a pesar de que la operación del viaducto comenzó dos meses después a la fecha de conclusión de los trabajos de construcción. Dicha acción no fue reportada a la SCT ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre los meses de junio y septiembre, la ASF observó que existían filtraciones de aguas pluviales “al interior de las trabes prefabricadas; presencia de manchas y humedades en cabezales, trabes, losas y prelosas; la desconexión de ramales de tuberías de PVC, carencia de marcos y tapas en los registros, filtración de agua y humedad en los registros hidráulicos ubicados al interior de las trabes; lo que podría causar corrosión en los elementos de concreto armado”. En el recorrido que hizo la ASF, encontraron que se estaban llevando a cabo los trabajos para reparar los registros y rejillas pluviales.
En el mismo periodo de tiempo, personal de la ASF detectó que el gobierno de Puebla autorizó a la concesionaria la puesta en operación y explotación del segundo piso sin que se hubieran concluido los trabajos de construcción; además constató que aún no había implementado el Sistema Inteligente de Transporte que refiere a un conjunto de aplicaciones tecnológicas. Además la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes detectó que el proyecto no se ajustó a las especificaciones técnicas y normativas correspondientes.
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Otra de las irregularidades es que la administración morenovallista otorgó un anticipo de 2 millones 762 mil 600 pesos a la concesionaria, sin que en el contrato se estableciera que tuviera darse una cantidad de dinero para iniciar las obras.
En las especificaciones del proyecto, se tuvieron que haber construido bordillos, cunetas y guarniciones, sin embargo se cobraron por la cantidad de 798 mil 447 pesos sin que haya registro de su existencia.
El órgano fiscalizador solicitó al organismo descentralizado Carreteras de Cuota Puebla (CCP) que justifique 2 millones 390 mil 491 pesos, pues pagó en duplicidad 65 mil 560 toneladas de acero de refuerzo, pese a que el volumen de ese material ya estaba liquidado.
Por si fuera poco, entre las irregularidades destaca el pago por parte del gobierno morenovallista al suministro y colocación de loza en la vialidad por 311 millones 267 mil 285 pesos, toda vez que la mano de obra, herramienta, insumo y equipó fue solventado con sobrecosto.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que se pagaron costos extraordinarios sin que existiera un soporte documental, por lo que se solicitaron recuperaciones por 2 millones 391 mil 300 pesos.
Para desviar recursos, el Gobierno del estado no utilizó de manera exclusiva una cuenta bancaria destinada para recibir y ejercer el subsidio federal y en cambio usó dos cuentas de inversión con los fideicomisos CIB/2148 y CIB/ 2453, los cuales registraron gastos y cargos diversos no justificados. Hasta el momento el gobierno de Puebla no ha explicado las razones para el uso de dos cuentas no registradas.
El gobierno poblano recibió por parte de OHL y Pinfra una contraprestación del .5 por ciento sobre los ingresos totales mensuales del Segundo piso, esto sin la autorización de la SHCP. Asimismo se reveló que no se cumplió a cabalidad la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la puesta en marcha del segundo piso, pues no se implementaron en tiempo y forma las medidas de mitigación y compensación del Plan de Manejo Ambiental ni se informó a la Semarnat de la construcción, operación y ampliación de obras no incluidas en el primer proyecto del viaducto elevado
Ante estas anomalías, la ASF solicitó a la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado a que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que durante la ejecución de la obra autorizaron la puesta en operación y explotación del segundo piso sin que los trabajos estuvieran concluidos.
En 2017, durante la revisión de la Cuenta Pública de 2015, la ASF detectó las primeras irregularidades del segundo piso, al revelar que es 340por ciento más caro de lo que debería ser, pues mientras el peaje de esta vialidad es de 94 centavos el kilómetro, en ese tramo construido por el gobierno de Puebla es de 4.14 pesos el kilómetro. El monto fiscalizado es de 500 millones de pesos, pues de los 5 mil millones de pesos que la SCT debía entregar, solo dio 500 millones.
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