En julio de 2020 las personas que habitan los municipios yucatecos promovieron un juicio de amparo en contra de la Semarnat y el Fonatur por la «falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto».
«La Semarnat reconoció la ausencia de información durante la consulta pública y que fue responsabilidad de Fonatur, quien no puso a disposición de la autoridad ambiental toda la información del proyecto», detalló el colectivo Kanan de Derechos Humanos.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Un Juez Federal concedió a la población de tres municipios de Yucatán —Chocholá, Mérida e Izamal— la suspensión temporal de las obras de construcción del Tren Maya a raíz de la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) que, acusan, se realizó sin información plena del proyecto.
El Juzgado Tercero de Distrito les concedió la suspensión provisional de la ejecución del proyecto a los habitantes de la región con lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no podrá realizar obras nuevas en tanto se resuelve la suspensión definitiva, aseguró el colectivo Kanan de Derechos Humanos.
Los habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal promovieron en julio de 2020 un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fonatur por la «falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, realizada entre 2 y 30 de julio del mismo año».
La Semarnat aprobó la MIA con lo que que se posibilita la ejecución de obras de construcción en cualquier momento. «En el resolutivo que aprueba la MIA del proyecto, la Semarnat reconoció la ausencia de información durante la consulta pública y que fue responsabilidad de Fonatur, quien no puso a disposición de la autoridad ambiental toda la información del proyecto», detalló la asociación en un comunicado.
Las agrupaciones de la zona señalaron que se decidió ampliar el amparo inicial en contra de la aprobación de la MIA porque se dio sin garantizar toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental en la materia.
Para los habitantes de la región la Semarnat y el Fonatur son corresponsables de incumplir con sus obligaciones de «protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta al público».
En la zona las dependencias deberán abstenerse de realizar obras hasta que se desahogue el proceso, sin embargo, las agrupaciones locales esperan que se mantenga la suspensión provisional y que les sea conceda la definitiva.
