El director de la consultoría en análisis de riesgos, comunicación y política Etelekt, Rubén Salazar, cuenta hoy a EFE que existe una estrecha relación desde hace años entre el robo de combustible y el aumento de los asesinatos. «Hacerse con el control de esta actividad ilegal en estados como Guanajuato incrementó las tasas de homicidios dolosos», asegura.
Esta afirmación coincide con el informe «Víctimas de delitos del fuero común 2018», divulgado hoy por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y que señala al estado de Guanajuato, en el cual se ubica la refinería de Salamanca, como el estado con más homicidios, tres mil 290.
Por Zoilo Carrillo
México, 21 de enero (EFE).– El nuevo Gobierno de México enfrenta el complejo reto de disminuir la tasa de asesinatos más alta de su historia luego de que hoy anunciará unas cifras estremecedoras de homicidios acontecidos en 2018 que reflejan un aumento del 15 por ciento con respecto al año anterior.
Con 33 mil 341 víctimas de homicidio doloso, la estrategia de combatir la violencia, adoptada desde hace dos sexenios parece fallida, algo que obliga al Presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar medidas en las que la polémica Guardia Nacional y el combate al robo de combustible toman protagonismo.
El director de la consultoría en análisis de riesgos, comunicación y política Etelekt, Rubén Salazar, cuenta hoy a EFE que existe una estrecha relación desde hace años entre el robo de combustible y el aumento de los asesinatos.
«Hacerse con el control de esta actividad ilegal en estados como Guanajuato incrementó las tasas de homicidios dolosos», asegura.
Esta afirmación coincide con el informe «Víctimas de delitos del fuero común 2018», divulgado hoy por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y que señala al estado de Guanajuato, en el cual se ubica la refinería de Salamanca, como el estado con más homicidios, tres mil 290.
Desde el pasado diciembre, la nueva administración federal decidió frenar en seco el saqueo de combustible que desde hace años sufre la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según fuentes oficiales, en apenas mes y medio las autoridades han bloqueado las cuentas de 42 empresas, detenido a más de 400 personas e iniciado mil 831 carpetas de investigación.
Esto ha traído consecuencias adversas, la más reciente, una trágica explosión el pasado viernes con motivo de una fuga de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo, que hasta el momento ha cobrado 89 vidas.
A pesar de este duro daño colateral, el analista dijo que si este pulso al robo de combustible tiene éxito, «puede haber una inercia a la baja en los homicidios a final de este año».
No parece fácil, pues según el experto prevén «una reacción de los cárteles» a las medidas de López Obrador.
Por otro lado, la creación de la Guardia Nacional, una corporación que estará integrada por miembros de las policías militar, naval y federal, bajo mando civil es otra de las medidas con las que se pretende acabar con la inseguridad del país.
No obstante, ha sido duramente criticada desde los inicios por organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso por personas cercanas a Obrador, como la Diputada y ex coordinadora de campaña del izquierdista, Tatiana Clouthier.
Las críticas surgen principalmente del miedo a una militarización del país que choca con la indiscutible necesidad de detener las olas de violencia.
El analista de seguridad del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) Alejandro Hope cuenta a EFE que no espera ver «a corto plazo» un efecto de la Guardia Nacional en la disminución de los asesinatos y cree que se utilizarán los mismos efectivos que ya están desplegados por territorio mexicano.
El Presidente tiene intenciones de reclutar en 2019 cerca de 20 mil nuevos efectivos, pero el politólogo considera que su incorporación se daría «entre 6 y 8 meses, en el mejor de los casos».
Sobre 2019, vaticina que México «llegará a una tasa de crecimiento cero a mediados de año» pero que cerrará con los homicidios «un poquito más arriba que en 2018».
Salazar, por su parte, se muestra menos crítico con el nuevo cuerpo militar, precisando que desde hace años ya se sometió a una militarización de la policía federal, teniendo a su disposición «vehículos y armas para hacer la guerra».
Las dudas y preocupaciones de la ciudadanía y organizaciones, el experto la considera naturales en un país que históricamente desconfía de la autoridad, pero indica que «un mando militar no es descabellado, pues según las observaciones de los últimos años, en México los policías han obedecido a mandos civiles, en concreto políticos estatales que se relacionaban con el crimen organizado.
Por ello, interpreta que la voluntad del Gobierno de que la disciplina militar controle la Guardia surge de la necesidad de frenar la insubordinación, haciendo a los efectivos menos sensibles a la corrupción, mal endémico del país.
Aún así resulta imposible quitar la vista de la polémica, pues son muchas las voces que advierten que «los homicidios crecen a medida que hay presencia de las fuerzas militares».
Pero «eso no se puede probar de forma precisa», aclara Salazar.
Con este escenario y con un primer mes de mandato considerado el diciembre más violento que ha vivido México, López Obrador afronta el reto.
